El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa que el Gobierno de Javier Milei implementará dos medidas clave en materia de identidad de género y seguridad en el sistema penitenciario. Por un lado, se prohibirá que personas privadas de la libertad soliciten ser trasladadas a cárceles de mujeres solo por autopercibirse como tal. Por otro, se modificará la Ley de Identidad de Género para restringir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adecuación corporal en menores de 18 años.
Fin del traslado de reclusos por autopercibirse mujeres
En su declaración, Adorni explicó que, hasta ahora, cualquier persona detenida podía solicitar su traslado a una prisión de mujeres con solo manifestar su identidad de género autopercibida. Esto, según el Gobierno, generaba situaciones de riesgo, como lo ocurrido en Córdoba, donde un hombre condenado por violencia de género pidió el traslado y, una vez en el penal de mujeres, abusó de otras internas.
“El sistema actual se convirtió en una herramienta para que condenados, incluso por violencia contra las mujeres, vuelvan a cometer delitos aberrantes cuyas víctimas también son mujeres”, afirmó Adorni.
Con esta modificación, el Ejecutivo busca “garantizar la seguridad de todas las detenidas” y “terminar con los abusos derivados de lo que califican como una imposición ideológica”.
Sin embargo, de acuerdo con un pedido de acceso a la información realizado por el Centro de Datos de Chequeado, solo 2 personas privadas de libertad solicitaron traslado por cambio de identidad en cárceles federales. En el sistema penitenciario bonaerense, en el 99% de los casos el cambio fue antes de ser detenidas. En Santa Fe solo hubo 3 solicitudes en 10 años, mientras que en Córdoba hay 28 personas trans detenidas.
Además, especialistas señalan que las personas trans en cárceles enfrentan condiciones más gravosas, con menor acceso a actividades, educación y atención médica específica.
Restricción de tratamientos hormonales y cirugías en menores
El segundo cambio anunciado por el Gobierno implica la modificación de la Ley de Identidad de Género, aprobada en 2012, que actualmente permite a menores de edad acceder a tratamientos de hormonización y cirugías para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida.
Según explicó Adorni, el Ejecutivo considera que estos procedimientos representan “un grave riesgo para la salud física y mental de los niños”, ya que pueden ser irreversibles y afectar su proceso de maduración.
“El interés superior del niño debe estar por encima de cualquier cuestión ideológica. Países que fueron pioneros en el cambio de género, como Reino Unido, Suecia, Finlandia y recientemente Estados Unidos, están revirtiendo estas políticas por sus devastadoras consecuencias a largo plazo”, argumentó el vocero presidencial.
Hasta ahora, la normativa permitía que un menor de edad se sometiera a estos procedimientos con el consentimiento de sus padres, y en caso de desacuerdo, era posible acudir a la Justicia para obtener una autorización. Con el nuevo decreto, se prohibirán tanto los tratamientos hormonales como las cirugías de reasignación sexual en menores de 18 años.
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