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Esta semana se conoció que la Corte Suprema rechazó los recursos planteados por todos los condenados y dejó firme la sentencia por lavado de dinero del empresario santacruceño Lázaro Báez, su hijo Martín Báez y los financistas Leonardo Fariña y Daniel Pérez Gadín, entre otros implicados.
La causa es el expediente conocido como la “Ruta del dinero” por el lavado de dinero de 55 millones de dólares por parte de Báez. El empresario y otros acusados fueron enviados a juicio oral por el juez federal Sebastián Casanello y por el fiscal federal Guillermo Marijuán en el que fueron condenados.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces sorteados Mariano Lozano y Ramón Luis González. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, al considerar que la Corte debía requerir la opinión del Procurador General antes de pronunciarse.


La resolución de la Corte representa un antecedente clave para la causa “Vialidad”, en la que está condenada la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión. Si la Corte mantiene una línea similar, podría impedirle competir electoralmente en los próximos comicios si se confirma la condena antes del cierre de listas en agosto.
El tribunal rechazó los recursos de queja interpuestos por las defensas de Báez y otros condenados, utilizando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite desestimar recursos sin necesidad de fundamentarlos. Esta decisión dejó firmes las condenas previamente dictadas por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 y parcialmente confirmadas por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal.
La situación de Cristina
Sin embargo, una parte de la causa quedó bajo investigación. Es la que involucraba a Cristina Kirchner para determinar si ese dinero era suyo. Según el medio Infobae, el fiscal Marijuán pidió en mayo del 2023 el sobreseimiento de Cristina Kirchner al entender que, tras una década de medidas, no se había podido acreditar su vinculación con ese lavado de dinero, más allá de la certeza de “la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez”.
El juez Casanello aceptó el planteo y sobreseyó a la expresidente. Pero en la causa se presentó la ONG Bases Republicanas y pidió ser parte de la causa, para sostener que “Lázaro Báez y su grupo actuaron como testaferros por cuenta y orden de Néstor y Cristina Kirchner”. El magistrado rechazó que fueran querellantes en esta instancia del proceso, pero la Cámara Federal lo habilitó y mandó a revocar el sobreseimiento de la ex vicepresidenta. Marijuán debió volver a pronunciarse y ratificó el pedido.
El expediente tiene dos medidas de prueba en curso importantes. Una es que la Cámara Federal aceptó un planteó de Bases Republicanas para que se analice como prueba del expediente un audio en el que Báez hace referencia a que su dinero era de alguien de “arriba”.
La segunda prueba es un estudio contable que ordenó el juez Casanello en febrero pasado para determinar si los fondos que Báez reingresó a sus empresas desde Suiza pudieron haber tenido como destino final a Cristina Kirchner, a sus familiares o allegados a sus empresas.
El magistrado le ordenó el trabajo a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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