El Gobierno creará el Ministerio de Seguridad Nacional y otorgará mayores competencias para Patricia Bullrich 

El Gobierno de Javier Milei avanza con una reforma estructural clave en la administración de la seguridad, con la creación del Ministerio de Seguridad Nacional, que reemplazará a la actual Cartera de Seguridad. Este cambio no se limita a una simple modificación de nombre, sino que implica una reestructuración profunda que otorga mayores competencias a Patricia Bullrich, quien asumirá nuevas responsabilidades provenientes de Defensa y otros ministerios. Además, la ministra intensificará la presencia de las fuerzas federales fuera del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), con un enfoque en el interior del país.

“La idea es darle un rol más robusto al ministerio para que quede claro que está por encima de las provincias en algunos tópicos”, revelaron fuentes cercanas al gobierno al medio Clarín.  Esta decisión marca el regreso de Bullrich a una posición central en la política del gobierno, lo que quedó demostrado recientemente con su participación activa en reuniones importantes, como el encuentro con el Presidente y el bloque de la UCR.

La nueva denominación, Ministerio de Seguridad Nacional, guarda un claro paralelismo con el Homeland Security de los Estados Unidos, una referencia en la ingeniería institucional que sigue la administración de Milei, conocida por su afinidad con el modelo estadounidense. Este cambio se oficializará en los próximos días, tras ser aprobado en la Secretaría Legal y Técnica, lo que refleja una estrategia institucional más alineada con la visión del presidente.

Además de coordinar la seguridad interior, Bullrich ya había avanzado con el decreto 1112/2024, que modifica la reglamentación de la ley de Defensa, posicionándola como la responsable principal para coordinar las acciones de Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas en lo que respecta a la seguridad interior. En particular, la ministra se encargará de proteger zonas estratégicas, como aeropuertos o yacimientos de Vaca Muerta, ante posibles amenazas terroristas.

Otra de las nuevas funciones que asumirá Bullrich es la dirección del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), que coordina la respuesta a crisis climáticas y sociales en colaboración con gobiernos provinciales y fuerzas de seguridad. En paralelo, el Sistema de Manejo del Fuego, actualmente bajo la órbita de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, será absorbido por el nuevo Ministerio de Seguridad Nacional.

Dentro de los proyectos a largo plazo, Patricia Bullrich también impulsa una reforma de las fuerzas federales, especialmente la Policía Federal Argentina (PFA). Se planea incrementar el porcentaje de investigadores, de un 15% a un 40%, y redirigir el despliegue de agentes. Actualmente, un 60% de los efectivos de la PFA están destinados al AMBA; el objetivo es que el 70% se concentre en las provincias.

Sin embargo, el proceso legislativo sigue siendo una incógnita, pues las modificaciones propuestas para las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia siguen atascadas en el Congreso.

En la mesa chica del Presidente afirman que trabajan en un borrador para que los equipos de Bullrich y del ministro de Defensa Luis Petri sumen sus aportes y donde no tendrá ni voz ni voto la vicepresidenta Victoria Villarruel.

“El sistema de seguridad nacional es anticuado y tiene un marco normativo que no se condice con la actual situación. Hoy la amenaza más latente que existe son de grupos terroristas y el andamiaje jurídico argentino restringe el capital operativo para ese tipo de amenazas. La idea es adecuar todas las instituciones relacionadas con las Fuerzas Armadas y de Seguridad”, explicó un alto funcionario muy cercano al jefe de Estado y con oficina en Balcarce 50.

A nivel internacional, el gobierno también busca actualizar las restricciones que enfrentan los agentes de la SIDE para operar en el exterior. Actualmente, las limitaciones impuestas por las leyes nacionales son consideradas más estrictas que las de otros países, lo que limita la eficacia de las operaciones en el ámbito internacional.

Aunque el Gobierno avanza en estos cambios estructurales, la legislación relacionada con la seguridad nacional sigue atascada en el Congreso, sin un horizonte claro para su aprobación, lo que podría generar tensiones dentro del oficialismo, especialmente en un año electoral. En la mesa chica de Casa Rosada, se sigue trabajando en el proyecto con el objetivo de fortalecer el sistema de seguridad del país, aunque aún persisten dudas sobre el timing y la viabilidad de estas reformas.