El Gobierno envió el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años

“Régimen Penal Juvenil”: el proyecto dice tener el objetivo de que “el adolescente imputado comprenda y se arrepienta” del delito. “Delito de adulto, pena de adulto”, había alegado el presidente Javier Milei. Según consignó el portal BAE Negocios, esto se traduce, según redactaron en el proyecto, en “fomentar en el adolescente imputado el sentido de responsabilidad por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”. Incluye capacitaciones, educación primaria obligatoria y la obtención de un trabajo.

Bajo el nombre de “Régimen Penal Juvenil”, el proyecto, al que accedió BAE Negocios, cuenta con 7 capítulos y establece que “el régimen de penas deberá orientarse siempre a la educación y resocialización, a fin de que el adolescente imputado tenga un futuro de vida en paz y armonía, con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.

A su vez, agrega que deberá respetarse la dignidad humana, prohibir la discriminación del imputado y la publicidad del nombre del adolescente, bajo el principio de Reserva del proceso. Un punto clave, en línea con la advertencia de la Corte Suprema sobre que no hay lugar para detener a menores, es la prohibición de que el alojamiento del imputado sea junto a mayores de edad. En ese sentido, se promueve como “indispensable” un alojamiento en dependencias acondicionadas especialmente para ese fin, “bajo dirección de personal idóneo para el trato con aquellos”. En ese sentido, también hay un artículo dedicado a la capacitación del personal.

También cuenta con una sección de Medidas Complementarias a las que deberá imponerse el adolescente, ya sea de forma individual o colectiva, que implica una serie de asesoramientos y programas educativos, de formación ciudadana, deportivos, recreativos o culturales, e incluyen “la obtención, en un plazo razonable, de un trabajo, en el que deberá dar cuenta de su ingreso y registro laboral y aportar al tribunal las constancias pertinentes”. Cuenta con un artículo específico dedicado a la abstención del consumo de drogas o bebidas alcohólicas.

La pena de prisión podría llegar a ser reemplazada por una amonestación, monitoreo electrónico, prohibiciones específicas -como salir del país o conducir un vehículo- o la prestación de servicios a la comunidad, solo si el delito imputado no supera los 6 años y ninguno de los hechos haya implicado “la muerte, una grave violencia física o psíquica sobre las personas” y el adolescente no registre otros procesos en trámite. Para ello, se necesitaría un dictamen previo por una junta integrada por al menos dos psicólogos y un asistente social, con conformidad del fiscal. Las siguientes secciones especifican el tratamiento que tendría cada pena reemplazante.

“La educación primaria será obligatoria”, establece el artículo 51, mientras que las actividades formativas, tanto laborales como recreativas, se brindarán o promoverán “en lo posible”. Todo debería ser registrado en un informe trimestral del director del instituto especializado que sería enviado a la autoridad judicial competente.

El proyecto, además, incluye la especificación de que estos procedimientos deberán estar a cargo de jueces, fiscales, defensores y órganos con capacitación especializada y alcance tanto normas internacionales como jurisprudencia nacional sobre los derechos del niño y derechos humanos.

El texto completo del proyecto de baja de imputabilidad

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