Luego de la media sanción de Diputados a la nueva fórmula jubilatoria, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó la decisión del presidente Javier Milei en hacer uso del veto en caso de que el proyecto se convierta en ley. Además, alertó que si el Congreso llegara a voltear el veto, deberán hacer recortes de partidas presupuestarias para cubrir ese gasto.
En declaraciones radiales, Francos planteó: “El proyecto tendrá que seguir su curso, ver si se aprueba en el Senado, si viene con esa propuesta el Poder Ejecutivo la va a vetar, no hay ninguna posibilidad que el Gobierno pueda cubrir el gasto que significa ese aumento, no tiene los recursos”.
El jefe de Gabinete aclaró, en ese eventual escenario, que si el Congreso insiste con el proyecto y logra dos tercios de los votos en ambas Cámaras, lo que se traduciría en un rechazo al veto, el Ejecutivo cumplirá con la norma pero deberá reasignar partidas.
Francos anticipó: “Si el Congreso insiste con los dos tercios de los votos el Gobierno deberá cumplir la ley. En ese caso la decisión del presidente Javier Milei es mantener el equilibrio fiscal y cortar otras partidas presupuestarias para eso”.
Qué dice el proyecto de nueva fórmula jubilatoria
La iniciativa tanto de UP como de los bloques dialoguistas (UCR, Hacemos, Coalición Cívica e Innovación Federal) es introducir un 8,1% adicional a ese 12,6% para llegar a un total de 20,6% de recomposición, equivalente a la inflación del mes de enero que se perdió en el empalme entre la fórmula de movilidad anterior y la establecida por el Gobierno a través del DNU.
Además de actualizar los haberes por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la propuesta establece un aumentos adicional una vez al año (en marzo) por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo (si existiera una recuperación del salario por encima de la inflación).
En tanto, se fijó en la redacción que el haber mínimo será de 1.09 respecto del valor de la canasta básica total de un adulto, por lo que un jubilado que cobra la mínima pasaría a cobrar 285 mil pesos.
Por último, acordaron que la ANSES tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales, y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados, pero no a partir de lo producido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como había insistido Hacemos, sino con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional (impuesto al cheque, impuesto PAIS e IVA). Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta iniciativa de síntesis tiene un costo fiscal del 0,43 % del PBI.
La Libertad Avanza y el PRO la rechazaron en la votación. El bloque oficialista había firmado en comisiones un dictamen que reproduce exactamente los términos del DNU 274, que solamente reconoce una recomposición parcial del 12,5% de los haberes y sobre esa base actualiza por la inflación.
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