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El Gobierno Nacional deberá aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), aprobada en el Congreso el año pasado, tal como lo dispuso la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Finalmente, la Justicia rechazó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo Nacional y remarcó que tanto Diputados como el Senado respaldaron el proyecto por mayoría. A su vez, descartó los planteos utilizados por el Ejecutivo para no implementar la norma ya sancionada y los calificó de “poco serios”.
En ese tenor, también ordenó la recomposición salarial docente y no docente desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025; además, estableció que el Ejecutivo deberá activar a la brevedad la actualización de las becas y sostuvo que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro. Esa resolución se dictó en diciembre de 2025, luego de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La decisión judicial llegó después del reclamo conjunto del CIN y distintas universidades públicas frente al desfinanciamiento del sector, y tras tres semanas de paro nacional universitario, que impactó en la mayoría de las casas de altos estudios del país, en el marco del reclamo por mejoras salariales.
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