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Al cumplirse nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, la abogada querellante Valeria Carreras volvió sobre las conclusiones del juicio oral y público, las responsabilidades que todavía considera pendientes y el reclamo de las familias de los 44 tripulantes. En diálogo con Radio LU12 AM680 de Río Gallegos, donde destacó el acompañamiento periodístico de La Opinión Austral durante estos años, sostuvo que una de las principales conclusiones del proceso fue que la tragedia no ocurrió por una tormenta extraordinaria ni por una falla imprevisible, sino por las condiciones en las que navegaba la embarcación.
Carreras representa a 34 familias y participó del juicio que se desarrolló durante cuatro meses y medio. Al hacer un balance, reconoció que el resultado judicial estuvo lejos de las expectativas de los familiares, aunque consideró que las declaraciones testimoniales permitieron consolidar elementos importantes para la investigación.
“Una de las cosas que yo rescato como positiva es haber tenido la oportunidad de durante cuatro meses y medio escuchar a los testigos en el juicio oral y público”, expresó. En ese sentido, recordó que más del 90% de los testigos que declararon pertenecían a la Armada y que, a pesar de lo que describió como un “espíritu de cuerpo” y cierto blindaje institucional, la querella logró exponer información relevante.
“Logramos sacarle los datos que ya habían sido sopesados y evaluados en la sentencia de primera instancia y en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, confirmando los procesamientos y confirmando estos elementos probatorios”, señaló.
La abogada puso especial énfasis en lo que, a su entender, quedó demostrado durante el proceso. “Ha quedado probado que no tuvieron la culpa los tripulantes, ha quedado probado que no fue un accidente, ha quedado probado que no fue la tormenta perfecta”, afirmó.
Y agregó: “Ellos terminaron en el fondo del mar porque el submarino no daba más, porque el submarino había avisado en la misión anterior, rompiéndose de la misma manera. El submarino no estaba operativo para hacer esta misión”.
Carreras explicó que existía una diferencia entre la calificación administrativa de la embarcación y las condiciones reales para realizar una navegación prolongada en las aguas y latitudes en las que debía operar. “En los papeles decía que estaba operativo. Flotar, flotaba y navegar, navegaba, pero no estaba habilitado para hacer 25 días de navegación en esas latitudes en solitario”, sostuvo.
Como ejemplo de las consecuencias que tuvo la tragedia en la evaluación del material naval, mencionó al ARA Salta, el otro submarino que acompañaba al ARA San Juan. Según explicó, estaba previsto que participara del tramo final de la misión, pero quedó amarrado definitivamente en Mar del Plata porque se encontraba en condiciones similares.
“Le ponían operativo algo que no estaba operativo, porque también estaba atado con alambre”, cuestionó. Para la querellante, lo ocurrido impulsó una revisión de las condiciones de otros medios de la Armada, entre ellos corbetas, destructores y la flota de superficie.
La cadena de mando y el reclamo ante Casación
Durante la entrevista, Carreras también se refirió a las responsabilidades jerárquicas que fueron analizadas en el juicio y a los planteos que todavía permanecen pendientes. Explicó que la cadena de mando alcanzó al titular del Comando de las Fuerzas de Submarinos, a quien atribuyó obligaciones que no se habrían cumplido durante la emergencia.
“Tenía obligaciones inherentes a esa función que no cumplió. Por ejemplo, porque comunicado en la madrugada con el submarino no dio las órdenes que debió haber dado para preservar a la tripulación”, manifestó.
También mencionó la situación del titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Luis Enrique López Mazzeo, uno de los militares absueltos. La querella recurrió esa resolución ante la Cámara Federal de Casación para que sea revisada.
La abogada aclaró que existe otra línea de investigación sobre responsabilidades superiores que no formó parte del juicio oral desarrollado en Río Gallegos. En ese marco, mencionó al entonces presidente y jefe del Estado Mayor General de la Armada, Mauricio Macri, aunque advirtió que todavía faltan pruebas para avanzar sobre esa hipótesis.
“Yo no quiero acusar sin una prueba firme”, remarcó.
En cuanto al resultado del proceso, Carreras recordó que el único condenado recibió una pena de tres años de prisión en suspenso. La querella y la fiscalía cuestionaron esa resolución y solicitaron que se aplique la pena de cinco años de cumplimiento efectivo prevista para el delito por el que fue condenado.
“Tenemos en carpeta un proyecto de modificación del Código Penal por lo siguiente: un estrago no puede tener la misma pena si hay cinco muertos que si hay 44 fallecidos. Queremos una suerte de escala, incorporar al Código Penal para que la pena hubiese sido superior en este caso”, explicó.
La abogada precisó que la reforma no tendría aplicación retroactiva sobre el expediente del ARA San Juan, pero sí podría servir para futuros casos. Mientras tanto, tanto la defensa del único condenado como la querella y la fiscalía presentaron recursos de casación: la primera para pedir la absolución y las otras partes para reclamar una condena mayor y que se revisen las absoluciones.
El espionaje a las familias y el reclamo ante organismos internacionales
Otro de los puntos abordados fue la investigación por las tareas de inteligencia realizadas sobre familiares de los submarinistas durante el gobierno de Mauricio Macri. Carreras rechazó que se hable de un episodio meramente presunto y aseguró que las tareas quedaron acreditadas en expedientes judiciales.
“No fue presunto, fue espionaje y quedó así probado”, afirmó. Según explicó, durante un año se realizaron tareas de inteligencia sobre madres, hermanas y esposas de los tripulantes.
La letrada cuestionó que los fallos que sobreseyeron a Macri, sus colaboradores y agentes de inteligencia consideraran justificadas esas tareas. “Estas señoras que yo represento con mucho orgullo eran peligrosas para la integridad física del presidente Mauricio Macri y para la seguridad interior. Es decir, las equipararon con homicidas o con terroristas”, sostuvo.
En contraposición, describió que las familiares solamente llevaban banderas y fotografías de sus hijos, esposos o hermanos para reclamar respuestas sobre lo sucedido. La querella también había llevado el planteo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“En cualquier momento tenemos otra desgracia”
Sobre el final de la entrevista, Carreras dejó una advertencia vinculada con la situación presupuestaria y el estado del equipamiento de las Fuerzas Armadas. Para la abogada, la falta de inversión en mantenimiento puede derivar en nuevas tragedias.
“Si seguimos recortando el presupuesto a las Fuerzas Armadas, no sólo vamos a tener suicidios, que esto ya ustedes lo pueden ver en los primeros planos de los diarios, sino que también va a ocurrir otra desgracia”, alertó.
Y explicó: “Nadie está reinvirtiendo en mantener los fierros. Los fierros son los aviones, las flotas, todo en lo que se trasladan las fuerzas militares. Así que estén preparados porque en cualquier momento tenemos otra desgracia”.
La querellante también pidió que se valore el objetivo de la misión que cumplían los 44 tripulantes cuando desaparecieron en el Atlántico Sur. “Nuestros 44 tripulantes estaban haciendo un ejercicio de presencia soberana en nuestras aguas, estaban cuidando los recursos pesqueros, estaban vigilando quién iba y quién venía de y para Malvinas”, recordó.
Además, reveló que las familias de los submarinistas todavía enfrentan dificultades para acceder a atención psicológica. “Los familiares de los tripulantes del ARA San Juan no tienen la cobertura de psicólogos porque la obra social está fundida, la obra social del personal militar”, señaló, y agregó que la situación alcanza a otros integrantes de las Fuerzas Armadas que no siempre pueden hacer públicos sus reclamos.
A nueve años del hundimiento, Carreras describió el estado de ánimo de las familias como una combinación de reconocimiento por lo que se pudo demostrar durante el juicio e indignación por el alcance de la condena. “Ellos tienen las manos vacías, como dicen, con un solo culpable, con un solo responsable”, expresó.
En el cierre, destacó los homenajes realizados en Río Gallegos, entre ellos la inauguración del museo, el monumento en la costa y la maratón en memoria de los tripulantes. “Una caricia para todas esas familias han sido el museo inaugurado en Río Gallegos, el homenaje que se hizo en el monumento en la costa, la maratón impresionante que se hizo y que ustedes siempre lo tienen en la memoria”, concluyó.
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