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El lanzamiento de “Fixture 2026”, el popular “prode del Mundial” impulsado dentro de la billetera digital de Mercado Pago, abrió una fuerte polémica con los organismos reguladores de juegos de azar en la Argentina.
Mientras la propuesta suma millones de usuarios y se viraliza entre grupos de amigos, familiares y ámbitos laborales, las autoridades advierten que podría tratarse de una actividad encuadrada dentro de las apuestas no autorizadas.
Según estimaciones, más de 2,3 millones de usuarios ya cargaron más de 60 millones de pronósticos en la primera fase del torneo, lo que expone la magnitud del fenómeno.
La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA), organismo que nuclea a los entes reguladores provinciales, envió una intimación formal a Mercado Libre.
En ese documento, la entidad sostiene que los “torneos de amigos” podrían encuadrarse en el artículo 301 bis del Código Penal argentino, que penaliza la organización o captación de juegos de azar sin autorización.
La preocupación central de Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA) es que el sistema, aunque presentado como promocional o recreativo, funcionaría en la práctica como un esquema de apuestas entre particulares.
Qué dice Mercado Pago sobre “Fixture 2026”
Desde la empresa sostienen que la plataforma no administra dinero ni organiza apuestas.
El sistema permite crear grupos de hasta 50 participantes en dos modalidades:
- Amistoso: sin dinero en juego
- Porotos: con aportes voluntarios de hasta $70.000 por usuario
Los premios pueden alcanzar montos millonarios, pero según la compañía, el dinero no es gestionado ni recaudado por la app, sino que queda en manos de los propios participantes, quienes deciden voluntariamente si transferirlo al ganador.
Además, desde Mercado Pago remarcan que se trata de una “competencia gratuita” con premios y trivias, y que la plataforma solo ofrece una herramienta tecnológica para registrar resultados.
El punto de conflicto: ¿juego promocional o apuesta encubierta?
Para los reguladores, el argumento de gratuidad no alcanza. En su presentación, ALEA advierte que el esquema podría desnaturalizarse como una apuesta colectiva.
Incluso señalan que, aunque la empresa no cobre comisiones directas, existiría un beneficio económico indirecto por el aumento del flujo de usuarios y transacciones dentro del ecosistema de Mercado Libre.
También cuestionan la figura del “torneo de amigos”, al considerar que podría encubrir una estructura de pozo común vinculada a resultados deportivos.
Fuentes del sector indicaron que, tras la advertencia, la compañía habría ajustado algunas condiciones del juego, aunque sin emitir una respuesta formal a la intimación.
En paralelo, el crecimiento del producto continúa y supera las expectativas iniciales, según reconocen desde la empresa.
El debate regulatorio se intensifica en un contexto donde los entes provinciales buscan reforzar el control sobre el juego online y prevenir posibles riesgos asociados a apuestas no autorizadas.
El conflicto también se inscribe en el marco de las tensiones históricas entre el sector fintech y los organismos reguladores.
Marcos Galperin, fundador de la compañía, se encuentra indirectamente en el centro del debate por el alcance del ecosistema digital de pagos y su relación con actividades que podrían interpretarse como juegos de azar.
Juego responsable y acuerdos previos
Un elemento adicional agrava la discusión: existe un convenio de cooperación firmado desde 2020 entre ALEA y la empresa orientado al “juego responsable” y al bloqueo de plataformas de apuestas ilegales.
Desde el sector regulatorio también se advierte sobre la posible participación de menores de edad en este tipo de dinámicas, aunque la empresa sostiene que los menores no forman parte de “Fixture 2026”.
El caso del “prode del Mundial” de Mercado Pago abre un nuevo frente de debate sobre los límites entre entretenimiento digital, promoción comercial y apuestas.
Mientras crece la popularidad del sistema, los reguladores insisten en que podría tratarse de una actividad alcanzada por la legislación penal vigente. La discusión ahora se traslada al terreno legal y podría derivar en nuevas acciones administrativas o judiciales en las próximas semanas.
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