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De cara a los comicios presidenciales de 2027, la Cámara Nacional Electoral (CNE) instó al Congreso de la Nación a respetar los estándares internacionales sobre integridad electoral ante los distintos proyectos de ley que buscan modificar el régimen vigente. Entre ellos, se encuentra una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos.
El planteo de la CNE fue realizado este martes mediante una Acordada Extraordinaria, en la que el tribunal advirtió sobre la necesidad de evitar modificaciones al marco legal en las proximidades de los comicios. Según sostuvo, las reglas estructurales del sistema deben modificarse con suficiente anticipación para garantizar previsibilidad y facilitar su aplicación.
La Cámara recordó que, en el marco de sus atribuciones legales, mantiene históricamente un rol activo en la protección de las condiciones institucionales necesarias para garantizar la integridad de los procesos electorales. En ese sentido, señaló que alterar la legislación durante un proceso electoral puede generar “más perjuicios que beneficios”.
El tribunal remarcó que los estándares internacionales desaconsejan modificar las reglas centrales del sistema electoral cerca de las elecciones, a fin de garantizar certeza tanto a los actores políticos como a las autoridades encargadas de aplicar las nuevas disposiciones. De acuerdo a estas directrices, el plazo recomendado para introducir cambios se ubica entre seis y tres meses antes de los comicios, de modo de contar con el tiempo necesario para su adecuada implementación.
La Cámara también recordó que estas recomendaciones fueron compartidas por especialistas nacionales e internacionales, magistrados y referentes políticos durante un seminario realizado en marzo de este año, en el que se analizó la implementación de la boleta única, utilizada por primera vez en las elecciones de 2025.
Ante este escenario, el tribunal resolvió dirigirse a las autoridades competentes “a fin de resguardar la previsibilidad y la integridad del proceso electoral venidero” y garantizar “el plazo razonable requerido, antes del inicio del año electoral, para la adecuada y efectiva aplicación de las reformas”.
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