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El exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, quien fue la mano derecha de Julio De Vido durante su gestión al frente del Ministerio de Planificación Federal, fue autorizado por la Justicia a viajar a Brasil para recibir el Año Nuevo en las playas de Búzios, en las afueras de Río de Janeiro. La autorización contempla una estadía entre el 28 de diciembre y el 6 de enero, por motivos de “recreación familiar”, pese a que el exdirigente está condenado por corrupción y enfrenta otras investigaciones judiciales.

La decisión fue adoptada por mayoría por el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), que habilitó la salida del país del exfuncionario. Como condición, Baratta deberá presentarse ante el tribunal dentro del tercer día hábil posterior a su regreso a la Argentina.

El permiso fue concedido en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de la denominada “caja chica” del entonces Ministerio de Planificación Federal, durante los gobiernos kirchneristas.

La resolución contó con los votos favorables de los jueces Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni. Basso consideró que debía tenerse en cuenta la autorización que previamente había otorgado el Tribunal Oral Federal 7 y sostuvo que, en el estado actual del expediente, no resultaba necesaria la presencia de Baratta.

Roberto Baratta, en el juicio por los Cuadernos de las coimas (Foto: Maximiliano Luna)

Por su parte, Machado Pelloni entendió que no existían elementos objetivos para presumir un riesgo de fuga. Además, destacó que el fiscal no había formulado objeciones al pedido de la defensa.

La condena

Baratta fue condenado por el Tribunal Oral Federal 7 a tres años y seis meses de prisión en la causa por la compra de gas natural licuado (GNL). En ese expediente fue considerado coautor del delito de administración fraudulenta agravada por las adquisiciones de combustible con sobreprecios.

La sentencia también dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al igual que la de su exjefe, Julio De Vido.

Según la investigación judicial, la maniobra vinculada con la adquisición de 11 buques de GNL mediante fondos públicos ocasionó un perjuicio al Estado superior a los 5,5 millones de dólares. Sin embargo, Baratta no comenzará a cumplir la pena de prisión hasta que la condena quede firme.

El voto en disidencia y la discusión por el embargo

El único voto en contra de la autorización fue el del juez Javier Ríos, quien recordó que anteriormente había acompañado otros pedidos de viaje del exfuncionario, en diciembre de 2023 y noviembre de 2024.

Sin embargo, señaló que en aquellas oportunidades Baratta había justificado sus desplazamientos al exterior por motivos laborales. Según su interpretación, esa circunstancia permitía evitar una contradicción entre declarar que no contaba con bienes o recursos para afrontar el embargo judicial y, al mismo tiempo, solventar viajes internacionales.

En esta oportunidad, el argumento presentado por la defensa fue diferente: el viaje tendría como finalidad la recreación familiar.

Por ese motivo, Ríos propuso que Baratta acreditara antes de salir del país el origen de los fondos destinados a financiar las vacaciones o que, alternativamente, abonara el monto correspondiente al embargo dictado en su contra. Su postura, sin embargo, quedó en minoría.

Para respaldar el pedido, la defensa presentó las reservas de los pasajes aéreos y del alojamiento en Brasil, además de la documentación que acreditaba el permiso concedido previamente por el TOF 7.

No es la primera vez que el exfuncionario obtiene una autorización de estas características durante este año. En marzo pasado, el mismo tribunal y con idéntica mayoría le había permitido viajar a Río de Janeiro en abril para reunirse con su esposa y sus hijos.

Las otras causas judiciales que involucran a Roberto Baratta

Además de la condena por la compra de GNL, Baratta enfrenta distintas investigaciones y procesos judiciales por hechos ocurridos durante su paso por el Ministerio de Planificación Federal.

Uno de los expedientes más relevantes es el de los Cuadernos de las Coimas, en el que está acusado de haber participado como uno de los recaudadores del presunto esquema de sobornos vinculado con la obra pública. En marzo de este año prestó declaración indagatoria en ese juicio.

También está involucrado en la investigación por el manejo de la caja chica del ministerio, donde se lo acusa de defraudación en perjuicio de la administración pública. En esa causa se le impuso un embargo que, según consta en el expediente, no fue abonado.

A su vez, el juez federal Julián Ercolini lo procesó por presunta admisión de dádivas de directivos de la empresa Techint. La investigación apunta a supuestos beneficios recibidos para que Baratta intercediera ante el gobierno de Venezuela, que por entonces buscaba expropiar la siderúrgica Sidor.

Ercolini también lo procesó por enriquecimiento ilícito, a partir de un incremento patrimonial que, según sostuvo el magistrado, carecería de justificación.

En otra investigación, el juez federal Luis Rodríguez lo había procesado sin prisión preventiva por presuntas irregularidades en la administración de fondos destinados a la remodelación de la mina de Río Turbio.

Cómo comenzó la causa por la caja chica del Ministerio de Planificación

La investigación por el presunto manejo irregular de los fondos rotatorios y de la caja chica del Ministerio de Planificación Federal se inició a partir de una denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA) el 13 de octubre de 2016.

La presentación se basó en un informe de auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que había detectado gastos injustificados, compras fraccionadas para evitar los procedimientos formales de contratación, sobreprecios y presupuestos presuntamente apócrifos destinados a beneficiar a determinados proveedores.

Para la Oficina Anticorrupción, las irregularidades no constituían episodios aislados, sino una modalidad habitual de administración de los recursos públicos.

Entre los gastos cuestionados figuraban compras de café, alquileres de aviones para los viajes del entonces ministro Julio De Vido y la adquisición de 585 ejemplares del libro Técnica de procedimiento penal a la empresa La Página S.A., por un monto de 234.000 pesos.

La denuncia apuntó contra Baratta y Luis Vitullo, quien se desempeñaba como director general de Administración del ministerio. Según la OA, ambos habrían intervenido en un circuito de expedientes irregulares y direccionado contrataciones para favorecer intereses económicos ajenos a la administración pública.

El 27 de noviembre de 2017, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Baratta y Vitullo como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En la misma resolución también fueron procesadas otras nueve personas como partícipes necesarias.

De esta manera, mientras continúa enfrentando distintos procesos judiciales y una condena que todavía no está firme, Roberto Baratta podrá pasar las fiestas de fin de año junto a su familia en Brasil, con la obligación de regresar a la Argentina y presentarse ante la Justicia dentro del plazo establecido.

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