El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick rechazó este lunes la medida de no innovar solicitada por el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, German Martínez, para frenar la designación de la legisladora radical Roxana Reyes como representante de la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Juez Martín Cormick.
El magistrado resolvió “rechazar la medida de no innovar solicitada por el Diputado Martínez –Presidente del bloque del Frente para Todos- consistente en la suspensión de la Resolución 0689/22 por carecer de verosimilitud su petición”, según surge del fallo de 18 páginas.
El juez Cormik analizó que la designación de Reyes “‘en apariencia’ (dado el estrecho marco de conocimiento que permite una resolución cautelar) respeta la disposición legal vigente (ley 24.937 art. 2do, inciso 3ero) en cumplimiento de la sentencia del 16/12/21 y la situación existente pues la U.C.R. constituye –al día de la fecha- la ‘segunda minoría’ en cantidad de diputados”.
Allanando el camino
Con este fallo -que es apelable-, el Poder Judicial comienza a despejar el camino para que la diputada Reyes pueda finalmente jurar en el Consejo de la Magistratura.
Algo similar ocurrió el sábado pasado, cuando otro juez del mismo fuero, Pablo Cayssials, rechazó la cautelar con la que el dirigente del PRO Luis Juez intentaba bloquear la designación del senador Martín Doñate para la Magistratura.
El de este lunes es el segundo revés que recibe la presentación del diputado Martínez a manos del mismo juez: la semana pasada le había rechazado la precautelar solicitada para que suspenda el trámite de designación de la diputada radical y pidió al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, un informe sobre ese nombramiento.
En aquella resolución el juez solicitó a Massa que entregue en un plazo de tres días un informe sobre esa designación, tras lo cual quedó en condiciones de definir sobre la medida de no innovar.
Los planteos judiciales se suscitaron a partir de la ejecución del fallo de la Corte que determinó que el Consejo de la Magistratura debía volver a su conformación de 20 miembros -hasta que el Congreso sancionara una nueva ley- para lo cual el Parlamento debía designar dos nuevos consejeros por las segundas minorías de cada cámara.
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