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Tras aprobar por 69 votos a favor y 3 en contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el Senado de la Nación inició la tarde de este jueves el debate de la Ley de Glaciares. El oficialismo promueve modificaciones con el argumento de que la reforma facilitará la llegada de capitales vinculados a la minería.
Finalmente, con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, la Cámara Alta aprobó con media sanción la iniciativa, que ahora pasará a la Cámara de Diputados para ser discutido.
En una de las galerías del recinto celebraron con fervor la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
Se trató de una sesión cargada de tensiones. Desde la oposición advirtieron que el dictamen registró cambios en pleno tratamiento, sin que los legisladores lograran conocer en detalle las alteraciones introducidas.
El cierre estuvo a cargo de la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien volvió a defender la propuesta “para volver a ser un país rico” e insistió en que la actividad minera “tiene muchas más precauciones que cualquier actividad”.
Además, sostuvo que resulta necesario permitir a las provincias explotar sus recursos bajo un esquema de “protección con responsabilidad y reglas claras”, y agregó: “Queremos un país que pueda producir hasta en el último milímetro para que la gente sea más rica y para que haya un capitalismo productivo que nos beneficie a todos”, enfatizó.
“A ver si las provincias cambian su matriz de empleo público”, dijo la senadora, al afirmar que las inversiones del sector impulsarán otras áreas. “Van a ver la cantidad de plata que va a entrar”, completó.
De qué trata el proyecto
La reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.
Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.
La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.
Son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.
Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.
El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.
A través del inventario, el organismo técnico tendrá la función de individualizar glaciares y formas periglaciares en el territorio nacional, y sobre éstas últimas deberá diferenciar entre aquellas que cumplen con la función hídrica de las que no.
Entre las actividades prohibidas, es decir, aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor hídrico de los glaciares se encuentran aquellas que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura o infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales.
En cambio, las actividades permitidas son las investigaciones científicas, las tareas de rescate de emergencia, y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada.
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