El Gobierno aprobó la nueva Política de Inteligencia Nacional y redefinió el rol de la SIDE

El Gobierno oficializó la Política de Inteligencia Nacional, un documento de 34 páginas que marca los objetivos y criterios que regirán el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Se trata de la primera actualización integral en más de dos décadas y llega en un momento de reordenamiento interno del área, que en los últimos días también tuvo cambios en su cúpula.

La medida se formalizó a través del Decreto 864/2025, firmado por Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que además obliga a la SIDE a elaborar una Estrategia de Inteligencia Nacional más operativa y orientada a la acción.

Un panorama marcado por fallas estructurales

El Gobierno parte de un diagnóstico severo sobre el estado del sistema de inteligencia. Sostiene que arrastra un deterioro profundo desde hace más de treinta años, con efectos directos sobre la solidez de las instituciones democráticas y la capacidad del Estado para anticipar amenazas. El texto retoma episodios como los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, todavía sin resolución definitiva, y la muerte del fiscal Alberto Nisman, que define como un hecho de “máxima gravedad institucional”.

También critica las sucesivas intervenciones a la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desde 2019, consideradas un retroceso que condujo a su disolución en 2024. La SIDE que reemplaza a la AFI- quedó conformada por cuatro organismos: el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos.

Soberanía, integridad territorial y recursos en disputa

El documento establece una serie de intereses estratégicos que funcionan como columna vertebral del sistema: la defensa de la soberanía y la autonomía nacional, la protección de la integridad territorial, la preservación de la vida y los derechos de los habitantes, la vigencia del sistema democrático y el resguardo de los recursos estratégicos.

En esta línea, el Gobierno subraya la necesidad de vigilar tanto la injerencia de actores externos en decisiones sensibles como la presencia de dinámicas de fragmentación dentro del territorio nacional, especialmente en fronteras, espacios marítimos y la región antártica.

Malvinas, Antártida y el Atlántico Sur, en primer plano

Uno de los puntos fuertes del informe está centrado en la situación geopolítica del Atlántico Sur y de la Antártida. El Ejecutivo considera que ambos espacios atraviesan un proceso de creciente competencia estratégica por parte de potencias extrarregionales, que combinan actividades científicas, logísticas y militares.

En el caso de las Islas Malvinas, el texto vuelve a remarcar la “ocupación ilegítima” del territorio por parte del Reino Unido y plantea la necesidad de monitorear cualquier avance o modificación en la presencia extranjera en la zona.

Sobre la Antártida, destaca la presencia argentina ininterrumpida desde 1904 y advierte que el continente se ha convertido en un punto de interés científico y económico en expansión, por lo que propone fortalecer la vigilancia sobre los movimientos de actores internacionales.

Tecnología, información y nuevas amenazas

El decreto también aborda el impacto de las transformaciones tecnológicas. El Gobierno considera que el dominio de capacidades como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología y los sistemas autónomos será decisivo en el terreno de la defensa y la inteligencia, y advierte sobre los riesgos de la dependencia tecnológica y la fuga de talento calificado hacia otros países.

La ciberseguridad aparece como un terreno especialmente sensible: el documento describe al ciberespacio como una superficie de ataque transnacional que permite operaciones encubiertas de bajo costo y señala que tanto actores estatales como organizaciones criminales utilizan ese entorno para proyectar influencia y generar daño.

Terrorismo, crimen organizado y contrainteligencia

El Gobierno dedica un tramo del informe al terrorismo, donde señala que Argentina continúa expuesta a redes transnacionales vinculadas a Medio Oriente, especialmente en zonas limítrofes y en circuitos informales que pueden servir como plataforma logística.

También identifica al crimen organizado como una estructura de poder paralela que se apoya en fronteras permeables, rutas estratégicas y actividades financieras informales, lo que -según el documento- favoreció el crecimiento de redes con vínculos regionales y extrarregionales.

La contrainteligencia ocupa el capítulo final. Allí se la define como una herramienta imprescindible para proteger los procesos sensibles del Estado, prevenir interferencias externas y evitar intentos de cooptación dentro de las áreas estratégicas.