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La jueza federal Loretta Preska formalizó el cierre del expediente por la estatización de YPF en su tribunal de primera instancia de Nueva York. La resolución, emitida este lunes, acata el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que el 27 de marzo dejó sin efecto la condena millonaria contra la Argentina.
El documento, conocido como final judgment o sentencia final, incorpora al expediente original las consecuencias de la decisión del tribunal superior. De esta manera, Preska dejó sin efecto su propia sentencia de 2023, que había ordenado al Estado argentino pagar más de US$ 16.100 millones a los demandantes.
La medida representa un avance para la defensa argentina en uno de los litigios más importantes que enfrentó el país en los tribunales estadounidenses. Sin embargo, el cierre de la instancia inferior no implica que la disputa haya terminado definitivamente: el fondo Burford Capital presentó un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir el resultado favorable al país.
Los demandantes habían intentado postergar el cierre formal del expediente hasta que se resolviera si el máximo tribunal aceptaba intervenir. Preska avanzó con la formalización de la sentencia pese a ese planteo, en cumplimiento de lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones.
Qué implica la decisión de la jueza Loretta Preska
El cierre del expediente en primera instancia tiene un alcance procesal concreto. La magistrada no volvió a analizar los argumentos de fondo del litigio, sino que incorporó al registro de su tribunal el resultado del fallo de segunda instancia, que había revocado la condena contra la Argentina.
El abogado y exprocurador del Tesoro de la Nación Sebastián Soler explicó el alcance de la resolución a través de una publicación en la red social X. Al referirse a la decisión de Preska, señaló que la jueza acató el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones de Nueva York y dejó sin efecto la sentencia dictada a favor de los demandantes.
Por su parte, el analista Sebastián Maril, especializado en el seguimiento de la causa, advirtió que la resolución no representa necesariamente el final de toda la disputa judicial. La propia jueza contempló la posibilidad de volver a intervenir si la Corte Suprema revierte la decisión de la Cámara.
Ese punto es central para comprender el estado actual del juicio: la condena original ya fue anulada por el tribunal de apelaciones, pero los demandantes todavía pueden intentar que el máximo tribunal estadounidense revise ese pronunciamiento.
Desde la Procuración General de la Nación indicaron que el documento formaliza el fin de la instancia inferior. Según explicaron, el fallo ya había sido revertido en marzo y la resolución de Preska completa el trámite pendiente en su juzgado.
Por qué la Cámara de Apelaciones anuló la condena contra Argentina
El 27 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos resolvió a favor de la Argentina y revocó la sentencia que obligaba al país a pagar una indemnización superior a US$ 16.100 millones.
La decisión fue adoptada por los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes. El tribunal consideró que Preska había interpretado de manera incorrecta el derecho argentino al dictar la condena en 2023.
Uno de los puntos centrales del fallo fue la interpretación de la ley de expropiación y de los estatutos de YPF. Los jueces entendieron que las disposiciones societarias invocadas por los demandantes no constituían un contrato bilateral entre accionistas que habilitara el reclamo indemnizatorio en los términos planteados.
La Cámara también consideró el alcance de la legislación argentina sobre la expropiación de la petrolera y los derechos de los accionistas minoritarios. Esa interpretación resultó determinante para dejar sin efecto la condena que había sido dictada en primera instancia.
En junio, el plenario del Segundo Circuito rechazó un pedido de Burford Capital para que se revisara la decisión. Tras ese resultado, los demandantes acudieron a la Corte Suprema estadounidense como última vía para intentar restablecer la sentencia original.
La condena de 2023 había superado los US$ 16.100 millones y, con la incorporación de intereses, la exposición económica llegó a estimarse en más de US$ 18.000 millones. Por su magnitud, el caso se convirtió en uno de los litigios de mayor impacto económico para la Argentina en tribunales internacionales.
Burford Capital busca revertir el fallo en la Corte Suprema de Estados Unidos
A principios de octubre, los demandantes presentaron un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Mediante esa presentación, solicitaron que el máximo tribunal revise el fallo de la Cámara de Apelaciones que anuló la indemnización.
Burford Capital sostiene que el Segundo Circuito se apartó de precedentes judiciales estadounidenses al dar relevancia a la interpretación del derecho argentino y a decisiones adoptadas por tribunales locales. En su planteo, calificó la resolución como gravemente errónea y cuestionó sus posibles consecuencias jurídicas.
No obstante, la presentación del recurso no obliga a la Corte Suprema a intervenir. Los jueces deben decidir primero si aceptan el pedido de revisión y, en caso afirmativo, si corresponde avanzar con el tratamiento del litigio.
El máximo tribunal estadounidense recibe miles de solicitudes de revisión por período de sesiones y selecciona solo una parte reducida de ellas. Por ese motivo, todavía no existe certeza sobre si aceptará el caso ni cuándo podría adoptar una decisión.
Tampoco hay un plazo fijo para resolver este tipo de solicitudes. La complejidad de la disputa y la necesidad de evaluar los argumentos de ambas partes dificultan establecer una fecha para conocer la respuesta de la Corte.
Mientras tanto, el cierre dispuesto por Preska mantiene vigente el resultado favorable a la Argentina en las instancias judiciales inferiores. La posibilidad de reabrir el debate sobre la indemnización dependerá de que el máximo tribunal acepte el recurso y eventualmente modifique la decisión de la Cámara de Apelaciones.
Cómo comenzó el juicio por la estatización de YPF
El litigio se originó tras la estatización del 51% de las acciones de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La controversia judicial se centró en los derechos de los accionistas minoritarios y en las obligaciones que, según los demandantes, el Estado argentino debía cumplir durante el proceso.
La demanda fue presentada en 2015 por sociedades vinculadas a la familia Eskenazi y por Eton Park. Los demandantes sostuvieron que la Argentina había incumplido las disposiciones del estatuto de YPF al no realizar una oferta pública de adquisición por las acciones restantes de la compañía tras la toma de control estatal.
El fondo de inversión Burford Capital adquirió los derechos para impulsar el reclamo de las sociedades Petersen, vinculadas a la familia Eskenazi, y pasó a desempeñar un papel central en el proceso judicial.
Preska comenzó a intervenir en el expediente en 2017, después de la muerte del juez Thomas Griesa, quien había tenido a su cargo la causa en sus primeros años.
En septiembre de 2023, la magistrada dictó una sentencia que condenó a la Argentina a pagar más de US$ 16.100 millones. El fallo abrió una extensa etapa de apelaciones y planteó un riesgo económico de gran magnitud para el Estado nacional.
La Cámara de Apelaciones revirtió esa decisión en marzo de 2026. Ahora, con el cierre formal del expediente en primera instancia, el conflicto quedó a la espera de una eventual intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos.
El otro frente judicial por la expropiación de YPF
Además de la disputa en los tribunales de Nueva York, Burford Capital impulsó acciones vinculadas al caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial.
Ese procedimiento constituye un frente distinto del litigio estadounidense y está relacionado con los reclamos de las sociedades Petersen por la expropiación de la petrolera.
Por ahora, el Estado argentino mantiene el resultado obtenido ante la Cámara de Apelaciones. El próximo paso dependerá de la decisión del máximo tribunal y de si considera que existen fundamentos suficientes para volver a examinar una condena que ya fue anulada.
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