El Tribunal del Mar dio a conocer qué exige Argentina en la explotación de hidrocarburos en Islas Malvinas

El Gobierno argentino formalizó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) una demanda formal para exigir la suspensión inmediata de los trabajos de extracción petrolera que el Reino Unido impulsa de forma unilateral en el área circundante a las Islas Malvinas. La presentación busca frenar el avance del proyecto hidrocarburífero “Sea Lion” en la Cuenca Norte, una iniciativa comercial impulsada por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Para comprender la dimensión del conflicto, es necesario repasar qué se debate en la justicia internacional, qué hay en juego en el lecho marino y por qué el Estado argentino sostiene que estas operaciones violan las normas internacionales.

Qué es el Tribunal del Mar

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un organismo judicial independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), un tratado internacional que regula el uso de los océanos, la navegación y los recursos naturales marinos. Tanto la Argentina como el Reino Unido son países firmantes de este acuerdo.

Cuando un Estado considera que otro viola las normas de la Convención y genera un daño irreparable antes de que un juicio arbitral largo pueda dar una sentencia definitiva, la normativa le permite acudir al Tribunal para pedir medidas provisionales de carácter urgente. Eso fue exactamente lo que hizo la Argentina el pasado 13 de octubre: solicitar un freno cautelar que paralice las perforaciones y la extracción de crudo mientras se discute el fondo del asunto.

Recursos y soberanía

El núcleo de la disputa radica en que el Reino Unido otorga licencias comerciales en espacios marítimos que corresponden a la plataforma continental argentina, una zona que constituye la prolongación natural del territorio nacional.

Aunque la Argentina no le pide al Tribunal que resuelva directamente la soberanía territorial de las islas, sí exige que se respeten los derechos soberanos sobre los recursos naturales del lecho y subsuelo marino que garantiza la CONVEMAR.

El país sostiene que, al tratarse de un archipiélago colonial bajo supervisión de las Naciones Unidas y con una disputa de soberanía reconocida a nivel global, ninguna potencia ocupante puede disponer unilateralmente de recursos no renovables ni actuar como si el conflicto no existiera.

“Sea Lion” y los riesgos ambientales

El proyecto petrolero cuestionado apunta a extraer petróleo a más de 100 millas náuticas al norte de las islas, un esquema que contempla la perforación de múltiples pozos y la instalación de infraestructura submarina gigante.

En su presentación ante los jueces internacionales, la Argentina advirtió sobre dos problemáticas críticas:

Daño irreversible en el lecho marino: A diferencia de la pesca o la navegación, la extracción de hidrocarburos vacía yacimientos y altera de forma permanente la geología del suelo y subsuelo submarino, un daño físico que jamás podrá ser revertido ni compensado económicamente.

Peligro ambiental y lejanía: Informes técnicos presentados en la causa recuerdan que la zona austral presenta condiciones meteorológicas extremadamente hostiles, con vientos huracanados y grandes olas. Ante un eventual accidente o derrame de petróleo, la distancia geográfica con los centros logísticos dificultaría enormemente una respuesta rápida, amenazando con contaminar aguas bajo jurisdicción indiscutida de la Argentina.

Falta de control local

Otro de los puntos centrales del reclamo es la imposibilidad en la que se encuentra el Estado argentino para ejercer sus deberes de fiscalización y control ambiental. La Argentina es el país responsable legalmente de coordinar las tareas de búsqueda y rescate en esa vasta región oceánica, además de tener la obligación de proteger el ecosistema marino.

Permitir que empresas extranjeras operen sin supervisión federal, bajo normas dictadas por autoridades británicas de facto y con el único fin de extraer recursos ajenos, consolida un desequilibrio económico donde la riqueza no renovable se exporta sin dejar beneficios estructurales para el país y comprometiendo el futuro ambiental de la región.

El documento presentado por la Cancillería Argentina enfatiza que la conducta británica no solo vulnera los derechos exclusivos sobre la plataforma continental, sino que también incumple la obligación general de negociar de buena fe y resolver las controversias por medios pacíficos.

Asimismo, se destaca que la manipulación del principio de libre determinación de los pueblos resulta improcedente en un territorio colonial donde la población actual fue establecida por la potencia ocupante y donde la propia Organización de las Naciones Unidas ha ratificado sistemáticamente que el caso se rige por un proceso especial de descolonización.

Cómo sigue el proceso judicial

Tras la presentación de este voluminoso escrito legal por parte de la Cancillería argentina, el organismo internacional tomó cartas en el asunto. El presidente del Tribunal firmó la Orden 2026/10, fijando las audiencias públicas para los días 10 y 11 de noviembre de 2026 en la sede judicial de Hamburgo, Alemania.

En esas jornadas, tanto los representantes del Estado argentino como los del Reino Unido expondrán oralmente sus argumentos frente a los jueces internacionales. El fallo que resulte de estas audiencias determinará si el Tribunal ordena o no las medidas cautelares exigidas por el país, marcando un hito en la defensa jurídica de los recursos naturales del Atlántico Sur.