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Diputados aprobó el acuerdo por US$ 171 millones con fondos buitre: media sanción clave para cerrar litigios por la deuda de 2001

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para avanzar en un acuerdo de conciliación con dos fondos buitre que aún mantenían litigios contra la Argentina por la cesación de pagos de 2001. La iniciativa obtuvo 139 votos a favor y 97 en contra, y ahora quedó a un paso de convertirse en ley.

El acuerdo había sido aprobado previamente en el Senado el 4 de junio con 40 votos afirmativos y 22 negativos, en un contexto de presión por el vencimiento del plazo fijado para el 30 de junio en los tribunales de Estados Unidos.

Qué establece el acuerdo con los fondos buitre y cuánto pagará la Argentina

El convenio contempla el pago total de US$ 171 millones a acreedores remanentes que no ingresaron en los canjes de deuda posteriores a la crisis de 2001. De ese total, US$ 67 millones serán abonados a Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones a Attestor Value Master Fund LP.

Desde el oficialismo remarcaron que el entendimiento incluye una quita cercana al 30% sobre los montos originalmente reclamados, además de la eximición del pago de honorarios legales. El esquema de pago se realizará bajo el sistema internacional de Entrega contra Pago (DVP), lo que implica que los fondos se liberarán de forma simultánea con la cancelación de los bonos.

El acuerdo también incorpora una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta completar la operación. A su vez, se prevé el levantamiento de medidas de ejecución y embargos sobre activos soberanos como acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.

Debate político en Diputados: apoyo del oficialismo y críticas de la oposición

Durante el debate, el diputado Bertie Benegas Lynch defendió el acuerdo al afirmar que busca cerrar “una herida de deshonra internacional” de más de 25 años. También sostuvo que el entendimiento permite una quita del 30% del remanente y destacó que los acreedores se comprometieron a no iniciar nuevas acciones judiciales.

En la misma línea, desde el oficialismo se advirtió que si el Congreso no aprobaba el acuerdo se reactivarían los litigios y embargos en tribunales internacionales.

En contraste, el diputado Itai Hagman (Unión por la Patria) cuestionó el proceso y afirmó que se trata de “un paso más hacia un nuevo ciclo de endeudamiento”. Además, criticó la falta de información sobre la negociación con los fondos y señaló inconsistencias en la transparencia del acuerdo.

Por su parte, Miguel Pichetto votó en contra al advertir que el convenio no especifica con claridad el origen del financiamiento del pago, planteando dudas sobre su impacto fiscal.

El acuerdo ahora espera su sanción definitiva para cerrar uno de los capítulos más prolongados del litigio por la deuda argentina en el sistema judicial de Estados Unidos, iniciado tras el default de 2001.

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