Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Gobierno argentino intensificó su ofensiva diplomática, judicial y regulatoria contra el proyecto Sea Lion, que busca explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas, mientras espera la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, prevista para el próximo 28 de noviembre.
El canciller argentino Pablo Quirno rechazó el avance de las compañías extranjeras en la Cuenca Norte Malvinas y fundamentó la presentación argentina ante el organismo internacional tras las audiencias realizadas el 10 y 11 de noviembre, postura que ratificó en el programa “La Noche de Mirtha”, emitido por Canal 13: “Estamos hoy ante una intención del Reino Unido de explotar petróleo en las Islas Malvinas, cosa que nosotros evidentemente no aceptamos”, según informó Infobae.
Explicó que Argentina solicitó una orden previa para detener las operaciones antes de que se sustancie el fondo del arbitraje en el Tribunal del Mar, además de exigir que Londres se abstenga de otorgar permisos, preserve la información geológica obtenida y proteja el medio marino frente a un perjuicio irreversible en un territorio sujeto a disputa de soberanía: “Nosotros hemos pedido que paren esta explotación antes de que se haga el arbitraje. Malvinas es una causa sagrada para nosotros”.
Días antes, el canciller había advertido sobre el carácter irreparable de la extracción de recursos no renovables en la zona en disputa y aseguró que el reclamo continuará más allá de la resolución cautelar de este mes: “Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable”.
En el plano legislativo, el oficialismo impulsa en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para ampliar las inhabilitaciones y sanciones penales contra las operadoras y toda su cadena de proveedores que actúen sin autorización argentina, iniciativa que no pudo tratarse esta semana en la Cámara de Diputados por falta de quórum.
Bajas operativas
La aplicación del régimen sancionatorio vigente —que impide operar en territorio continental argentino— ya generó repercusiones logísticas y financieras en el consorcio que lidera el proyecto, integrado por la británica Rockhopper Exploration (35%) y la operadora israelí Navitas Petroleum (65%).
Al cierre de la semana, las acciones de Rockhopper registraron una baja del 1,2% en la Bolsa de Londres y los papeles de Navitas retrocedieron un 6,59% en la Bolsa de Tel Aviv, un escenario que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores atribuyeron a que la ofensiva legal “desató una ola de deserciones clave”, de acuerdo con datos difundidos por Noticias Argentinas.
Asimismo, el astillero Seatrium, con sede en Singapur, evalúa rescindir el contrato para la remodelación de la unidad flotante de almacenamiento y descarga Aoka Mizu (FPSO), infraestructura técnica indispensable para el procesamiento del crudo, frente a lo cual el canciller Quirno advirtió a las firmas involucradas que operar de forma ilegítima en el Atlántico Sur conlleva un “alto costo de negocios”.
La respuesta
Rockhopper Exploration notificó ante la Bolsa de Londres que dos contratistas decidieron abandonar sus tareas ante el riesgo de represalias judiciales y comerciales por parte de la Argentina, sumándose al antecedente de la firma de servicios Halliburton, que también se retiró de la iniciativa, según consignó Clarín.
En sus estados financieros del tercer trimestre, Navitas Petroleum confirmó que se encuentra en una etapa avanzada de negociación para reemplazar a los proveedores salientes y sostuvo que, por el momento, no prevé demoras significativas en su cronograma, que proyecta iniciar la producción de petróleo en 2028 (con trabajos previos de reacondicionamiento de la unidad flotante OSX2 previstos para 2027).
No obstante, la compañía israelí reconoció ante sus inversores que el proyecto podría sufrir consecuencias sustanciales si el Tribunal Internacional del Derecho del Mar concede las medidas solicitadas por la Argentina y las autoridades británicas e isleñas las acatan, aunque estimó como baja la probabilidad de que prospere el pedido cautelar.
Vaca Muerta
En paralelo a la disputa por Sea Lion, una petrolera británica con fuerte presencia en el país buscó despegarse públicamente de cualquier vinculación con el archipiélago. Se trata de Harbour Energy, quinta productora de gas de la Argentina con un promedio de 10,6 millones de metros cúbicos diarios (el 7% del total nacional) en Vaca Muerta y costa afuera de Tierra del Fuego, además de poseer el 15% del consorcio Southern Energy (SESA) para exportar gas natural licuado desde 2027 bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), postura que ratificó el director general de Wintershall Dea —firma del Grupo Harbour—, Martín Rueda: “Harbour no tiene ningún interés en Sea Lion ni actividades vinculadas a las Islas Malvinas, y no las tendrá en el futuro. Nuestro foco está puesto en la Argentina: desarrollar nuestros activos, acompañar el crecimiento de la producción energética del país y contribuir a que alcance su potencial como gran exportador de energía”.
La aclaración responde a la controversia judicial abierta en septiembre, cuando la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, y al subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller, por habilitar la licencia de Harbour y otorgarle beneficios del RIGI pese a ser la continuadora societaria en Gran Bretaña de Premier Oil, empresa sancionada por la Argentina en 2013.
Desde la compañía —entre cuyos accionistas figuran la alemana BASF y fondos vinculados al empresario mexicano Carlos Slim— explicaron que cuentan con otra dirección y composición accionaria, que completaron su salida total de Sea Lion en 2022 y que operan en cumplimiento estricto de la Disposición 337/2019 de la Subsecretaría de Hidrocarburos, que excluye a firmas con actividad no autorizada en la plataforma continental argentina.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia