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Tras un fallo judicial que condenó a prisión a los dueños de un dogo que mató a una adolescente de 15 años en Córdoba, diputados nacionales de Provincias Unidas, espacio que responde al gobernador Martín Llaryora, presentaron un proyecto de ley para crear un Régimen Integral de Tenencia Responsable con alcance nacional.
La propuesta establece que los propietarios de perros potencialmente peligrosos deberán tramitar una licencia y contar con un seguro de responsabilidad civil.
La iniciativa, encabezada por Alejandra Torres y acompañada por Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Carolina Basualdo, contempla penas de prisión de hasta ocho años para quienes, por negligencia en la guarda del animal, provoquen lesiones graves o la muerte de terceros.
El texto, inspirado en el caso Trinidad, como se conoce al crimen de la adolescente en Córdoba, crea el Registro Nacional de Perros Potencialmente Peligrosos (RENAPPP). También establece la obligación de inscribir a los animales y colocarles un microchip subcutáneo antes de los cuatro meses de edad.
Entre las condiciones previstas para garantizar la seguridad comunitaria figura la obligación de tramitar una Licencia Administrativa Local.
Para acceder a ella, los dueños deberán acreditar aptitud psicológica, carecer de antecedentes penales violentos y contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los daños materiales y corporales que el animal pudiera ocasionar a terceros.
La propuesta también plantea modificaciones al Código Penal de la Nación, con medidas destinadas tanto a prevenir incidentes como a establecer sanciones ante situaciones de riesgo.
En ese sentido, suma los delitos de Homicidio Culposo Agravado y Lesiones Culposas Agravadas, con penas de cumplimiento efectivo para quienes actúen con negligencia en el cuidado del animal, como circular sin bozal o pretal.
Además, incorpora la figura de peligro abstracto para castigar con prisión a quienes dejen sueltos a estos animales en la vía pública, incluso cuando no se produzca un daño concreto. A su vez, establece multas indexadas al precio del combustible para evitar que las sanciones pierdan vigencia con el paso del tiempo.
La autora del proyecto, Alejandra Torres, aclaró que la iniciativa “no va en contra de los animales” sino que apunta a “establecer las medidas de cuidado y de compromiso de sus dueños”.
A propósito, explicó: “Buscamos crear un marco legal de sanciones penales, administrativas y de responsabilidad civil. Nuestro objetivo es la prevención y la protección de los vecinos”.
La legisladora consideró fundamental ampliar los alcances del fallo judicial a nivel nacional, para que “quienes elijan tener estos animales lo hagan con plena conciencia de los cuidados que requiere una convivencia armónica en sociedad”.
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