Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Juzgado Federal de Río Grande dictó una medida cautelar impulsada por la Fundación Agustina Lerena contra doce firmas españolas y siete sociedades hispano-isleñas. El fallo prohíbe las operaciones pesqueras no autorizadas en el Atlántico Sur y exige documentación sobre buques, capturas y licencias.
El Dr. César Lerena, presidente de la Fundación Agustina Lerena, precisó a La Opinión Austral que la jueza federal de Río Grande (Tierra del Fuego), Dra. Mariel Borruto, hizo lugar a la medida cautelar solicitada en la demanda colectiva patrocinada por el constitucionalista Eduardo Salvador Barcesat. La acción busca la recomposición y reparación de los daños ambientales ocasionados por actividades pesqueras sin habilitación argentina en aguas del Atlántico Sur.
El planteo se respalda en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, así como en los artículos 1.2 de los Pactos Internacionales de la ONU y los artículos 41, 75 (inc. 22) y 124 de la Carta Magna. La parte demandante fundamentó la acción en un reclamo de recomposición ambiental y resarcimiento económico estimado en 26.465 millones de dólares por capturas realizadas entre 1989 y 2025, monto que aún no cuenta con una determinación judicial definitiva. La causa ingresó formalmente en el juzgado el 2 de noviembre con el reconocimiento de su competencia y la legitimación ambiental de la entidad.
Alcance procesal
La prohibición alcanza a doce empresas y grupos pesqueros con domicilio en España: Armadora Nores/Pesquerías Nores Marín; Armadora Pereira; Chymar/Grupo Touza; Copemar; Lafonia Sea Foods/Frigoríficos del Morrazo; Marfrío; Pescapuerta; Pesmar/Pesquerías Marinenses; Pesquera Moradiña; Pesquera Vaqueiro/Pesca Baqueiro; Rampesca/Grupo Lanzal y WOFCO.
Asimismo, la medida involucra a siete estructuras hispano-isleñas asociadas a operadores como Argos Group; Beauchene Fishing; Fortuna; Red Back Consultants; Seaview y Southern Cross, a través de vehículos societarios entre los que figuran Orion Fishing; Jupiter Fishing; South Atlantic Squid; Petrel Fishing; Beagle Fishing; Kalamar; Castelo Fishing; Polar Seafish y Golden Touza.
La orden judicial exige a las compañías notificadas abstenerse de realizar capturas de recursos marinos vivos por cualquier método, procesar capturas a bordo, efectuar transbordos o descargas, iniciar nuevas mareas o incorporar embarcaciones.
Esta restricción rige para el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva Argentina, incluidas las aguas correspondientes a Malvinas hasta las 200 millas, y “deberá mantenerse hasta que las empresas obtengan la autorización argentina o hasta que el tribunal disponga lo contrario”.
Preservación documental
El tribunal advirtió que la falta de respuesta o las negativas sin sustento documental podrán ser valoradas en contra de las empresas durante el proceso. La resolución dispuso que las sociedades alcanzadas preserven íntegramente sus registros operativos, técnicos, societarios, contractuales y comerciales relacionados con las actividades investigadas, abarcando partes diarios de pesca, declaraciones de captura, registros satelitales y otros antecedentes, independientemente del soporte.
El fallo prohíbe destruir, modificar, ocultar o disponer de esa documentación de manera que impida incorporarla al expediente. Esta disposición adquiere especial relevancia para la reconstrucción de las operaciones, la identificación de embarcaciones y el análisis de las relaciones empresariales comprendidas en la demanda.
Fundamentos
Según detalló el Dr. César Lerena a este medio, para adoptar la decisión el tribunal examinó diversos informes oficiales del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), relacionados con las capturas extranjeras, las poblaciones de especies migratorias y la conservación de los recursos del Atlántico Sudoccidental, aportados por la Fundación. Entre las especies señaladas figuran el calamar illex y loligo, y la merluza común y de cola.
La jueza destacó que la explotación de poblaciones compartidas o migratorias puede afectar la eficacia de las medidas nacionales de conservación, particularmente cuando las actividades extractivas no están sujetas a un sistema común de administración y control. La resolución considera reunidos, en esta etapa preliminar, los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora necesarios para adoptar medidas preventivas, apoyando su fundamentación en los principios de prevención y precaución ambiental, reconocidos por el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (25.675) y la Ley de Pesca (24.922).
Decisión de alcance internacional
La Fundación Agustina Lerena indicó a que la medida se dicta en el marco de la controversia de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos. La magistrada fundamentó su decisión en la legislación argentina y en las obligaciones de protección de los recursos naturales y del ambiente marino.
La resolución tiene carácter provisional y podrá ser revisada una vez que las empresas demandadas intervengan y aporten nuevos elementos al expediente. Su ejecución efectiva respecto de sociedades extranjeras dependerá, entre otras cuestiones, de las notificaciones correspondientes y de los mecanismos jurídicos aplicables.
Como destacó Lerena al difundir el fallo a este diario, la decisión constituye un acontecimiento relevante en el desarrollo de la causa: por primera vez, el tribunal establece restricciones expresas a las operaciones pesqueras de las compañías extranjeras individualizadas, exige información detallada sobre sus actividades y ordena conservar las pruebas. La determinación definitiva de las responsabilidades ambientales y económicas de todos los demandados continuará siendo objeto del proceso judicial.
Situación nacional
Respecto a las empresas nacionales mencionadas en la causa, la magistrada desestimó por el momento la aplicación de medidas cautelares y requirió a las autoridades pesqueras información sobre sus permisos, cuotas y actuaciones administrativas para verificar si existieron infracciones al artículo 27 bis de la Ley 24.922. El juzgado también difirió eventuales resoluciones relativas a bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores.
Leé más notas de Gustavo Argañaraz
Compartir esta noticia