Según informe de la UBA, el Gobierno nacional redujo 50% el financiamiento educativo

Del informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA se desprende que en 2024 comenzó la retracción del financiamiento nacional destinado a las políticas educativas.

La función Educación y Cultura registró una caída real de 43,2% respecto del año anterior y redujo su participación en el PIB en aproximadamente 0,6 puntos porcentuales. Si bien este comportamiento se produjo en el marco de un proceso más amplio de reducción del gasto público nacional, la contracción educativa fue más profunda en términos relativos. Como resultado, la participación de Educación y Cultura dentro del gasto total de la Administración Pública Nacional (APN) también se redujo respecto de los niveles observados en años previos.

En 2025 se consolidó la trayectoria iniciada en 2024, con una nueva caída real de 7,9% respecto del ejercicio previo. El ajuste volvió a concentrarse en algunos de los principales componentes del gasto educativo nacional, particularmente las transferencias destinadas a universidades, programas de apoyo a estudiantes y transferencias a provincias.

En términos programáticos, el ajuste de 2025 alcanzó a varios de los principales programas de la Secretaría de Educación. Las transferencias destinadas al financiamiento universitario -a través del programa Desarrollo de la Educación Superior– registraron una caída real de 5,4% interanual, mientras que las becas estudiantiles se redujeron 42,5% y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas cayó 49,5% en términos reales.

La principal excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que incrementó su ejecución y se convirtió en una de las principales líneas de acción de la Secretaría. En este sentido, si bien el financiamiento educativo nacional se redujo en términos agregados, el ajuste no fue homogéneo entre programas.

Universidades en lucha

El detonante de las protestas ocurrió cuando el Poder Ejecutivo decidió prorrogar el presupuesto del año anterior para el ejercicio fiscal siguiente. Ante una inflación que superaba el 200% interanual, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que las partidas para gastos de funcionamiento básico —como tarifas de luz, gas, insumos de laboratorios y mantenimiento de infraestructura— solo alcanzaban para sostener las aulas abiertas hasta el primer cuatrimestre.

Esta situación de ahogo financiero derivó en las Marchas Federales Universitarias, convocadas por los rectores, sindicatos de trabajadores docentes y nodocentes, y las federaciones estudiantiles.

Las masivas movilizaciones de abril y octubre se replicaron en las principales capitales provinciales del país y se convirtieron en un punto de quiebre. En Buenos Aires, cientos de miles de ciudadanos ganaron las calles en defensa de la universidad pública como herramienta de movilidad social, obligando a las autoridades a reajustar de urgencia los gastos operativos de las plantas edilicias.

Sin embargo, las paritarias sectoriales mantuvieron el conflicto abierto en el plano salarial debido a los reclamos por la pérdida del poder adquisitivo del personal.

Los gremios universitarios denunciaron durante meses que los ingresos de profesores y no docentes quedaron relegados frente al índice de precios acumulado. Esto originó paros por tiempo indeterminado, el dictado de clases públicas en la vía pública y un proceso de renuncia de investigadores con dedicación exclusiva, quienes migraron hacia el sector privado o al exterior.

La tensión en el sector se profundizó con medidas de fuerza en los propios establecimientos educativos.

Estudiantes de diversas facultades iniciaron tomas pacíficas de edificios, vigilias y cortes de calles en sedes de la UBA, Córdoba, La Plata y el interior bonaerense tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

Finalmente, el reclamo estudiantil hizo especial foco en la pérdida de equidad para el acceso y la permanencia en los estudios superiores. Las protestas visibilizaron el impacto directo del aumento del transporte público y la caída real del 42,5% en los programas de becas estudiantiles y asistencia socioeducativa detallados en el informe, marcando los límites de la resistencia de la comunidad universitaria ante el plan de ajuste fiscal.