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La abogada querellante Valeria Carreras confirmó que las familias de los tripulantes del ARA San Juan apelarán las absoluciones de Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, los tres altos mandos de la Armada que fueron desvinculados penalmente por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz en la sentencia por el hundimiento del submarino ocurrido el 15 de noviembre de 2017.
En diálogo con radio LU12 AM680 de Río Gallegos, Carreras señaló que la querella mantiene su posición de que los cuatro imputados debían responder por los delitos atribuidos y adelantó que el recurso será preparado luego de un análisis exhaustivo de los fundamentos de la sentencia, que tiene 767 páginas y fue publicada por La Opinión Austral.
“Sí, sí, lo vamos a recurrir. Lo que no te puedo decir ahora es cuáles van a ser nuestros argumentos completos y totales”, afirmó la letrada.
La querella, sin embargo, no cuestionará la condena dictada contra Claudio Javier Villamide. “Estamos de acuerdo con la condena Villamide. Lo que no estamos de acuerdo es con esta exoneración, este sobreseimiento de los restantes”, explicó.
Qué resolvió el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz condenó por mayoría a Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, a tres años de prisión de ejecución condicional y a una inhabilitación especial por el doble de tiempo, como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado.
También se valoró que no hubiera impulsado una investigación sobre el ingreso de agua de mar producido durante aquel episodio y que no hubiera realizado determinadas verificaciones de seguridad antes de la zarpada de octubre de 2017.
En cambio, López Mazzeo, Alonso y Correa fueron absueltos por unanimidad.
El tribunal entendió que no se había acreditado con el grado de certeza requerido por el derecho penal que los tres hubieran tenido una intervención que permitiera atribuirles responsabilidad por el resultado. La absolución estuvo vinculada, entre otros fundamentos, con el principio in dubio pro reo y con la interpretación de la cadena de mando y de las competencias concretas que tenía cada uno.
Es precisamente ese punto el que la querella pretende discutir en la instancia de revisión.
La responsabilidad de López Mazzeo
Carreras centró buena parte de sus argumentos en las funciones que tenía López Mazzeo como titular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento.
Para la querella, esa función implicaba una responsabilidad directa sobre las condiciones en las que se encontraba la flota y, específicamente, el submarino que terminó hundiéndose con sus 44 tripulantes.
“Alistamiento te está hablando de cómo está el estado de los buques, de la flota, de los fierros, como dicen ellos. En este caso el submarino. Por lo tanto, nosotros consideramos que sí hubo esa responsabilidad”, sostuvo, teniendo en cuenta que los jueces de tribunal hicieron hincapié en la falta de inversión en mantenimiento de las unidades por parte de la Armada.
La abogada planteó que el término “alistamiento” no puede interpretarse de manera aislada de las obligaciones reglamentarias que recaían sobre quien ocupaba ese cargo.
“Si tengo un auto, le tengo que poner cuatro ruedas, le tengo que revisar los frenos, le tengo que proveer el combustible, le tengo que proveer los service que tenga que tener. Bueno, López Mazzeo no lo hizo. No lo hizo y lo tenemos probado. Entonces, ¿por qué se le eximió de responsabilidad? Eso es lo que queremos pelear”, afirmó Carreras.
La estrategia de la querella será revisar nuevamente la prueba producida durante el debate y contrastarla con los reglamentos y las normas internas de la Armada para determinar de qué manera las funciones de cada uno de los mandos se relacionaban con las condiciones de seguridad del ARA San Juan.
Correa y las obligaciones operativas antes de cada zarpada
Otro de los puntos que Carreras anticipó que será revisado es la situación de Hugo Miguel Correa, quien se desempeñaba como jefe de operaciones.
Para la querella, sus funciones también tenían una relación directa con las condiciones en las que el submarino era enviado a cumplir una misión.
“Más difusa está en este punto que vos me señalás,- dijo al aire de LU12 AM680– la responsabilidad de Correa que era el jefe de operaciones, que era el que tenía que tenerle los víveres, tenerle los equipos de comunicación, tenerle todo lo que necesitaran para esa misión puntual o para cada zarpada”, explicó.
La letrada aclaró que todavía no quería adelantar la totalidad de los argumentos que serán incluidos en el recurso, porque el análisis de los fundamentos del fallo recién había comenzado.
“Tengo que hacer un enorme ejercicio de revisión, reflexión y volver a sopesar la prueba en comparación, no solamente con los reglamentos, las leyes que para nosotros se incumplieron, sino también con los argumentos que vuelca este fallo”, señaló horas después de conocerce la sentencia.
El fallo reconoció el deterioro de la Armada
Más allá de las condenas y absoluciones, Carreras destacó como uno de los aspectos centrales de la sentencia el reconocimiento judicial del estado en el que se encontraba la Armada Argentina.
La resolución dedicó un espacio importante al estado general del material naval y recogió elementos probatorios que, según la querella, permitieron acreditar las dificultades presupuestarias y operativas existentes en la fuerza.
“Además de lo copioso, son casi 800 hojas, tiene capítulos dedicados al estado del material y el estado de la Armada en general y este no es un dato menor”, señaló Carreras.
La abogada remarcó que no se trataba de un juicio contra la institución, pero que durante el debate aparecieron numerosos elementos que permitieron reconstruir las condiciones materiales de la fuerza.
“Sí quedó expuesto a través de documentos, pruebas y los dichos de muchísimos testigos e incluso los acusados que el estado del material de la Armada, no solamente del submarino, es paupérrimo”, sostuvo.
Entre los datos que quedaron plasmados en el fallo aparece que un porcentaje significativo de los buques tenía vencidos sus períodos de mantenimiento o carenado.
“Por ejemplo, tienen vencidos el 70% de los buques, el carenado, es decir, que están sin los arreglos necesarios, sin cumplir las normas”, explicó Carreras.
Recorte presupuestario
Otro aspecto que la querellante consideró relevante es que la sentencia reconoció que el ARA San Juan había sufrido las consecuencias de las restricciones presupuestarias.
Según los elementos incorporados al proceso, el submarino no contaba con todos los pertrechos y elementos de seguridad necesarios.
Carreras mencionó específicamente la ausencia de filtros de cal soda, utilizados para el tratamiento del dióxido de carbono, la falta de candelas de oxígeno y la ausencia de parte del equipamiento de seguridad. “Esto también habla de un recorte del presupuesto, lo dice literal”, remarcó.
Para la querella, este reconocimiento del estado material de la Armada será uno de los elementos que deberán ser puestos nuevamente bajo análisis cuando se revise la responsabilidad de los mandos que fueron absueltos.
La cadena de mando
El tribunal consideró que respecto de López Mazzeo, Alonso y Correa no se había demostrado de manera suficiente cómo sus posiciones dentro de la estructura de la Armada los vinculaban penalmente con el resultado final.
Carreras explicó que el fallo invocó el principio in dubio pro reo, es decir, la obligación de resolver la duda a favor de los acusados.
“Ellos dicen que les cabe el in dubio pro reo, que existía una duda razonable que no se probó en la línea de mando cómo ellos podían haber tenido responsabilidad”, señaló.
La querella buscará discutir esa interpretación a partir de una nueva lectura de la prueba, particularmente de las normas y reglamentos que establecían las obligaciones de cada cargo. “Las tenemos que analizar, tamizar y reformular para el recurso que se vaya a interponer”, sostuvo la abogada.
La disidencia del juez Giménez
Uno de los aspectos que atraviesa los fundamentos de la sentencia es la ausencia de una pericia física sobre los restos del ARA San Juan, que se encuentran a más de 900 metros de profundidad.
El juez Luis Alberto Giménez votó en disidencia y se pronunció por la absolución de todos los imputados. Entre sus argumentos sostuvo que la falta de una pericia física impedía determinar con certeza científica la causa final de la pérdida de plano y el posterior colapso del submarino.
Carreras sostuvo que esa discusión había sido planteada desde el inicio y que la imposibilidad de concretar la pericia no podía paralizar durante años el proceso.
“Visto el tiempo transcurrido, no se puede hacer esa pericia porque si no el tiempo nos iba a seguir jugando en contra, casi nueve años para llegar a un juicio oral, no tenía sentido ni para los familiares víctimas ni para los acusados. La justicia también, fuera de tiempo, es injusticia”, afirmó.
La querellante explicó además que se habían realizado gestiones internacionales para conseguir colaboración y conformar un equipo de expertos que pudiera realizar estudios sobre los restos, pero que no se había obtenido respuesta favorable. “Se intentaron hacer a través de Cancillería varios pedidos a otros países para hacer la pericia, se intentó conformar el llamamiento de peritos neutrales”, indicó.
Un juicio histórico para la Armada Argentina
Carreras también puso el foco en la dimensión histórica del proceso. Consideró que, independientemente de las absoluciones que ahora serán apeladas, haber llevado a juicio oral a altos mandos de la Armada por el hundimiento del ARA San Juan constituye un precedente inédito.
“Es ya el primer paso: es haber llegado a juicio. El segundo paso es haber probado, porque lo dice el fallo, que este personal de la tripulación estaba preparado, adiestrado, era profesional y no tuvo la culpa”, afirmó.
“Durante mucho tiempo lo llegó a decir Aguad, dijo que había sido la culpa de la falta de experiencia de la tripulación, lo que pasó con el ARA San Juan”, señaló.
Carreras cuestionó además los argumentos que presentaban el riesgo de la navegación como una consecuencia inevitable de la actividad militar. “Son hombres de mar y saben los riesgos que corren, es decir, el que va al mar tiene que morirse. ¿Cómo? No es así”, sostuvo.
Para la abogada, el punto central es que la actividad de riesgo requiere sistemas y procedimientos destinados a prevenir resultados previsibles. “Si uno prevé medidas de seguridad, sino también un avión tendría riesgo y si uno no hace los controles se vivirían cayendo”, ejemplificó.
La causa contra Macri y Aguad continúa en Caleta Olivia
La condena y las absoluciones dictadas en este juicio no agotan las investigaciones relacionadas con el hundimiento del ARA San Juan.
Carreras recordó que continúa abierta en Caleta Olivia una causa vinculada con las responsabilidades políticas que podrían alcanzar al entonces presidente Mauricio Macri y al exministro de Defensa Oscar Aguad.
“Cuando empezó este juicio oral, una de las cosas que dejé muy aclaradas a las familias, a la prensa, a la sociedad fue que este es un juicio contra los cuatro individuos que estaban procesados. Quedan muchos más responsables”, señaló.
“Nosotros consideramos también que hubo un encubrimiento posterior que es materia de otros delitos, como el engaño a las familias, como el engaño a la sociedad, como una búsqueda que tardó un año sabiendo dónde estaban”, afirmó.
En ese sentido, consideró que elementos incorporados al juicio oral podrían eventualmente ser utilizados en esa causa.
“Vamos por lo que nos falta”: la decisión de las familias
Carreras contó que las familias de los submarinistas atravesaron distintos estados de ánimo luego de conocerse la condena y las absoluciones. La decepción por la decisión del tribunal convive, según señaló, con la sensación de haber alcanzado un avance después de casi nueve años.
“No necesitaron las 800 hojas para, ya sabiendo el resultado, advertir que todavía falta para que sea justicia completa, pero que hemos dado un gran paso”, sostuvo.
Finalmente, resumió la postura de la querella frente a la nueva etapa judicial: “Vamos a defender esta condena, va a ser muy resistida y va a ser muy puesta en tela de juicio en los tribunales de Comodoro Py, en Casación, pero vamos a resistir, vamos a luchar, vamos a defender lo logrado y vamos por lo que nos falta”, cerró.
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