¿Sigue siendo todo o nada?

“Si no es todo, es nada”, repetía durante la campaña la entonces precandidata presidencial Patricia Bullrich. Proponía un cambio total y se diferenciaba de su contrincante Horacio Rodríguez Larreta. Era el tiempo de los “halcones” contra las “palomas”.

Ganó la dureza de Bullrich en la interna, pero perdió en las elecciones generales. Claro que luego encontró un lugar en el gobierno de su ex contrincante Javier Milei. Y ahora se puede sentir cómoda en una administración que proclama lo mismo: “Es todo o nada”.

Es lo que viene proclamando el Presidente al sostener que tanto su megadecreto de necesidad y urgencia como el proyecto ómnibus enviado al Congreso deberán ser aprobados “sin tocar nada”. Repite que es necesario para sacar a la Argentina del abismo. “Debe ser tal como está redactado y rápido, en las sesiones extraordinarias”, repite.

Es todo, y rápido, o nada.

Pero en los últimos días parece haber cambiado la consigna.

Luego de los traspiés en la Justicia, el Gobierno pone en marcha las apelaciones que llegarán a la Corte Suprema y mira al Congreso de otra manera, abriendo la posibilidad de negociar. El proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, antes de empezar a ser tratado en el Congreso, tuvo esta semana las primeras enmiendas.

El “todo” suena imposible. El “nada” sería un fracaso político a un mes de asumir el gobierno que le pegaría en la línea de flotación. ¿Entonces?

En el Gobierno están convenciendo al Presidente de que tendrá que ponerle punto final a su decisión de empujar el proyecto de ley, que contiene 664 artículos, con la idea de que no tenga cambios. Se lo señalan hombres de su confianza, aunque no sin tener que pasar por situaciones incómodas y algunos choques con otros funcionarios en extremo cercanos a Milei.

Distintos diputados de su fuerza -y varios “amigos”- ya lo habían advertido en la semana que no quedaba otro camino que discutir y ajustar el texto para lograr su aprobación.

Una señal fuerte de este cambio de rumbo se vio el jueves último cuando el ministro del Interior, Guillermo Francos, se encontró con el gobernador chubutense Ignacio Torres y el intendente marplatense Guillermo Montenegro, para negociar los puntos del proyecto de ley que afectaba a la actividad pesquera. Finalmente se acordó modificar algunas partes, pero Francos eludió llamarlas “modificaciones”, prefirió utilizar el término “clarificaciones”.

Es que en el Gobierno no se pueden permitir comenzar a cambiar el proyecto antes de que arranquen las discusiones en las comisiones del Congreso. Eso, entienden, abrirá las puertas para que todos los sectores reclamen una mesa de negociación.

Consciente de esta situación, se dice que el propio Milei antes de viajar a la Antártida autorizó las negociaciones del proyecto de 664 artículos, pero solo se podrían cambiar unos pocos, sin afectar lo esencial.

Hacia adentro, se acepta que será necesario negociar algunos puntos, pero hacia afuera se mantendrá la imagen de dureza e intransigencia. Y que de ninguna manera se extenderán las sesiones extraordinarias más allá de enero, aunque son conscientes de que deberán hacerlo.

Pero si con un ojo están mirando las negociaciones en el Congreso, con el otro apuntan a la lluvia de amparos que comienzan a caer sobre el DNU.

La decisión del juez del fuero contencioso administrativo federal Enrique Lavió Pico de desarmar el proceso colectivo provocó que vuelva a acelerarse la presentación de recursos judiciales contra el DNU. Ya no solo es el freno en el área laboral, sino que se presentaron desde la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), hasta los inquilinos agrupados y la Confederación Argentina de Deportes (CAD).

Hasta este fin de semana, el DNU del gobierno de Javier Milei permanecía vigente en todos sus aspectos, salvo en su capítulo laboral por las presentaciones de la CGT y la CTA. Este lunes el Gobierno contraatacará con las apelaciones, pero el de la Justicia es un terreno que ven con preocupación.

Ocurre que en última instancia llegará a la Corte Suprema, y por más que digan que son optimistas, en verdad los antecedentes -lo reconocen los constitucionalistas-, llevan a pensar que los cortesanos podrían rechazar varios artículos del DNU.

La oposición amigable de La Libertad Avanza insiste con la frase “ayudanos a ayudarte” y le piden a Milei que “afloje” con algunos artículos que no van a poder pasar por el Congreso -como las facultades delegadas-, para así poder sacar muchos otros. En los bloques amigos se escuchan quejas porque están haciendo el “trabajo sucio” de negociar el megaproyecto mientras no reciben señales amigables desde el Ejecutivo.

Al mismo tiempo, la idea de frenar el paro y la movilización de la CGT y otros grupos sindicales y sociales para el 24 de enero se está tornando inviable. Temen que sea una marcha masiva en la que no habrá protocolo que la frene.

El todo o nada no está funcionando. Son muchos -y entre ellos muchos amigos- quienes se lo están advirtiendo al Presidente. ¿Los escuchará?