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Las compañías energéticas a cargo del megaproyecto Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, respondieron formalmente a los recientes anuncios del presidente argentino Javier Milei. En una cadena nacional emitida este jueves, el mandatario anunció sanciones contra empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en la zona.
Mediante un comunicado conjunto, la israelí Navitas Petroleum (propietaria del 65% del proyecto) y la británica Rockhopper Exploration (propietaria del 35% restante) afirmaron que las sanciones promovidas por Argentina no alterarán su cronograma ni tendrán impactos significativos en las operaciones planificadas en la zona marítima.
La reacción de los consorcios privados se produce inmediatamente después de que el representante argentino anunciara que impulsará un decreto presidencial para acelerar las sanciones y enviará al Congreso de la Nación un proyecto legislativo destinado a endurecer los castigos para las empresas que exploten recursos en el archipiélago sin autorización de Buenos Aires.
El bloque Sea Lion representa uno de los proyectos de hidrocarburos más importantes previstos para la región sur. Según datos técnicos de las concesionarias, la zona cuenta con reservas estimadas en unos 216 millones de barriles de crudo, con recursos totales que podrían ascender a 603 millones.
El plan de explotación —cuya decisión final de inversión se consolidó a finales de 2025— prevé un desembolso inicial de 1.800 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones se obtendrán en el mercado al contado.
El objetivo fijado por las compañías petroleras es iniciar la extracción comercial durante el año 2028, con el fin de alcanzar un volumen diario inicial de 55.000 barriles mediante un sistema de pozos submarinos conectados a una unidad flotante de almacenamiento y descarga.
Si bien Argentina mantiene firmemente su reivindicación histórica de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes (bajo ocupación del Reino Unido desde 1833), las empresas defienden la validez de los permisos otorgados por la administración colonial británica.
En su declaración, subrayaron el apoyo inquebrantable y constante del Gobierno de Gran Bretaña, que defiende el principio de autodeterminación de las islas.
Ambas compañías tienen un largo historial de disputas regulatorias con la República Argentina:
-La exploración de Rockhopper fue autorizada por la administración nacional en 2013.
-Navitas Petroleum fue objeto de una declaración de ilegalidad en 2022 por parte de la Secretaría de Energía, que le impuso una inhabilitación de 20 años para realizar actividades en el país.
El nuevo plan de sanciones promovido por el presidente Milei busca ir más allá de los operadores directos, planeando extender las inhabilitaciones y sanciones a socios, directores corporativos, proveedores e incluso otras actividades económicas clave del archipiélago, como la pesca, la cría de ovejas y el turismo de cruceros, bajo la premisa de frenar lo que califica como un intento de apropiación de los recursos naturales del mar argentino.
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