Paso a paso: así se formó el conglomerado petrolero británico en las Islas Malvinas

Daniel Guzmán, excombatiente de la Guerra de Malvinas y director de Agenda Malvinas, dialogó con LU12 AM680 y brindó su análisis sobre la decisión del gobierno británico en las Islas Malvinas de autorizar la explotación comercial del yacimiento petrolero Sea Lion, ubicado a 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino. La medida activa licencias por 35 años o más para el Programa de Desarrollo del Área Norte.

En la Argentina, la opinión pública rechazó mayoritariamente esta iniciativa que en el Reino Unido es promocionada mediáticamente como la “nueva Dubái”. Asimismo, se reclama un urgent accionar del estado argentino para frenar esta iniciativa, los recursos petroleros pertenecen a la República Argentina.

Recientemente, en una entrevista cedida a La Opinión Austral, el secretario de Gestión de Tierra del Fuego y exintegrante del Parlamento Patagónico, Emanuel Trentino, señaló: “Argentina pelea todos los años y asiste a las Naciones Unidas a realizar los reclamos para que la causa nunca decaiga, manteniendo una postura constante. Inclusive, el gobierno de nuestra provincia, a través de la conducción de nuestro gobernador Gustavo Melella, ha iniciado acciones internacionales de amparos legales en contra de la explotación de hidrocarburos y la construcción del puerto multipropósito en las islas”.

Por su parte, el ex ministro de Economía de la Nación, Matías Kulfas, alertó que el “el proyecto petrolero en Malvinas generará exportaciones por 1.000 millones de dólares anuales”.

Se trata del proyecto Sea Lion, emplazado en la Cuenca Malvinas Norte, impulsado mediante licencias otorgadas por la administración británica que ocupa el archipiélago. El conglomerado petrolero a cargo de las operaciones está liderado por la operadora de origen israelí Navitas Petroleum —poseedora del 65% de la participación— en sociedad con la firma británica Rockhopper Exploration, que conserva el 35% restante.

Antecedentes históricos

LOA: ¿Cuál es el historial del proyecto petrolero británico en las Islas Malvinas?

Daniel Guzmán: Esto no es algo reciente. Forma parte de un proceso que inició en 2010 y que en 2011 comenzó formalmente con la venta de licencias de exploración y explotación de áreas petroleras. En 2012 aparece la empresa Rockhopper Expert, adquiere una de estas áreas y en 2013 anuncia el hallazgo de hidrocarburos.

En 2014, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina desplegó una ofensiva diplomática muy importante en organismos internacionales como las Naciones Unidas. En 2015 se presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal de Río Grande. La jueza Lilian Herraez se declaró competente, dictó embargos sobre plataformas y buques, y aplicó multas por 156 millones de dólares, lo que logró frenar el avance del proyecto.

Sin embargo, en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se firmó el acuerdo Foradori-Duncan. Eso aflojó la presión diplomática internacional y permitió que el proceso avanzara nuevamente. Rockhopper, al ser una empresa pequeña sin suficiente capital, comenzó a buscar socios estratégicos. Apareció Premier Oil, que luego vendió sus activos a Harbour Energy, hasta que finalmente la firma israelí Navitas Petroleum adquirió el 65% del paquete accionario.

Con ese esquema consolidado, en 2022 pusieron en marcha la fase definitiva. Prevén perforar en 2027 y comenzar la extracción entre fines de ese año y el primer trimestre de 2028, apuntando a una fase inicial de 520 millones de barriles.

LOA: ¿Ese es el potencial total del yacimiento?

Daniel Guzmán: No. Tienen un volumen extractivo verificado de 910 millones de barriles de petróleo, lo que convierte a Sea Lion en un yacimiento de clase mundial, comparable en términos convencionales con Cerro Dragón en la Patagonia o con los yacimientos offshore de Brasil frente a Río de Janeiro. Incluso, algunas estimaciones señalan que el potencial total podría alcanzar los 1.700 millones de barriles.

Esto es lo que está sucediendo y lo que la dirigencia política argentina y la Cancillería han evitado enfrentar con la firmeza necesaria.

LOA: ¿Qué implica que este conglomerado comience a operar y desarrollarse en la Cuenca Norte de Malvinas?

Daniel Guzmán: Medios británicos como The Guardian ya hablan de la nueva Dubái del Atlántico Sur. Si se computa toda la cuenca, se analiza un potencial global cercano a los 31.000 millones de barriles. De hecho, en las últimas horas se conoció que dos empresas más están negociando su incorporación al proyecto.

Primero, esto significa el saqueo a mano armada de los recursos naturales argentinos ante la mirada de todos, combinado con una inacción política preocupante. Llevamos una década sin aplicar medidas judiciales ni diplomáticas concretas.

Mientras tanto, en las islas avanzan con obras de infraestructura muy concretas: están construyendo un hotel de 160 habitaciones, readecuando el aeropuerto donde operaba la Fuerza Aérea Argentina durante la guerra, edificando un muelle anexo y montando plataformas operativas. Esto generará un impacto económico, financiero y demográfico de gran escala en el archipiélago. Ni siquiera la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación está actuando con la dinámica que exige la gravedad institucional del tema.

LOA: ¿Qué rol juegan organismos como la ONU en este contexto?

Daniel Guzmán: La ONU actúa en función de los reclamos y acciones formales que presente la Argentina. Si la posición del país es tibia, los discursos de compromiso en los foros internacionales no tienen ningún efecto real. La única verdad es la realidad de lo que está sucediendo en el territorio.

Entre 2017 y 2021, el bloque del G77+China —integrado por unos 140 países— le ofreció explícitamente a la Argentina respaldar acciones penales internacionales contra las petroleras que operaran ilegalmente en Malvinas. Sucedió tanto durante la gestión de Macri como en la de Alberto Fernández, y ninguno de los dos gobiernos avanzó con esa iniciativa.

LOA: ¿Se observa además un incremento en la militarización de la zona?

Daniel Guzmán: La zona cuenta con una base militar de la OTAN y el despliegue es constante. Además, hay movimientos geopolíticos y comerciales en la región que deberían encender las alarmas de los patagónicos, santacruceños y fueguinos.

Por ejemplo, recientemente una delegación británica y chilena estuvo en las islas coordinando la logística para conectar por vía marítima los puertos de Punta Arenas y Malvinas a partir del año que viene. Mientras tanto, Argentina no hace nada.

LOA: Tampoco parece haber una reacción ambiental o política firme ante el avance de estas corporaciones…

Daniel Guzmán: Así es. Incluso hay datos llamativos, como el caso de ejecutivos vinculados a firmas internacionales como Equinor que han prestado asesoramiento a la estructura petrolera montada en las islas.

Tierra del Fuego conoce perfectamente la actividad offshore, ya que convive con la explotación gasífera en sus costas desde 1976. El desarrollo de los recursos es soberano cuando se realiza con capitales nacionales o con firmas que respetan la legislación del país, no mediante proyectos ilegales que vulneran abiertamente la soberanía argentina.