Diputados avanzó con el dictamen del “Súper RIGI” para atraer inversiones tecnológicas y de inteligencia artificial

La Cámara de Diputados dio este miércoles un paso clave en el tratamiento del denominado “Súper RIGI”, un proyecto promovido por el oficialismo que busca incentivar grandes inversiones en sectores tecnológicos, de inteligencia artificial y actividades productivas emergentes mediante un esquema de beneficios fiscales y regulatorios de largo plazo.

Según informó el sitio especializado El Parlamentario, la propuesta obtuvo dictamen de mayoría durante un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia, Tecnología e Innovación, reuniendo 61 firmas de respaldo.

Además de los legisladores de La Libertad Avanza, acompañaron la iniciativa los integrantes del interbloque Fuerza del Cambio -integrado por referentes del PRO, la UCR, el MID y Por Santa Cruz-, junto a diputados de Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. En el caso de Santa Cruz, quien acompañó la iniciativa fue el diputado José Luis Garrido.

Qué propone el proyecto

El proyecto propone una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado a través de la Ley Bases, con el objetivo de captar inversiones de gran magnitud en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y tecnológico del país.

Entre los principales incentivos contemplados se encuentran reducciones en el Impuesto a las Ganancias, mecanismos de amortización acelerada, deducción de quebrantos sin límite temporal, beneficios vinculados al IVA, exenciones en derechos de importación y exportación, alícuotas diferenciales en contribuciones patronales y la eliminación de determinados tributos locales.

Durante la negociación parlamentaria se incorporaron modificaciones destinadas a ampliar los consensos. Una de ellas establece como objetivo prioritario del régimen el fomento de nuevas capacidades científicas, técnicas y tecnológicas que contribuyan al desarrollo de industrias emergentes en Argentina.

Asimismo, la definición de qué actividades podrán ser consideradas “nuevas actividades económicas” quedará sujeta a los criterios que determine la reglamentación, facultando al Poder Ejecutivo Nacional a establecer los parámetros de evaluación.

Desembolsos

La iniciativa también fija un plazo de cinco años para solicitar la adhesión al régimen desde la entrada en vigencia de la reglamentación. No obstante, prevé la posibilidad de una única prórroga de hasta un año adicional, mediante decreto fundamentado y acompañado por una evaluación pública sobre el desempeño del programa.

Otro de los aspectos destacados es el tratamiento diferencial para las inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D). Los desembolsos realizados en esta área podrán computarse por el doble de su valor para alcanzar el monto mínimo exigido de inversión, aunque ese beneficio tendrá un límite equivalente al 20% del total requerido.

En materia de desarrollo productivo, el texto incorpora la obligación de presentar un plan de integración de proveedores locales. Las empresas adheridas deberán comprometer la contratación de bienes, servicios y obras de origen local por al menos el 20% del monto destinado a proveedores, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas de precio y calidad.

Por último, el proyecto contempla la creación de un Registro Público de Proyectos del Súper RIGI, que será de acceso libre y estará bajo la órbita de la autoridad de aplicación, con el objetivo de garantizar transparencia y seguimiento de las inversiones alcanzadas por el régimen.

Expectativa “impresionante”

Cabe recordar que esta semana, como informó La Opinión Austral, en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Industria, y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados de la Nación el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, había defendido el impacto del RIGI y expuso de qué manera modificó la posición del país en el mercado de capitales.

Detalló que “este régimen de inversiones hizo que Argentina esté, por lo menos en materia minera, nuevamente en el foco de la decisión de inversiones”. Trazó una línea histórica desde la sanción de la Ley de Inversiones Mineras en 1993 y advirtió que el principal pasivo con el exterior surgió en 2007, cuando decisiones administrativas incrementaron la carga impositiva y vulneraron las estabilidades fiscales de diversos proyectos sin resolver los reclamos posteriores.

Frente a ese antecedente, había identificado el factor determinante que reconfiguró la confianza técnica de las corporaciones: “El primer gran punto que establece el RIGI es la posibilidad que tienen los inversores de litigar en el exterior, cuestión a la que no pudieron acceder todos aquellos que fueron perjudicados por el incumplimiento de la Ley de Inversiones Mineras“.

Añadió –además- que esta ventana jurídica “generó una expectativa impresionante” en foros globales como PDAC, feria realizada en Toronto, reabriendo la oportunidad para desarrollos de cobre descubiertos hace seis décadas que nunca habían logrado avanzar.