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La mejor forma de esconder algo es dejando a la vista de todos” es una frase del libro La Carta Robada del célebre escritor Edgar Allan Poe, que hace referencia a una estrategia de ocultamiento basada en la psicología humana y la falta de atención de las personas.

Esa estrategia parece haberse usado en la primera semana de marzo en la localidad de Río Gallegos, cuando comenzó el juicio por el hundimiento del ARA San Juan. El debate está siendo presidido por el juez Mario Gabriel Reynaldi y lo integran además Enrique BaronettoLuis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini.

Del Ministerio Público Fiscal actúa través de un equipo de fiscales encabezados por el fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, Gastón Franco Pruzan, quien está acompañado por María Andrea Garmendia Orueta, fiscal de Investigaciones Administrativas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal; Lucas Colla, fiscal federal interino a cargo de las sedes centralizadas de Caleta Olivia; y Julio Zárate, fiscal general interino a cargo de la unidad fiscal de Río Gallegos, además de las querellas representadas por Valeria Carreras y Luis Tagliapietra.

Más allá de esos nombres, una persona que estuvo durante las largas jornadas en el tribunal Oral Federal pasó inadvertido hasta el último día de las audiencias cuando una de las abogadas querellantes preguntó sobre su identidad.

Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Villamide y Héctor Aníbal Alonso, escuchando a su co imputado. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Se trataba de José Daniel Lorenzo, un abogado de la Armada Argentina, nombrado como “auditor”, aunque también fue referido como asesor logístico para el traslado de potenciales testigos. Sin embargo, como ya se sabía, durante los primeros días del debate solo se contarían los testimonios de los cuatro imputados como presuntos responsables del hundimiento de la nave en 2017.

De pelo tupido, raya al costado, camisa blanca, traje azul e impolutos zapatos que vistió durante las cuatro jornadas, esas fueron algunas de las características de Lorenzo, quien -aparentemente por decisión estratégica o por circunstancias fortuitas- casi nunca fue captado por la transmisión oficial.

Valeria Carreras, querellante, este jueves durante el juicio. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante las extensas audiencias, Lorenzo solía ubicarse detrás de los acusados, aunque en pantalla apenas se lo percibía de la cintura para abajo. En ocasiones utilizaba una computadora portátil para tomar anotaciones; en otras, permanecía con las manos entrelazadas, siguiendo atentamente el desarrollo del juicio contra los imputados.

La imagen que ilustra esta nota corresponde al único momento en que la transmisión del juicio, realizada a través de la plataforma Zoom, permitió ver su rostro. Fueron apenas unos segundos, tras la apertura del plano luego de la desconexión de una de las partes.

En la última jornada de indagatorias, luego de una moción para que una familiar de las víctimas no exhibiera un cartel que podría “afectar el normal desarrollo del juicio” -medida que finalmente fue revertida-, la abogada Valeria Carreras querellante por la mayoría consultó sobre el carácter en el que se encontraba Lorenzo. El presidente del tribunal, Mario Gabriel Reynaldi, indicó que se trataba de un “auditor” de la Armada y que, al ser un juicio público, no podía impedir su presencia, aunque sí cabía consultar a cada testigo si se sentía cómodo con ella.

Lucía Zunda Meoqui, hermana de uno de los 44 submarinistas, con las tapas especiales de La Opinión Austral y Crónica. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Tras los primeros días del juicio, Juan Pablo Vigliero, abogado defensor de Claudio Villamide, había señalado a La Opinión Austral que Lorenzo cumplía funciones de asesor en la logística del traslado de testigos. Cabe recordar que la Armada también intervino en el traslado de quienes declararon cuando la causa se tramitaba en Caleta Olivia, lo que generó polémica a partir de una denuncia de una de las querellas, que advertía sobre una posible coacción durante esos viajes.

Pero la pregunta persiste: ¿Quién es y qué hacía Lorenzo en el juicio por el ARA San Juan? Tras una búsqueda realizada por La Opinión Austral, se pudo establecer que su presencia en internet es casi inexistente. Solo figura un perfil en LinkedIn, sin foto ni publicaciones, donde se presenta como “abogado de la Armada Argentina” desde marzo de 2001.

Lorenzo tiene rango de Capitán de Fragata Auditor (CFAU/CCAU, según el tramo) y, hasta allí, no habría elementos que llamen la atención. Sin embargo, La Opinión Austral pudo saber que en el Consejo de Guerra de 2021, cuando se dispuso la destitución de Villamide, Lorenzo representó legalmente a Correa, Alonso y a Marcelo Srur, entonces jefe de la Armada.

El submarino ARA San Juan en la superficie. FOTO: ARMADA ARGENTINA / JUAN SEBASTIÁN LOBOS.

Este último fue sancionado con 45 días de arresto riguroso por haber informado de manera “incompleta” al Ministerio de Defensa sobre los sucesos vinculados al submarino ARA San Juan, “impidiendo de esta forma también proporcionar información a los familiares de los tripulantes, con el agravante de no comparecer ante la opinión pública, demostrando falta de compromiso y diligencia, con el consecuente menoscabo institucional de la imagen de la Armada Argentina“, según indicó en aquel momento la cartera de Defensa.

Entonces, la pregunta se impone: ¿Cuál era la función de Lorenzo en Río Gallegos? Si su rol era el de “auditor”, difícilmente podría desempeñarse como asesor en logística. Y si, en cambio, su tarea estaba vinculada a los traslados, ¿para qué traslados, si en las primeras jornadas no hubo testigos? De cara a lo que viene, surge otro interrogante: ¿volverá a presentarse cuando se reanude el juicio?

El hecho de que un abogado que representa a la Armada y que además fue defensor de algunos de los acusados —así como del entonces jefe de la fuerza— participe en el proceso resulta, cuanto menos, inquietante. Más aún si se tiene en cuenta que, en 2021, la cadena de responsabilidades pareció detenerse en determinados niveles, sin alcanzar a Srur, a Óscar Aguad y, por consiguiente, a Mauricio Macri.

La Armada cuida a los suyos“, deslizan en los pasillos del Tribunal Federal Oral. En ese contexto, la presencia de Lorenzo abre múltiples interrogantes: ¿cumple una función de control interno?, ¿brinda información de primera mano a sectores interesados?, ¿o simplemente responde a tareas logísticas, como se indicó oficialmente?

Su bajo perfil tampoco pasa inadvertido. El alejamiento de las cámaras, la salida por accesos laterales durante los cuartos intermedios y una ubicación cuidadosamente elegida dentro de la sala para evitar ser captado por la transmisión oficial no hacen más que reforzar las dudas sobre su verdadero rol. La incógnita, por ahora, permanece abierta: ¿Cuál es, en definitiva, la función de Lorenzo en este proceso ser un espía, testigo, un “auditor” o un asesor de logística?

Lo que viene

Para esta semana se espera que, pese al feriado por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, por decisión del tribunal en acuerdo con las partes, se retomará el juicio, ahora si, con el testimonio de los testigos.

Quienes prestarán su testimonio será personal de la Armada y algunos familiares. “A diferencia de la primera semana, donde escuchábamos a los imputados, ahora van a venir testigos que no pueden mentir”, aseguró Valeria Carreras en declaraciones a LU12 AM680 la semana pasada.

Los fiscales Julio Zárate y Lucas Colla extenuados tras cuatro jornadas de juicio. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En esa línea, ella profundizó sobre el peso jurídico de esas declaraciones: “Los testigos ya declararon en sede judicial. Entonces, si dicen algo distinto, incurren en falso testimonio. No es menor lo que van a decir”, algo que será relevante para la causa.

Carreras fue aún más contundente al diferenciar esa instancia de la etapa previa: “El imputado puede callar, puede no declarar contra sí mismo, incluso puede mentir para mejorar su situación procesal. El testigo no. El testigo tiene la obligación de decir la verdad”, en un punto similar a lo que dijo Juan Pablo Vigliero que, cuando habló con La Opinión Austral, destacó la oralidad que da el juicio, diferente a lo que pasó en las instancias anteriores.

El presidente del tribunal Mario Gabriel Reynaldi. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Sobre el contenido de esas futuras declaraciones, Carreras adelantó elementos sensibles. “Hay testigos que firmaron informes, que tomaron conocimiento de las falencias del submarino, de las roturas que tenía. No van a poder decir ‘no sabía’ o ‘no me enteré’. Firmaron que estaba roto”, afirmó.

Además, anticipó que se abordarán antecedentes directos de la tragedia. “Van a tener que explicar qué pasó en la navegación de julio, donde ya había ocurrido el mismo hecho que después terminó en el desastre”, señaló.

La querella también espera testimonios desde el ámbito más íntimo de los tripulantes. “Muchas esposas guardaron papeles, mensajes, información que sus maridos tenían. Van a contar qué les decían sobre las condiciones del submarino“, explicó.

En paralelo, Carreras defendió con firmeza la modalidad presencial del juicio. “La presencialidad es vital. No es lo mismo una entrevista por Zoom que cara a cara. El tono, la gestualidad, los silencios… todo eso aporta a la verdad”, subrayó.

En cuanto a la estrategia de la defensa, la abogada dejó una definición sin matices. “Con lo que han dicho hasta ahora, si esta es la defensa que tienen, no tengo ningún obstáculo para avanzar”, afirmó. Y agregó: “No han podido desvirtuar los hechos centrales”.

El juicio entró en una etapa determinante, tras las indagatorias de los cuatro imputados, en las que dijeron que solo respondían a sus superiores, la congoja de los familiares de los 44 héroes que  y la presencia de Lorenzo que ¿este lunes estará en la sala de audiencia?

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