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El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina emitió un contundente comunicado en el que manifestó su preocupación por el Proyecto de Ley 561, recientemente enviado a la Legislatura Provincial de Santa Cruz.
La iniciativa propone modificar la Ley N° 1600, Ley Orgánica de la Justicia de la provincia, para eliminar el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría General y la defensa pública integral, lo que —según el organismo— representa una grave afectación al sistema republicano y un retroceso en materia de derechos humanos y acceso a la justicia.
“Una gravedad institucional inadmisible”
En su comunicado, el Consejo Federal calificó la propuesta como de “gravedad institucional inadmisible” y sostuvo que avanzar en la eliminación de la Defensoría General resultaría inconstitucional, en virtud de lo dispuesto por la Constitución de Santa Cruz y la Constitución Nacional.
Recordó que el artículo 6 de la Carta Magna provincial prohíbe suspender la efectividad de las garantías y derechos constitucionales, mientras que el artículo 120 de la Constitución Nacional —reformada en 1994— consagra la autonomía y autarquía del Ministerio Público de la Defensa, reconociéndolo como un órgano independiente del poder político.
El rol clave de la Defensa Pública
El comunicado destaca que la Defensa Pública cumple un papel esencial en la protección de los derechos humanos, especialmente de personas en situación de vulnerabilidad.
Entre los sectores asistidos se incluyen pueblos originarios, personas privadas de libertad, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia de género, personas con padecimientos mentales y víctimas de violencia institucional o hechos de inseguridad.
“Eliminar este organismo —señala el Consejo— implicaría afectar el acceso a la justicia de miles de personas que dependen de la asistencia legal gratuita del Estado”, advirtieron.
Respaldo internacional al funcionamiento autónomo
El Consejo recordó además que la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha reconocido en distintas Resoluciones la importancia de garantizar la independencia y autonomía de las defensorías públicas oficiales.
Entre las normas citadas figuran la AG/RES 2656 (2011), la AG/RES 2714 (2012), la AG/RES 2801 (2013) y la AG/RES 2821 (2014), que instan a los Estados miembros a fortalecer la defensa pública como garantía de acceso a la justicia.
La declaración también cita la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “José Agapito Ruano Torres vs. El Salvador” (2015), en la que el tribunal sostuvo que los Estados deben dotar a las defensorías públicas de autonomía funcional y presupuestaria para garantizar una representación “en igualdad de armas con el poder persecutorio”.
Pedido de diálogo y respeto institucional
El Consejo Federal de Defensores concluyó su pronunciamiento solicitando al Poder Ejecutivo de Santa Cruz que retire el proyecto de ley 561 y garantice el pleno ejercicio de las funciones constitucionales de la Defensora General y de los defensores públicos.
“El respeto irrestricto a la labor y función autónoma de la defensa pública es condición indispensable para la vigencia del Estado de Derecho”, subrayaron.
Con esta declaración, el Consejo Federal se suma a las expresiones de rechazo institucional que generó el proyecto en distintos sectores jurídicos y de derechos humanos, que advierten que la eliminación de la Defensa Pública sería un retroceso sin precedentes en la provincia de Santa Cruz.
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