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Las declaraciones del ministro vocero de Gobierno de Chile, Gonzalo Arenas, reavivaron la discusión política, jurídica y diplomática en torno a la libre navegación en el extremo austral, luego de señalar que el buque carguero privado Danstar deberá solicitar los permisos correspondientes para operar en la nueva ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.

Desde el Palacio de La Moneda, el secretario de Estado buscó trazar una línea divisoria entre las obligaciones del Estado chileno y las responsabilidades de los operadores comerciales privados frente a las exigencias impuestas desde Buenos Aires.

“El Estado de Chile no tiene que pedir permiso, el que tiene que pedir permiso es el buque. Los barcos que van hacia Malvinas son los que tienen que pedir permiso para atracar en Malvinas, no el Estado de Chile y, por lo tanto, se tendrán que cumplir con todas las obligaciones que correspondan por parte de un barco privado“, afirmó Arenas. A su vez, remarcó que ambas cancillerías mantienen conversaciones fluidas con el objetivo de prevenir una escalada de tensiones bilaterales.

La tapa del diario La Opinión Austral del domingo 6 de septiembre: Tierra del Fuego busca frenar el comercio entre Punta Arenas y Las Islas Malvinas.

Esta postura del Ejecutivo busca desactivar un posible conflicto diplomático con la Argentina antes de que el Danstar —una embarcación de bandera chilena operada por la naviera privada Easter Island— concrete su viaje inaugural, programado para diciembre, tras más de quince años sin conexión marítima comercial directa desde la Región de Magallanes.

No obstante, los dichos de la vocería contrastaron con el tono manifestado previamente por el canciller Francisco Pérez Mackenna. Días antes, el jefe de la diplomacia chilena había respondido a su par argentino, Pablo Quirno, al sostener enfáticamente que “los países no piden permiso” para ejercer su derecho a la libre navegación.

El trasfondo normativo

El nudo central de la controversia gira en torno a la aplicación del Decreto 256 de 2010 del Gobierno argentino. Dicha normativa exige una autorización previa a cualquier buque que transite entre puertos continentales argentinos y las islas, o bien que cruce aguas jurisdiccionales argentinas con destino al archipiélago.

Al zarpar desde Punta Arenas y atravesar el límite oriental del Estrecho de Magallanes hacia el Atlántico Sur, la embarcación chilena debe navegar por esos espacios marítimos. De este modo, se expone a sanciones pecuniarias o medidas de fiscalización por parte de las autoridades argentinas en caso de omitir el trámite del permiso.

Reacciones

Las declaraciones de la vocería de Gobierno generaron una respuesta inmediata en los sectores navales y políticos de Chile.

Un grupo integrado por siete excomandantes en jefe de la Armada advirtió a través de una carta pública que convalidar la exigencia de autorización argentina significaría, en la práctica, instaurar una suerte de aduana en la boca oriental del Estrecho de Magallanes.

En la misma sintonía, exautoridades de la cartera de Defensa y referentes políticos recordaron que la libre navegación para buques de todas las banderas se encuentra resguardada por el Tratado de Límites de 1881, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Sostienen que tales instrumentos internacionales poseen rango superior y no pueden verse alterados por un decreto interno emitido por otro Estado.

Mientras el carguero Danstar permanece amarrado en Punta Arenas afinando los preparativos técnicos para trasladar alimentos, materiales de construcción y diversos suministros hacia el archipiélago, la administración chilena procura mantener un complejo equilibrio diplomático: respaldar el impulso comercial privado de la región de Magallanes sin comprometer el histórico respaldo de Chile al reclamo de soberanía argentino ni sentar un precedente que debilite el régimen jurídico de libre tránsito en el extremo sur.

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