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La Justicia estaría evaluando modificar el lugar donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple con la prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Asimismo, podría flexibilizar las condiciones para las visitas, aunque mantendría el uso de la tobillera electrónica como medida de monitoreo.
Este lunes, en una audiencia que contará con la participación de todas las partes involucradas, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña examinarán el actual régimen de ejecución de la condena de la exmandataria, informó La Nación.
Mientras en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 tendrá lugar esa audiencia, un grupo interdisciplinario compuesto por psicólogos y trabajadores sociales realizará una entrevista a CFK en su domicilio ubicado en San José 1111, barrio Constitución.
Estos profesionales evaluarán el grado de adaptación de la expresidenta a la domiciliaria, la posible incomodidad que le genere el dispositivo de monitoreo y su correcto funcionamiento. Luego, presentarán un informe tanto a la Cámara de Casación como al Tribunal Oral Federal N°2, encargado de ejecutar la pena. En relación con la tobillera electrónica, los peritos tendrán que determinar si el aparato provoca algún tipo de irritación cutánea o alergia en Fernández de Kirchner, precisó un funcionario judicial.
Cabe mencionar que la ley de ejecución penal establece en su artículo 33 que la prisión domiciliaria debe ser dispuesta por el juez de ejecución y que “se exigirá un dispositivo electrónico de control, el cual solo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo informe de los órganos de control y del equipo interdisciplinario”.
Fueron los jueces del TOF2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes determinaron que Cristina Kirchner cumpliera su condena mediante arresto domiciliario, con el uso de la tobillera electrónica y bajo un conjunto de normas que permiten visitas de un reducido grupo de abogados, médicos y familiares.
Quienes no formen parte de ese círculo deben solicitar autorización al tribunal, y la defensa tiene que justificar cada ingreso. Esto fue el caso, por ejemplo, del presidente de Brasil, Lula da Silva. Entre las normas de conducta, se incluye una advertencia para que la exjefa de Estado no genere situaciones que alteren la tranquilidad del barrio ni la convivencia con los vecinos.
El fiscal federal Diego Luciani se opuso a esas condiciones y reclamó que CFK vaya a una cárcel común. De igual forma, consideró inadecuado el departamento ubicado en San José 1111 como sede para la prisión domiciliaria. En contrapartida, la defensa pidió que se eliminen todas las restricciones vinculadas a las visitas y se retire la tobillera electrónica.
¿Posible cambio de domicilio?
En la audiencia prevista para este lunes, Mario Villar, fiscal ante la Cámara de Casación, no insistirá con la propuesta de Luciani. Según indicaron fuentes judiciales a La Nación, respaldará la continuidad del arresto domiciliario. En los casos donde se dispone este tipo de prisión, la elección del lugar para cumplir la pena corresponde al condenado, por lo que el fiscal o el tribunal a lo sumo pueden impugnar un sitio o hacer sugerencias de cambio.
En ese contexto, podría sugerirse que Fernández de Kirchner se traslade a su residencia de El Calafate o a la de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, la defensa podría argumentar que alejarla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afectaría su desenvolvimiento político y su desarrollo personal, señalaron en tribunales.
La decisión quedará en manos de los jueces de Casación. Una vez finalizada la audiencia, contarán con cinco días hábiles para resolver el planteo, aunque es probable que lo hagan antes. Para entonces, ya dispondrán del informe elaborado por el equipo interdisciplinario que evaluará las condiciones del arresto y el uso de la tobillera.
Dentro del tribunal hay distintas posturas respecto de si corresponde intervenir sobre el lugar donde se cumple la pena. Como el recurso presentado por la fiscalía incluye ese punto, existe la posibilidad de que se pronuncien al respecto. Incluso al fundamentar una modificación en la necesidad de preservar la “tranquilidad pública” y la “paz social” en el barrio Constitución.
Otro aspecto bajo análisis es la responsabilidad en torno a la custodia de la expresidenta. La Policía Federal, junto con el personal asignado a su seguridad, tendría la obligación de garantizar el cumplimiento de las reglas impuestas: aproximadamente una decena de personas, con guardias rotativas.
Los magistrados también están revisando el régimen de visitas. Justamente, evaluaron como un indicio relevante el experimento del abogado Gregorio Dalbón, quien convocó a la ciudadanía a enviar correos electrónicos solicitando ver a la expresidenta y llegaron más de mil mensajes.
El TOF remitió esas solicitudes a la defensa, y si se hubiese gestionado cada una, el tribunal se habría visto colapsado. En Casación sostienen que en las cárceles comunes no se exige la misma burocracia para autorizar visitas, lo que abre una discusión en torno a los criterios aplicables en el caso.
Aun así, en el ámbito judicial entienden que todos los artículos de la ley de ejecución penal tienen que centrarse exclusivamente en la situación del condenado. Las circunstancias externas, como la dinámica barrial en Constitución, quedan fuera de ese marco.
“Lo mas importante ya pasó. Hubo un juicio, se confirmó la condena y se está ejecutando, además de quedar firme la inhabilitación y el decomiso, lo que suceda ahora no es tan relevante”, explican en los tribunales, en un intento por restarle dramatismo a lo que decida la Cámara de Casación, donde conviven posiciones más estrictas con otras más moderadas.
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