Las defensas del ARA San Juan cerraron filas y pidieron la absolución de los tres imputados: “La Fiscalía no probó el estrago”

La recta final del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan sumó este lunes un nuevo capítulo cargado de definiciones jurídicas y fuertes cuestionamientos a la acusación del Ministerio Público Fiscal. En una de las últimas audiencias antes de que el Tribunal Oral Federal ingrese en la etapa de deliberación, los defensores del contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, del capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y del capitán de fragata retirado Hugo Correa coincidieron en un mismo planteo: solicitar la absolución de sus asistidos al sostener que durante el debate no se logró demostrar que hubieran incumplido sus deberes funcionales ni que sus conductas tuvieran relación con el hundimiento del submarino y la muerte de sus 44 tripulantes.

Tal como viene ocurriendo desde principios del mes de marzo, y tal como lo informado La Opinión Austral en su cobertura especial, ppcos minutos después de las 9 de la mañana comenzó una audiencia que estuvo marcada por extensas exposiciones técnicas y procesales. El primero en tomar la palabra fue el abogado Gastón Morillo, defensor de Luis López Mazzeo, quien desde el inicio cuestionó la estructura de la acusación fiscal.

El letrado sostuvo que toda acusación penal debe estar debidamente fundada y aseguró que, a su criterio, las conclusiones de la Fiscalía “no están debidamente fundadas” porque las pruebas producidas durante el juicio “no son contundentes”. En esa línea afirmó que el Ministerio Público realizó “una descripción genérica” de los hechos y que nunca explicó de qué manera la prueba incorporada durante el debate respaldaba concretamente la responsabilidad penal atribuida a su defendido.

Morillo fue aún más allá al sostener que la acusación prácticamente no desarrolla el delito de estrago culposo. Según expresó durante su alegato, ni siquiera quedó establecido cuál fue la causa concreta del hundimiento del ARA San Juan, razón por la cual consideró imposible atribuir responsabilidades penales individuales.

El defensor insistió en que ninguna de las pruebas ventiladas durante casi cuatro meses de debate demuestra que López Mazzeo hubiera incumplido sus obligaciones como titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada. Por el contrario, aseguró que toda la evidencia “demuestra la inocencia” de su asistido.

En uno de los pasajes más fuertes de su exposición recordó que cerca de un centenar de testigos declararon ante el Tribunal, muchos de ellos propuestos por la propia Fiscalía, y sostuvo que ninguno afirmó que el submarino ARA San Juan no estuviera operativo al momento de iniciar su última misión.

A partir de esa valoración, Morillo consideró que el Ministerio Público debió haber solicitado directamente la absolución de López Mazzeo. También remarcó que, al desconocerse aún qué originó el estrago, resulta imposible establecer una relación causal entre la actuación de los imputados y el desenlace fatal.

El abogado sostuvo además que los antecedentes jurisprudenciales citados por la acusación no son comparables con este caso, ya que en aquellos expedientes existían certezas sobre las causas de los hechos investigados, mientras que en el caso del ARA San Juan “no sabemos qué pasó”, repitió en varias oportunidades.

Sobre el cierre de su intervención, Morillo manifestó que no se probó ninguno de los delitos atribuidos a López Mazzeo y que la acusación carece de sustento jurídico y probatorio. Por ese motivo solicitó al Tribunal la absolución de su defendido y dejó planteada la reserva para recurrir ante la Cámara de Casación en caso de un fallo adverso.

Segundo alegato

Tras un breve cuarto intermedio llegó el turno de la defensora oficial Leticia Diez, representante de Héctor Alonso y Hugo Correa, quien comenzó su alegato adhiriendo expresamente a todos los argumentos desarrollados previamente por Morillo.

Desde allí construyó su exposición cuestionando el análisis realizado por la Fiscalía sobre la prueba testimonial. Según afirmó, el Ministerio Público seleccionó únicamente aquellos fragmentos de cuatro declaraciones que favorecían su teoría del caso, omitiendo otros aspectos que, a criterio de la defensa, resultaban favorables para los imputados.

Diez sostuvo que esa metodología terminó construyendo una acusación parcial y afirmó que para sostener las responsabilidades penales de Correa y Alonso la Fiscalía “debió esconder pruebas” que surgieron durante el debate oral.

Respecto de Hugo Correa, rechazó la acusación que lo responsabiliza por la planificación de la misión y por presuntas omisiones vinculadas a las comunicaciones y al desarrollo operativo del submarino. Según expresó, las pruebas producidas durante el juicio no demostraron que esas supuestas omisiones hubieran tenido incidencia alguna en el desenlace del ARA San Juan.

En cuanto a Héctor Alonso, la defensora abordó uno de los puntos centrales de la acusación: la postergación de la inspección de seguridad del submarino. Recordó que dicha inspección había sido diferida para realizarse una vez concluida la misión y planteó que pretender que Alonso se opusiera a esa decisión resultaba completamente irrazonable. “¿Qué esperaban? ¿Que Alonso se negara y dijera que debía hacerse antes de la misión? Eso no iba a pasar“, sostuvo durante su alegato.

La defensora también cuestionó la relación causal planteada por la Fiscalía entre las supuestas omisiones administrativas y el hundimiento ocurrido el 15 de noviembre de 2017. Según expresó, aun cuando pudiera discutirse alguna actuación de sus asistidos, esas conductas no fueron la causa del estrago que terminó con la vida de los 44 submarinistas.

Con ese razonamiento, Diez pidió al Tribunal que rechace íntegramente la acusación fiscal, declare la nulidad de la imputación y absuelva tanto a Hugo Correa como a Héctor Alonso.

Finalizadas ambas exposiciones, los jueces dieron la palabra al equipo de fiscales para responder los planteos formulados por las defensas. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó un cuarto intermedio para preparar su réplica, pedido que fue concedido por el Tribunal por lo que las partes se reunirán nuevamente este martes a las 10 de la mañana.