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Un centenar de estudiantes de distintas universidades nacionales ingresó este miércoles por la tarde al Palacio Pizzurno, ubicado en Pizzurno 935, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación, para realizar una sentada y exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
La protesta se produjo después del fallo judicial que obligó al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo que había frenado su aplicación. La resolución fue dictada por la Justicia Federal y ordenó al Estado nacional garantizar la ejecución presupuestaria prevista por la norma aprobada por el Congreso.
En videos que circularon en redes sociales se observó el ingreso de decenas de jóvenes al edificio, pese a la resistencia inicial de los agentes de la Policía Federal Argentina que se encontraban en el acceso. “Vamos a hacer una sentada pacífica”, fue una de las frases que se escuchó durante los primeros minutos de la protesta.
De la medida participaron principalmente estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aunque también estuvieron presentes representantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
Además de reclamar el cumplimiento de la ley, los manifestantes exigieron un aumento de la Beca Progresar y convocaron a otros estudiantes y miembros de la comunidad universitaria a concentrarse frente al Palacio Pizzurno para acompañar la protesta.
Los estudiantes entregaron un petitorio formal en la mesa de entradas y señalaron que permanecerían en el edificio hasta ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendell. El reclamo también estuvo vinculado con la situación presupuestaria de las universidades nacionales, los salarios de docentes y nodocentes y el financiamiento de las becas.
El Gobierno ordenó el desalojo y anunció una denuncia judicial
A pocas horas del ingreso de los estudiantes, las fuerzas de seguridad llevaron adelante el desalojo del Palacio Pizzurno. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, informó el operativo a través de un video y, según fuentes oficiales, no hubo detenidos.
Tras el desalojo, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que calificó el ingreso de los estudiantes como una “toma violenta” del Palacio Sarmiento y denunció presuntos “daños al patrimonio público”.
Según informó la cartera, la evacuación del edificio se realizó en conjunto con el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por la ministra Alejandra Monteoliva, y la Policía Federal Argentina. Desde el Gobierno señalaron que el operativo permitió “recuperar las instalaciones”.
El Ministerio de Capital Humano adelantó además que presentará una denuncia judicial para que se investigue lo ocurrido, se determinen los eventuales daños ocasionados y se establezcan las responsabilidades correspondientes.
En su comunicado, el Gobierno sostuvo que “el derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas”. También remarcó que el diálogo y el respeto por las instituciones deben ser los mecanismos para canalizar los reclamos.
La cartera conducida por Pettovello advirtió, además, que no pretende “volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta”.
La protesta en el Palacio Pizzurno se desarrolló en paralelo con otras acciones impulsadas por el sector universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) trasladó una de sus reuniones a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, en medio de la disputa por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las agrupaciones estudiantiles, en tanto, anticiparon que continuarán con las medidas de fuerza y las asambleas en distintas universidades del país, mientras el conflicto entre las instituciones de educación superior y el Gobierno nacional permanece abierto.
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