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A días de la finalización del 2025, se redefine el equilibrio de poder entre la Casa Rosada y los gobernadores.

La clave: la decisión del Gobierno nacional de retener más de $800.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional. El impacto en las cuentas provinciales, al ejecutarse apenas una porción mínima de estos fondos, es de tal magnitud que los mandatarios han reconocido que quedan expuestos a un esquema de dependencia financiera en un contexto de fuerte restricción fiscal. De esta manera, las provincias advierten que son perjudicadas.

Qué pasa con los ATN

El efecto inmediato es la pérdida de previsibilidad. Para los gobernadores, los ATN, aunque discrecionales, funcionaban históricamente como un colchón para afrontar desequilibrios de caja, emergencias climáticas o tensiones salariales. Ahora, la subejecución obliga inevitablemente a postergar obras, asumir el costo político de recortes locales, reordenar presupuestos sobre la marcha y ajustar gastos corrientes.

El impacto no es homogéneo en las provincias: algunas quedan en una posición particularmente frágil al tener una menor recaudación propia o mayor dependencia de transferencias nacionales.

“Más endeudamiento y atraso en los pagos”

En esos distritos, la falta de ATN se traduce en más endeudamiento y como consecuencia surgen conflictos con empleados estatales y proveedores o el atraso en pagos . Es por eso que muchos jefes provinciales reconocen que al cerrarse “la billetera nacional”, el ajuste se traslada directo a los territorios.

¿Los gobernadores pasan de ser socios necesarios en la gobernabilidad a actores condicionados por decisiones tomadas en Buenos Aires?

Así es como, desde el punto de vista político, consideran que la retención de fondos altera la relación entre Nación y provincias.

“La lógica de premios y castigos se intensifica en un escenario donde el acompañamiento legislativo se vuelve clave, especialmente en el debate presupuestario”, reconocen en sintonía.

La estrategia de Nación generó fricciones dentro del propio Gobierno. Mientras tanto, pese al manejo restrictivo de los recursos, el presidente Javier Milei no logró blindar el Presupuesto como esperaba en el Congreso.

Tensión en el Federalismo

El malestar es doble, con provincias que se sienten castigadas y un Ejecutivo que acusa con vehemencia falta de respaldo político aún después de haber limitado transferencias clave.

En el mediano plazo, este esquema tensiona el federalismo. El 2026 llega y la relación Gobierno – provincias vive esta realidad.

Si bien la concentración de recursos en el Tesoro nacional fortalece el superávit – el leiv motiv indestructible de Javier Milei -, debilita la capacidad de gestión provincial. Esto, sin dudas, provoca la erosión en la coordinación entre niveles de gobierno.

Según los gobernadores, “el desafío ya no es solo administrar menos fondos, sino hacerlo en un marco de incertidumbre permanente y con menor margen de negociación frente al poder central”, advierten con preocupación.

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