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El uso de celulares en las aulas de las escuelas argentinas abrió un gran debate. Recientemente se indicó que el 54% de los estudiantes argentinos de 15 años reconocieron que se distraen en clase usando dispositivos digitales. Este porcentaje es el más alto de los 80 países que participaron en las últimas pruebas PISA 2022.
El dato se desprende del informe “Celular en el aula: uso, distracción y aprendizajes“, del Observatorio de Argentinos por la Educación con autoría de Andrea Goldin (CONICET y Laboratorio de Neurociencia, Universidad Torcuato Di Tella), María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación).
En Santa Cruz, autoridades del Consejo Provincial de Educación fueron consultadas por La Opinión Austral sobre esta problemática educativa y señalaron que no hay una normativa única sobre el uso de los dispositivos en clases, pero remarcaron que “cada institución resuelve según sus acuerdos de convivencia“. Es decir que cada establecimiento define cómo se utilizan en el horario escolar.
Buenos Aires
En este escenario, la legislatura bonaerense aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares en las aulas de las escuelas primarias de la provincia. La iniciativa busca promover hábitos saludables y garantizar un uso responsable de la tecnología en el ámbito escolar.
El proyecto, impulsado por los senadores Emmanuel González Santalla (La Cámpora) y Lorena Mandagarán (GEN), impide el uso de dispositivos electrónicos durante la permanencia de los estudiantes en los establecimientos de gestión pública y privada, salvo que su utilización sea requerida por los docentes.
La medida surge en un contexto de preocupación por el rendimiento escolar: según las últimas pruebas Aprender, el 46% de los alumnos de tercer grado no alcanza los niveles mínimos de lectura. Legisladores y especialistas advierten que el uso excesivo de pantallas fragmenta la atención, dificulta la concentración y afecta el aprendizaje.
La norma, que tuvo su primer tratamiento en el Senado y fue convertida en ley por Diputados, será reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial en un plazo de 180 días. Si bien todavía no hay una fecha definida para su entrada en vigencia, se estima que se aplicará de manera obligatoria recién en 2026.
La prohibición en aquella provincia se alinea con medidas similares ya implementadas en la Ciudad de Buenos Aires y en otros países como Francia, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Noruega y China.
Entre los argumentos, se destacó que los celulares generan distracciones, fomentan la multitarea y reducen el tiempo de juego e interacción entre pares, lo que puede derivar en problemas de aprendizaje, conductas impulsivas y dificultades en la salud física y mental de los niños.
Los senadores remarcaron que la iniciativa no significa excluir la tecnología de la educación, sino integrarla de manera segura y pedagógica, con docentes preparados para aprovechar sus beneficios sin que interfieran en los procesos de enseñanza esenciales.
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