Ganarle a la aceleración de los precios al consumidor es una medalla reservada para pocos gremios, la mayoría de las paritarias corre por detrás desde el 2016, año en el que múltiples informes privados marcan el punto de partida de una pérdida del poder adquisitivo de 20 puntos porcentuales promedio, aún sin remontar y por momentos profundizada por el Frente de Todos.

Este mal, que afecta el bolsillo de los trabajadores hace rato, se agravó en julio con el peor índice de inflación en 20 años cuando el Indec informó un alza de 7,4% mientras para agosto las proyecciones son similares. En esa carrera, el Gobierno Nacional demora una definición sobre el mecanismo para la recomposición de los ingresos anunciado por el flamante ministro de Economía, Sergio Massa.

En contrapartida, este miércoles el titular del Palacio de Hacienda cumplió con lo prometido para los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. No se trató de un bono por única vez, como adelantó La Opinión Austral, sino de un refuerzo que se extenderá por tres meses. Al aumento por ley de movilidad del 15,53% en septiembre, el gobierno le agregó un monto mensual de hasta $7.000 que se pagará en septiembre, octubre y noviembre hasta empalmar con la próxima actualización que corresponde por ley en diciembre. Ese máximo irá decreciendo progresivamente hasta los $4.000, suma que cobrarán quienes tengan ingresos de hasta dos haberes mínimos. Desde septiembre la jubilación mínima pasará a $50.353 y, por ende, dos mínimas alcanzarán los $90.705.

La inflación de julio que se publicó esta semana y la de agosto que viene, con claro envión

A este circuito que recorrerán los haberes para los jubilados se llegó con cierta celeridad por acuerdo entre la cúpula del Gobierno Nacional, cuyos detalles se establecieron el último lunes en una reunión entre Massa, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y la titular de ANSeS, Fernanda Raverta. Ese encuentro fue suficiente para consensuar cómo debía ser el refuerzo y en cuántos pasos se abonará.

Un desafío diferente es alcanzar criterios en común cuando en las decisiones intervienen otros actores de peso. El presidente Alberto Fernández y Massa “están evaluando en conjunto qué se va a plantear y cuándo va a ser la convocatoria a diferentes sectores para alinear precios y salarios”, aseguraron desde Casa Rosada a La Opinión Austral.

Es que para fijar los aumentos salariales de los trabajadores privados registrados se ponen sobre la mesa las opiniones de los empresarios, de los representantes sindicales y del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo que encabeza Claudio Moroni. Los resultados de ese intercambio se observan en la publicación de esta semana del Indec que elabora mensualmente su Índice de Salarios. El último es sobre el mes de junio cuando los sueldos marcaron una mejora del 4,8% mientras que la inflación de ese mes alcanzó el 5,3%.

Ese promedio de crecimiento se obtiene de un 5,1% en el sector privado registrado, 4,6% en el sector público y 4,6% en el sector privado no registrado. En términos interanuales la inflación de junio fue del 64% y estuvieron por encima los salarios del sector público (72,6%) y apenas por arriba los del sector privado registrado (68,3%), en tanto, muy por debajo quedaron los del sector privado no registrado (58%).

La pérdida se proyectaba ya en abril y mayo cuando comenzaron a sentirse los primeros impactos de la suba de precios internacionales por la guerra en Ucrania que se acoplaron a la problemática interna que en Casa Rosada diagnostican, en parte, como “producto de la especulación”. Por entonces se evaluaba también el pago de una suma fija por decreto, pero el Gobierno Nacional la desestimó y optó por empujar y/o adelantar las paritarias. En esas cumbres se fijaron actualizaciones en hasta cinco o seis cuotas.

Massa sabe que a ese precario contexto del poder adquisitivo se le acumularán dos cifras lapidarias. La de la inflación de julio que se publicó esta semana y la de agosto que viene con claro envión. Si bien en el Palacio de Hacienda ambos resultados se los adjudican a la gestión del exministro Martín Guzmán, la coalición gobernante sabe que no tiene mucho margen para seguir demorando lo que hasta ahora no pudieron lograr las paritarias en los niveles que fueron homologadas.

Sin embargo, el presidente Alberto Fernández volvió a apostar a un acuerdo de partes cuando el mismo día que el Indec informó el 7,4% de julio sostuvo desde la localidad de Villa Ángela en Chaco: “Tenemos muchos problemas que resolver. Veo lo que pasa con los precios y me preocupa. Por eso hemos dejado todas las paritarias abiertas para que los salarios le ganen a la inflación y por eso anunciamos un aumento y un bono para los jubilados”.

Con la inflación lejos de estar controlada, los trabajadores esperan una definición inmediata. Una encuesta de la consultora Zurban Córdoba realizada la semana pasada se enfocó en qué piensa la opinión pública de las primeras medidas de la gestión Massa. La auditoría de los planes sociales y el bono para los jubilados aparecen como las medidas mejor valoradas, ambas con más del 70% de aceptación.

Alberto y Massa están evaluando en conjunto qué se va a plantear

En paralelo, el ministro de Economía adelantó que buscará “asegurar un mecanismo que permita la recuperación de ingresos de los trabajadores del sector privado” que ganen entre $50.000 y $150.000. Las versiones sobre cómo será ese “mecanismo” son varias y el monto a pagar en análisis rondaría entre los $10.000 y los $20.000. Cuando estaba en el Congreso, Massa actuó en sintonía con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para incorporar sumas fijas para los trabajadores parlamentarios (no legisladores) como una manera de que la compensación por la inflación tenga mayor impacto en los sueldos más bajos.

Ese sistema de mejora para los trabajadores privados no es algo que entusiasme ni a los empresarios que deben pagar el valor fijado desde el gobierno ni a los sindicalistas que, en tal caso, quedan también relegados a la decisión oficial porque la paritaria sellada no alcanza. En este marco, hay una cuestión más que se dilató, aunque los protagonistas explicaron que fue por motivos de agenda, y es la convocatoria para el 18 de este mes al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). La reunión para mejorar los $47.850 del piso salarial actual se postergó al 22.

“Hay un nuevo ministro de Economía y lo más razonable es volver a convocar a estos sectores. El presidente y el ministro Massa están analizando el tema para fijar fechas y condiciones”, ratificó al respecto el ministro de Trabajo Claudio Moroni este miércoles en conferencia de prensa tras la primera reunión de Gabinete Nacional que se concreta luego del reordenamiento del gobierno aplicado por el presidente para arrancar “una nueva etapa”.