La suba de tarifas condiciona el costo de vida y pone un freno a la baja de la inflación

El objetivo del Gobierno nacional de equilibrar las cuentas públicas chocan de frente con la intención de desacelerar la inflación. La reducción sistemática de los subsidio a los servicios públicos traslada un mayor costo directamente al bolsillo de las familias argentinas, empujando la suba de tarifas y generando una presión constante sobre el índice general de precios.

En este escenario, pronostican que si durante 2026 se sostiene el ajuste de tarifas, resultará sumamente difícil perforar el piso del 1,5% mensual en los precios al consumidor. La continuidad en la actualización de los servicios presiona de forma directa sobre la canasta familiar y condiciona el margen de desaceleración de la inflación para lo que resta del año.

Esta dinámica se explica en la evolución del resto de las variables macroeconómicas. Durante septiembre, la inflación registró un 1,9%, impulsada por los servicios que continúan traccionando por encima de la media. Los precios estacionales avanzaron un 2,9%, los regulados se ubicaron en 2,3% y la inflación núcleo cerró en 1,7%. Si se hubiesen actualizado los ponderadores del IPC actual, el registro general habría trepado al 2,1%. En paralelo, el poder adquisitivo del sector privado registrado se mantiene un 3,2% por debajo de los niveles de 2023, quedando nuevamente relegado frente a los precios en el noveno mes del año (+1,8% de incremento salarial frente al 1,9% de inflación).

Las proyecciones y el diagnóstico corresponden al último informe técnico del Instituto Argentina Grande (IAG). El relevamiento, basado en datos oficiales del INDEC y del SIPA, analiza la trayectoria de los precios seleccionados desde noviembre de 2023 a la fecha, evidenciando un salto vertical de los precios Regulados y los Servicios en contraste con el comportamiento de los Bienes, que se estabilizaron tras la devaluación inicial. Asimismo, la curva salarial muestra un colapso pronunciado entre fines de 2023 y comienzos de 2024, pasando de niveles superiores a los 110 puntos a un piso por debajo de los 90, para luego quedar estancada en la zona de los 95-97 puntos.

Esta brecha confirma que las remuneraciones continúan corriendo por detrás del costo de vida. Además, la entidad advirtió que los precios regulados se posicionan aún un 10,6% por debajo de su pico de junio de 2019, por lo que una quita mayor de subsidios impedirá consolidar un registro cercano o inferior al 1% mensual.

Zona Fría

El impacto de este esquema sobre la economía de los hogares encuentra un ejemplo concreto en la reciente promulgación de la Ley 27.828, oficializada mediante el Decreto 1161/2026 con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La norma reforma de manera estructural el esquema de subsidios al gas residencial, un recurso esencial para la vida diaria y el desarrollo productivo en todo el país.

En el caso particular de la Patagonia, también Santa Cruz, al igual que en el departamento de Malargüe (Mendoza) y la Puna, se conservará la bonificación territorial histórica. Sin embargo, la ley introdujo una modificación sustancial en la metodología de cálculo: el porcentaje del beneficio ya no se aplicará sobre el total liquidado en la factura, sino únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dejando fuera los costos de distribución, transporte e impuestos. Esta reestructuración implicará una quita efectiva de cobertura que encarecerá el costo final del servicio para los usuarios patagónicos.

Asimismo, para las subzonas ampliadas en 2021 (que abarcan a más de 1,6 millones de usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza), el beneficio dejó de ser automático. Allí, el descuento adicional quedará acotado de manera estricta a quienes se inscriban en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) —creado por el Decreto 943/2025— y cumplan requisitos específicos: percepciones menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un “Hogar 2” del INDEC, contar con integrantes con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, ser veteranos de guerra del Atlántico Sur con pensión vitalicia o poseer el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El texto de la Ley 27.828, que fuera sancionado en el Senado con 38 votos a favor y 8 en contra —con la negativa expresa de los senadores santacruceños Natalia Gadano y José Carambia por el impacto del recorte en las tarifas de su provincia—, fija la vigencia del Fondo Fiduciario hasta el 31 de diciembre de 2031. Dicho fondo mantendrá el subsidio para la venta de garrafas, cilindros y gas propano a granel en la región, financiándose con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el PIST.

El marco normativo incluye además la reestructuración de deudas eléctricas con CAMMESA, la prohibición de añadir tasas locales o ajenas en las facturas energéticas salvo el alumbrado público, la prórroga de beneficios para energías renovables hasta 2045 y la derogación de los regímenes de promoción de inversiones en hidrocarburos fijados por los Decretos 277/2022 y 929/2013, resguardando únicamente los derechos adquiridos de los proyectos vigentes.

Presupuesto 2027

La perspectiva para los años venideros profundiza este sendero de readecuación tarifaria y quita de aportes estatales en los servicios de energía eléctrica y gas natural. De acuerdo con el proyecto de Presupuesto 2027, el Gobierno contempla una intensificación en la pauta de recorte de subsidios con el objetivo de que los usuarios residenciales y comerciales pasen a cubrir en promedio más del 88% del costo real de la energía, buscando estabilizar dicha cobertura en torno al 91% en los períodos subsiguientes. Para los sectores comerciales y los usuarios no subsidiados, el nivel de pago sobre el valor mayorista se ubicará cerca de la totalidad del servicio.

Esta meta oficial se traducirá en una nueva retracción del gasto público destinado a las tarifas energéticas. Las transferencias para subsidios a la energía y el transporte sufrirán una caída del 0,64% al 0,53% del PBI, lo que representa un recorte superior al 16% real en la función energía. Medido en montos absolutos, el presupuesto asignado se calcula en $8,3 billones, una reducción real cercana al 22% que equivale a un ajuste de transferencias en dólares desde los USD 5.200 millones previos a un techo proyectado de USD 4.400 millones.

El núcleo del ajuste sobre el mercado eléctrico estará concentrado en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que registrará un recorte del 50% en términos reales en los fondos girados por el Tesoro Nacional. Para contener el impacto en los sectores vulnerables, el esquema mantendrá la canalización de beneficios mediante el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), previendo alcanzar a 8,8 millones de usuarios de electricidad, 5,2 millones de usuarios de gas de red y 3 millones de hogares dependientes de garrafas. Sin embargo, las proyecciones del sector advierten que la brecha de cobertura derivada de este marco presupuestario implicará incrementos tarifarios promedio en torno al 26% para hogares subsidiados y del 19% para el comercio, sumando mayor presión al presupuesto de las familias.