La Libertad Avanza busca sancionar en el Senado la Reforma Laboral y la ley Penal Juvenil

El Senado de la Nación Argentina sesionará este viernes 27 de febrero a partir de las 11 en una sesión pública especial para tratar la sanción definitiva de la Reforma Laboral y la nueva Ley Penal Juvenil. Se trata de dos proyectos clave para el gobierno de Javier Milei, que ya cuentan con media sanción o revisión de la Cámara de Diputados.

Según el temario dispuesto y lo acordado en el plenario de Labor Parlamentaria del 24 de febrero, primero se debatirá la Modernización Laboral y luego el Régimen Penal Juvenil. El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) llega al recinto con los votos asegurados tras haber emitido dictamen en comisión y luego de intensas negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas.

Reforma Laboral: cambios en despidos, vacaciones y derecho de huelga

La iniciativa de Modernización Laboral tuvo un trámite exprés entre su aprobación en Diputados y la emisión del dictamen en el Senado, lo que generó fuertes críticas de la oposición. El proyecto vuelve ahora a la Cámara alta para definir si se aceptan las modificaciones introducidas por Diputados, donde se eliminó el artículo 44 que reducía el pago de licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral pero blindó el resto de los cambios.

La reforma impactará de lleno en las relaciones laborales al introducir cambios estructurales en:

• Sistema de despidos: las indemnizaciones se calcularán sobre el salario básico y promedio de la actividad, sin incluir aguinaldo, vacaciones ni premios. Podrán abonarse en hasta 12 cuotas para grandes empresas y 18 para pymes.
• Vacaciones: podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días y solo una vez cada tres años deberán otorgarse en temporada estival.
• Horas extras y jornada laboral: se habilita un esquema de compensación. La jornada podrá extenderse hasta 12 horas, con 12 horas obligatorias de descanso, y la extensión deberá compensarse con reducción horaria en otra fecha.
• Negociaciones colectivas: los convenios vencidos no mantendrán sus efectos automáticamente y se habilitan componentes salariales dinámicos por acuerdo de actividad, empresa o incluso decisión unilateral del empleador.
• Derecho de huelga: se restringe en servicios esenciales (con cobertura mínima del 75%) y servicios trascendentales (50%). Se tipifican como infracciones muy graves los bloqueos que afecten la libertad de trabajo.
• Fondo de Asistencia Laboral (FAL): es una nueva caja creada cuya función principal es que los empleadores financien de forma anticipada las eventuales indemnizaciones por despido de sus trabajadores, buscando dar previsibilidad a las empresas y garantizar el cobro al empleado. Se nutre de aportes patronales obligatorios mensuales: 1% para grandes empresas y 2,5% para PyMEs. Estos recursos se detraen de lo que antes eran aportes directos al sistema jubilatorio (ANSES). El Estado reduce en un porcentaje similar los aportes al SIPA para compensar este nuevo costo para el empleador. El dinero será gestionado por sociedades de bolsa o entidades financieras habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Los fondos son inembargables y pueden ser invertidos en diversos activos financieros. El capital acumulado solo puede utilizarse para el pago de indemnizaciones por desvinculación laboral.

El oficialismo ya había conseguido 42 votos cuando el proyecto fue aprobado originalmente en el Senado. Esta vez, la votación será para aceptar o rechazar los cambios introducidos en Diputados. De prosperar, la reforma quedará definitivamente sancionada.

Ley Penal Juvenil: baja de imputabilidad y nuevo régimen

El segundo punto del temario será el proyecto de Régimen Penal Juvenil, venido en revisión desde Diputados con amplio respaldo (149 votos a favor y 100 en contra). La iniciativa reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos.

Principales ejes del proyecto

• Objeto y alcance: establece el régimen penal aplicable a adolescentes, con aplicación supletoria del Código Penal cuando no se oponga a la nueva ley.
• Finalidad: fomentar la responsabilidad legal, la educación, resocialización e integración social del menor.
• Garantías procesales: asegura el debido proceso, defensa en juicio, plazo razonable, carácter reservado del proceso y prohibición de alojamiento con adultos.
• Protección de víctimas: refuerza derechos y participación de la víctima, asistencia especializada y patrocinio jurídico gratuito.
• Responsabilidad civil: los progenitores serán civilmente responsables conforme al Código Civil y Comercial.

El proyecto contempla un amplio abanico de sanciones alternativas a la prisión para delitos con penas menores a 3 años, y prioriza medidas socioeducativas para penas de entre 3 y 10 años cuando no haya mediado muerte o lesiones graves.

Entre las medidas complementarias y penas previstas se incluyen amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, prohibición de conducir o concurrir a determinados lugares, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico, reparación integral del daño y privación de libertad en domicilio, instituto abierto o instituto especializado.

Se prohíbe expresamente la prisión perpetua y se fija un máximo de 15 años de pena privativa de libertad. Además, se establece que los adolescentes no podrán ser alojados junto a adultos y que la detención deberá orientarse a la educación y reinserción social.

También se incorpora la figura de un supervisor especializado que deberá realizar entrevistas semanales, elaborar informes mensuales y trabajar junto a equipos interdisciplinarios en el seguimiento del joven.

El régimen deroga la ley 22.278 de Minoridad e invita a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar su legislación. Para su implementación, se prevé una partida inicial superior a los 23 mil millones de pesos.

Clima político y cierre de extraordinarias

El debate en comisiones estuvo atravesado por fuertes cruces entre el oficialismo y el peronismo, que cuestionó tanto el contenido de la reforma laboral como la baja de la edad de imputabilidad. Sin embargo, el Gobierno da por descontada la aprobación de ambas iniciativas.

De concretarse la doble sanción, el oficialismo sumará dos leyes clave a otras aprobadas en las últimas semanas, consolidando una agenda legislativa intensa en el inicio del año parlamentario.