Quirno advirtió que podría llevar a juicio a petroleras por Malvinas: “Están cometiendo delitos”

El canciller Pablo Quirno lanzó una advertencia contra las empresas que buscan explotar petróleo en las Islas Malvinas y aseguró que el Gobierno argentino no descarta iniciar acciones penales contra sus responsables. La declaración apunta a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, compañías involucradas en el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, que impulsa la explotación de recursos en el Atlántico Sur.

“Nosotros creemos que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones y vamos a seguir con ellas”, sostuvo el funcionario en una entrevista con Radio Rivadavia.

Consultado sobre la posibilidad de avanzar judicialmente contra personas físicas, incluso si se encuentran en territorio argentino, Quirno fue contundente: “Absolutamente, sí, absolutamente”.

El canciller recordó que las dos compañías ya recibieron sanciones en el marco de la legislación nacional y anticipó que la administración de Javier Milei mantendrá las medidas contra quienes participen de la explotación de hidrocarburos en las islas.

“Argentina va a utilizar todos los instrumentos que tiene al alcance de su legislación y también en los foros internacionales para impedir que la explotación de recursos naturales en las Malvinas suceda”, afirmó.

Las declaraciones se conocieron luego de que el diario británico The Guardian informara que el Gobierno argentino había advertido a directivos de Rockhopper sobre la posibilidad de enfrentar procesos penales, multas y eventuales penas de prisión por su participación en el emprendimiento.

El proyecto Sea Lion y la ofensiva argentina ante el Tribunal del Mar

La respuesta del Gobierno no se limita al ámbito judicial. La Argentina también llevó la controversia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, donde solicitó medidas provisionales para frenar el avance del proyecto mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá examinar la disputa.

El planteo busca suspender las nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura vinculada a la producción de hidrocarburos, además de impedir que se otorguen nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.

De acuerdo con el cronograma del emprendimiento, las tareas preparatorias podrían comenzar en marzo de 2027, mientras que la explotación comercial se desarrollaría en una etapa posterior. El Tribunal tiene previsto comunicar su decisión sobre el pedido argentino el 28 de noviembre, luego de escuchar los argumentos de ambas delegaciones.

Durante las audiencias, la representación argentina sostuvo que el organismo internacional puede intervenir sobre la cuestión de los recursos naturales sin necesidad de pronunciarse sobre la soberanía de las islas. El Reino Unido, en cambio, cuestionó la competencia del Tribunal y solicitó que se rechacen las medidas reclamadas por Buenos Aires.

Quirno también hizo hincapié en esa distinción y explicó cuál es el alcance de la presentación argentina: “El Tribunal Internacional del Mar no tiene jurisdicción para tratar temas de soberanía. Argentina está planteando en el tribunal justamente el tema de sus recursos naturales y ahí es donde se centra esta discusión hoy”.

El funcionario cuestionó, además, la decisión británica de avanzar unilateralmente con el emprendimiento petrolero y sostuvo que el Reino Unido debería respetar una eventual resolución favorable a la Argentina.

“Está claro que esto es una acción unilateral, está claro que el Reino Unido hace caso omiso a estas resoluciones”, expresó.

La conexión marítima con Malvinas y el reclamo por la soberanía

Durante la entrevista, el canciller también se refirió a la posible reactivación de una conexión marítima entre Punta Arenas, en Chile, y las Islas Malvinas. En ese contexto, diferenció la libre circulación de embarcaciones de las autorizaciones que establece la normativa argentina para los buques que transportan cargas hacia y desde el archipiélago.

“Existe un marco de libre circulación. Lo que sí existe es legislación argentina que indica el pedido de autorización a buques que vayan y vuelvan con carga hacia y desde las Islas Malvinas, porque obviamente consideramos que es territorio argentino”, explicó.

Quirno manifestó su expectativa de que las empresas involucradas cumplan con las disposiciones nacionales y de que Chile sostenga su respaldo al reclamo argentino de soberanía.

La posición del Gobierno se enmarca en una estrategia que combina acciones judiciales, diplomáticas y legislativas para cuestionar las actividades británicas en el Atlántico Sur y defender los derechos argentinos sobre los recursos naturales de las islas.