Your browser doesn’t support HTML5 audio
El fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que murió días después de ser desalojada de la vivienda donde vivió durante aproximadamente 70 años en Madrid, volvió a poner en discusión la crisis habitacional en España y los límites entre el derecho a la propiedad y el acceso a una vivienda digna.
Abascal fue retirada de su departamento el 23 de septiembre, en medio de la resistencia de vecinos y organizaciones sociales. La mujer fue trasladada en camilla y posteriormente hospitalizada. Aunque se había alcanzado un acuerdo para que pudiera regresar mediante un nuevo contrato de alquiler, falleció antes de concretar su vuelta.
El caso generó movilizaciones y reclamos de organizaciones sociales, que cuestionaron la falta de una alternativa habitacional para una persona mayor en situación de vulnerabilidad.
En diálogo con Radio LU12 AM680 de Río Gallegos, Marta Mendiola, investigadora sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España, sostuvo que lo ocurrido no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en una problemática que afecta a millones de personas.
Más de 600.000 desalojos en diez años
Mendiola señaló que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, en la última década se produjeron más de 600.000 desalojos en España. Además, indicó que, de acuerdo con estimaciones de los movimientos sociales, la cifra podría alcanzar el millón de hogares afectados.
“En España vivimos una grave crisis del derecho a la vivienda que afecta a millones de personas”, afirmó durante la entrevista.
En el caso de Abascal, la disputa judicial se originó por la continuidad de un contrato de alquiler antiguo, que había sido transferido entre integrantes de su familia. La investigadora explicó que una empresa inmobiliaria vinculada a un fondo de inversión cuestionó su derecho a permanecer en el inmueble.
Si bien una primera sentencia había favorecido a la mujer, la decisión fue recurrida y el Tribunal Supremo resolvió que debía abandonar la propiedad.
La entrevistada también advirtió sobre la falta de mecanismos judiciales que permitan evaluar las circunstancias particulares de cada desalojo y determinar si la medida resulta razonable y proporcional, especialmente cuando involucra a personas vulnerables.
“En el Estado español no existe ese juicio de proporcionalidad, por lo tanto, una persona en situación de vulnerabilidad tiene que abandonar la casa”, advirtió.
En ese sentido, remarcó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas había solicitado que Abascal no fuera desalojada hasta contar con una alternativa habitacional. Sin embargo, según detalló, en España existen tribunales que no consideran jurídicamente vinculantes las decisiones de ese organismo.
La falta de vivienda social y el peso del mercado inmobiliario
Para Mendiola, la crisis habitacional responde a distintos factores, entre ellos la insuficiente protección legal del derecho a la vivienda, la falta de inversión pública y el encarecimiento de los alquileres.
La investigadora consideró que la vivienda social cumple una función central para proteger a quienes no pueden afrontar los precios del mercado. No obstante, señaló que España arrastra años de inversión insuficiente y que los recursos destinados al sector todavía no alcanzan para responder a la demanda.
“La vivienda social es un escudo de protección que protege a las personas frente a los potenciales abusos del mercado”, aseveró.
A su vez, cuestionó que la rentabilidad económica pueda prevalecer sobre las necesidades habitacionales de personas que no cuentan con ingresos suficientes para afrontar los alquileres.
En relación con las medidas necesarias para evitar nuevos casos, Mendiola planteó la importancia de suspender los desalojos hasta que exista una alternativa habitacional, duplicar la inversión pública en vivienda social destinada al alquiler y establecer mecanismos judiciales que evalúen cada situación de manera individual.
“La vivienda no es solo un bien de negocio, es un bien que garantiza la satisfacción de un derecho humano, por lo tanto tiene que haber algún tipo de limitación y algún tipo de coto a las actividades empresariales sobre un bien tan importante”, expresó.
El impacto de los desalojos en otros derechos
Durante la entrevista con LU12, la representante de Amnistía Internacional advirtió igualmente que las dificultades para sostener una vivienda repercuten en otros aspectos de la vida cotidiana, como la alimentación, la salud mental y la educación.
“Hay familias que para hacer frente al costo de la vivienda de alquiler han tenido que comprometer su derecho a la alimentación”, alertó.
Asimismo, recalcó que atravesar un proceso de desalojo puede provocar consecuencias graves en la salud de las personas y afectar especialmente a quienes ya enfrentan enfermedades o situaciones de vulnerabilidad.
Desde esa perspectiva, sostuvo que el derecho a la vivienda está estrechamente relacionado con el cumplimiento de otras garantías fundamentales y que su vulneración puede desencadenar una cadena de dificultades sociales.
La movilización social como respuesta
Mendiola hizo hincapié en que las protestas impulsadas por organizaciones sociales y colectivos de inquilinos tuvieron un papel importante para instalar el caso de Abascal en la agenda pública y reactivar la discusión de medidas legislativas vinculadas con la vivienda.
“Únicamente esas movilizaciones masivas sobre un tema que afecta a la mayoría de la población han conseguido romper esa parálisis”, aseguró.
La investigadora también se refirió a distintas iniciativas debatidas en España para limitar las prácticas especulativas, regular determinadas modalidades de alquiler y contener los aumentos de precios. No obstante, insistió en que se necesitan políticas estructurales que garanticen el acceso a una vivienda adecuada.
Si bien el caso de Abascal ocurrió en España, el debate alcanza a otros países, incluida la Argentina, donde los alquileres, los ingresos y las dificultades para acceder a una vivienda forman parte de las preocupaciones de numerosos hogares.
La entrevistada subrayó que el principal aprendizaje de esta situación es la importancia de la organización colectiva para impulsar cambios normativos y exigir respuestas estatales.
El caso de Maricarmen Abascal dejó así en el centro de la discusión una pregunta que trasciende las fronteras: qué sucede cuando el derecho a una vivienda digna entra en conflicto con las reglas del mercado.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia