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El Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizó el monto del decomiso en la causa Vialidad y fijó la suma final en $684.990.350.139,86, equivalente a unos 540 millones de dólares al tipo de cambio actual. Esta cifra será reclamada de manera solidaria a los nueve condenados por el esquema de corrupción en la obra pública en la provincia de Santa Cruz, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La actualización fue solicitada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que en diciembre de 2022 condenó a la ex mandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Junto a ella fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el ex secretario de Obras Públicas José López y otros cinco ex funcionarios.
Cómo se calculó el nuevo monto
El monto original fijado por el TOF 2 en su sentencia era de $85.085 millones, en función del perjuicio económico causado al Estado por la adjudicación direccionada de 51 obras viales a empresas del Grupo Báez, principalmente Austral Construcciones, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Esa suma fue actualizada aplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, siguiendo las resoluciones técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas.
El cálculo consideró la inflación acumulada entre noviembre de 2022 y mayo de 2025, y fue realizado por peritos de la Corte con la participación de expertos del Ministerio Público Fiscal. El informe final establece que el perjuicio económico derivó de sobreprecios estimados en un 64%, cartelización de licitaciones, pagos por obras no ejecutadas y precios injustificados.
Un perito de parte de la defensa de Cristina Kirchner presentó un informe disidente, cuestionando la metodología utilizada en la actualización.
Plazos, embargos y consecuencias
Tras la recepción del informe pericial, el TOF 2 –presidido por el juez Jorge Gorini– notificará a los condenados y les otorgará un plazo de 10 días hábiles para depositar el dinero o entregar bienes equivalentes al monto correspondiente a cada uno. La deuda es solidaria, lo que implica que todos los condenados responden por la totalidad del monto, aunque internamente puedan acordar cómo dividirlo.
En caso de incumplimiento, se activará la ejecución de embargos ya dictados durante la instrucción de la causa. Estos incluyen propiedades, cuentas bancarias, acciones empresariales, vehículos y otros activos. Se está trabajando en la actualización de esos embargos según los valores actuales del mercado.
Quiénes son los condenados
Los condenados en la causa Vialidad son:
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Cristina Fernández de Kirchner – Ex presidenta.
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Lázaro Báez – Empresario, titular de Austral Construcciones.
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José López – Ex secretario de Obras Públicas.
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Nelson Periotti – Ex director de Vialidad Nacional.
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Juan Carlos Villafañe – Ex funcionario de Vialidad en Santa Cruz.
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Raúl Pavesi – Ex jefe de distrito de Vialidad.
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Mauricio Collareda – Ex funcionario de Vialidad.
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José Santibáñez – Ex funcionario provincial.
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Raúl Daruich – Ex director de obras viales.
En el caso de Cristina Kirchner y Báez, ya tienen bienes embargados en otras causas, como Hotesur y Los Sauces, lo que podría facilitar el inicio del proceso de ejecución si no se cumple con el pago.
Un daño económico y social
El fiscal Diego Luciani, que encabezó la acusación junto a Sergio Mola, presentó un informe de 40 páginas donde detalló los bienes detectados bajo titularidad de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y Lázaro Báez. Entre ellos se incluyen 25 inmuebles transferidos a sus hijos en 2016, acciones de las sociedades Hotesur S.A., Los Sauces S.A. y COMA S.A., cuentas bancarias y una caja de seguridad.
Báez, por su parte, posee más de 130 propiedades, principalmente en Santa Cruz, y el control accionario de varias constructoras vinculadas a las adjudicaciones investigadas.
Luciani remarcó que la ejecución del decomiso es fundamental para resarcir el daño económico y social sin precedentes que provocó esta “fenomenal maniobra defraudatoria” perpetrada desde la más alta esfera del poder político entre 2003 y 2015.
¿A dónde irá el dinero decomisado?
De acuerdo con la Ley 23.853 y una acordada de la Corte Suprema, los fondos decomisados deberían integrarse al presupuesto del Poder Judicial. Sin embargo, los fiscales Luciani y Mola solicitaron durante el juicio que el dinero tenga un destino social, con el objetivo de compensar a la ciudadanía por el perjuicio causado.
Propusieron que esos recursos se utilicen para infraestructura escolar, servicios sanitarios, construcción de viviendas y otras áreas críticas, con el fin de reparar en parte el daño generado por el desvío de fondos públicos.
El futuro judicial de Cristina Kirchner
La causa Vialidad fue el primer juicio oral que culminó en una condena contra la ex presidenta, pero no será el último. Cristina Kirchner aún enfrenta otros procesos de alto impacto, como la causa de los Cuadernos de las Coimas y las investigaciones por lavado de dinero en los casos Hotesur y Los Sauces, ambos vinculados también a Lázaro Báez y la operatoria empresarial de la familia Kirchner.
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