En medio de uno de los debates más sensibles de la agenda política argentina, la Iglesia Católica fijó una postura clara sobre la baja de la edad de imputabilidad penal. A través de una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, fechada el 8 de febrero de 2026, Cáritas Argentina y las comisiones episcopales de Pastoral Social y Pastoral Carcelaria rechazaron el proyecto de Nuevo Régimen Penal Juvenil y advirtieron que “reducir la edad de imputabilidad no ha demostrado ser una política exitosa en términos de seguridad”.

La misiva, titulada “Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza”, busca aportar —según expresaron— a “un debate serio y responsable” y se apoya en la experiencia territorial que la Iglesia desarrolla en barrios populares, parroquias, escuelas, centros barriales y Hogares de Cristo, donde trabaja diariamente con niños, adolescentes y jóvenes en contextos de alta vulnerabilidad.

“Escuchados, pero no reflejados”

En el documento, que se extiende a lo largo de seis páginas, los referentes eclesiales reconocen haber sido convocados al debate parlamentario. Sin embargo, cuestionaron que sus aportes, al igual que los de otras organizaciones especializadas, no fueron incorporados al texto del proyecto.

“A decir verdad, hemos sido ‘escuchados’; sin embargo, no vemos reflejados nuestros aportes en el proyecto”, señalaron.

Al mismo tiempo, remarcaron que acompañan a víctimas de delitos y conocen de cerca el impacto de la inseguridad, especialmente en los sectores más pobres. No obstante, advirtieron que el uso del dolor social con fines mediáticos o electorales dificulta una discusión profunda sobre las causas estructurales del delito juvenil.

“El delito existe, y no es una opción no hacer nada. Pero creemos que es un error abordarlo desde propuestas simplificadoras”, sostuvieron.

Uno de los puntos centrales del planteo eclesial es la falta de condiciones institucionales y presupuestarias para implementar un nuevo régimen penal juvenil. La Iglesia se preguntó si el Estado cuenta con recursos suficientes para garantizar tratamiento psicológico, continuidad educativa, capacitación laboral, atención en salud mental y dispositivos adecuados para la reinserción social.

“¿Estamos preparados para ello o se debe prever un tiempo prudencial para la entrada en vigencia de cualquier ley que modifique el régimen vigente?”, interpelaron los obispos, en un contexto de recorte y desfinanciamiento de políticas sociales que impactan en la niñez y adolescencia.

Argumentos científicos y cuestionamientos constitucionales

La carta también fundamenta su postura desde una perspectiva científica y jurídica. Recuerda que el cerebro adolescente se encuentra en pleno desarrollo, especialmente en áreas vinculadas al control de impulsos y la toma de decisiones, lo que pone en duda la aplicación de penas equivalentes a las de adultos.

En ese marco, rechaza el eslogan “delito de adulto, pena de adulto” y sostiene que la intervención penal debe ser la última instancia, priorizando el rol de los Juzgados de Familia y el sistema de protección integral para menores de 16 años.

Además, advierte que el proyecto presenta “serios cuestionamientos de constitucionalidad” al contradecir la Constitución Nacional, los tratados internacionales de Derechos Humanos y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. También alerta sobre la posibilidad de habilitar medidas regresivas, como la privación de libertad de niños no punibles.

Datos regionales: ¿más castigo, más violencia?

Con respaldo en estadísticas regionales, la Iglesia sostuvo que los países con edades de imputabilidad más bajas registran mayores tasas de homicidios, mientras que Argentina —donde la edad mínima es de 16 años— se encuentra entre los países menos violentos de la región.

Además, señalaron que la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en delitos representa apenas el 0,42% del total, y que en su mayoría se trata de delitos contra la propiedad y no de hechos graves.

“El ingreso temprano al sistema penal no sólo no resuelve el problema, sino que profundiza el daño”, afirmaron.

Como alternativa, propusieron fortalecer herramientas como la Justicia Restaurativa para mayores de 16 años, señalando que este enfoque reduce la reincidencia a niveles cercanos a cero, según experiencias internacionales.

Aunque formalmente dirigida a los legisladores nacionales, la carta fue difundida como un mensaje abierto a toda la sociedad. “Lo que está en juego no es solo una ley, sino la concepción misma de persona”, expresaron.

En el cierre, citaron al papa Francisco: “Los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños que aún no han completado su desarrollo hacia la madurez”, y reafirmaron que los adolescentes no son una amenaza, sino “presente y esperanza”.

La conclusión es contundente: frente al narcotráfico, la pobreza y la falta de oportunidades, más castigo no es la solución. La salida, insistieron, sigue siendo la misma: educación, políticas públicas sostenidas y oportunidades reales para una vida digna.

UNICEF también cuestionó la baja de la edad de imputabilidad

El debate sumó además la intervención de UNICEF, que difundió un comunicado en línea con los argumentos planteados por la Iglesia argentina. El organismo sostuvo que el país necesita avanzar en una Ley de Justicia Penal Juvenil alineada con estándares internacionales de Derechos Humanos y con la evidencia científica disponible.

UNICEF subrayó que cualquier reforma debe garantizar un sistema especializado, con acceso efectivo a la justicia, debido proceso y medidas proporcionales orientadas a la prevención del delito y la reincidencia.

Si bien reconoció que la seguridad ciudadana es un derecho fundamental, enfatizó que debe garantizarse respetando la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordó además que el Comité de los Derechos del Niño recomienda que la edad mínima de responsabilidad penal no sea inferior a los 14 años y exhorta especialmente a los países que ya la fijaron en 15 o 16 años —como Argentina— a no reducirla bajo ninguna circunstancia.

El organismo alertó también que la privación de libertad como respuesta habitual genera entornos violentos que favorecen la reincidencia y dificultan la reinserción educativa y laboral. Estudios regionales e internacionales muestran que las medidas alternativas obtienen mejores resultados que el encarcelamiento temprano.

El debate por la baja de la edad de imputabilidad continúa en el Congreso y divide opiniones en el arco político y social. Mientras algunos sectores consideran que la reforma es necesaria para fortalecer la seguridad, la Iglesia, UNICEF y diversas entidades académicas y profesionales insisten en que la solución no pasa por endurecer penas, sino por fortalecer políticas de inclusión.

La discusión, lejos de agotarse en una cuestión técnica, interpela a la sociedad en su conjunto sobre qué modelo de justicia juvenil y qué proyecto de país se quiere construir.