Informe especial: El próximo 22 de junio comenzarán los alegatos por el ARA San Juan

En las salas de los tribunales de Santa Cruz, lejos del calor de los hogares donde se masticó el dolor durante casi una década, la causa penal por el hundimiento del submarino más emblemático de la Armada ingresó en su etapa más dramática.

Casi una década después de aquel fatídico 15 de noviembre del 2017 , cuando el Atlántico Sur se tragó al gigante de acero y a sus cuarenta y cuatro tripulantes, el escenario de la justicia se trasladó por imperio  al rincón más austral del país.

El Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, presidido por el juez Mario Reynaldi e integrado por Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini, se transformó en el epicentro de un debate histórico que tiene a cuatro altos mandos de la Armada en el banquillo de los acusados por estrago culposo agravado.

Fueron 29  audiencias incluyendo la inspección de un submarino gemelo, con una cobertura exclusiva de La Opinión Austral desde el 3 de marzo donde las partes escucharon testimonios técnicos, las defensas de Luis López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Miguel Correa y hasta testimonios de los familiares de las víctimas que perdieron la vida en una tragedia ¿evitable?.

Con testimonios presenciales y también de manera remota a través de la plataforma Zoom, los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, Gastón Pruzán y María Garmendia, además de las querellas y las defensas escucharon y realizaron preguntas sobre el hecho que había llegado a juicio.

En el aspecto técnico del debate,  que ha sigo cubierto de manera especial por La Opinión Austral, las audiencias sacaron a la luz la alarmante precariedad en la que navegaba la nave antes de hundirse a 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur.

De acuerdo con las exposiciones periciales del ex director de Material de la Armada, David Fabián Burden, basadas en estudios técnicos del astillero Thyssen Krupp, el submarino sufrió un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación de snorkel durante condiciones hidrometeorológicas extremas. El agua penetró en el tanque de baterías número tres de proa, provocando un cortocircuito que desencadenó un proceso de hidrólisis acelerada.

Este fenómeno acumuló aproximadamente 23 metros cúbicos de hidrógeno que, tras entrar en contacto con una chispa, generaron una violenta deflagración interna equivalente a diez kilos de TNT, incapacitando instantáneamente a la tripulación antes de que el buque se precipitara sin control hacia el abismo de las profundidades marinas.

Para la querella encabezada por Valeria Carreras, esta secuencia letal no fue producto del azar ni del error de los tripulantes, sino de una acumulación sistemática de fallas documentadas. Carreras insistió ante el tribunal en que “la falta de mantenimiento de la nave no estaba en condiciones de operar; si navegaba, si flotaba, pero con eso solo no garantizás condiciones de seguridad para una misión de veinticinco días” indicó en su momento en LU12 AM680.

La abogada expuso informes de inspecciones navales previas y actas del Consejo de la Armada Submarina de marzo de dos mil diecisiete donde se advertía el estado crítico de la nave, subrayando que “se solicita el ingreso imperioso del submarino al dique seco; imperioso no es una palabra así nomás, quiere decir urgente, necesario, prioritario e impostergable”. Carreras denunció que la nave ya había reportado incidentes de agua previos y que, en las horas críticas previas a la tragedia, “había empezado a llamar la noche anterior informando que tenía principio de incendio en el sector de baterías y no se hicieron los protocolos que debieron haberse seguido”.

Frente a la contundencia de las pericias que demuestran que el submarino operaba con su ciclo de mantenimiento vencido por dieciocho meses y sin la certificación obligatoria de escotillas, las defensas de los acusados intentaron desviar la responsabilidad hacia la propia tripulación y las órdenes internas de a bordo.

El ex comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, quien ya fuera destituido por un Consejo General de Guerra militar, se defendió apelando a la autonomía del comandante en el mar al sostener que “las decisiones sobre seguridad náutica las debe tomar el comandante.

“El comandante es el que sabe cómo está su nave. Es el responsable absoluto de su nave. Yo no lo podía condicionar”. En una declaración que generó el rechazo absoluto de las querellas presentes, Villamide sentenció: “Yo no puedo cuestionar desde la superficie lo que sucedía bajo el mar” indicó en los últimos días, tras su ampliación de indagatoria.

Asimismo, justificó su inacción tras un incidente previo de ingreso de agua ocurrido en julio de dos mil diecisiete, argumentando que “si un comandante de buque… a quien conocía desde el ’88, era un oficial inteligente, riguroso,  me dice que el tema está solucionado, yo le tenía que creer porque hay un tema de confianza” tal como replicó La Opinión Austral. Para finalizar, en un intento de lavar el prestigio militar de los acusados frente a los jueces, proclamó: “No somos descriteriados, no somos temerarios, somos profesionales. Todos sabemos lo que hacemos, somos orgullosos de nuestro trabajo. Hemos sido siempre una fuerza de elite. No nos tomamos el tema de la seguridad a la ligera”.

Esta línea de defensa fue apuntalada por el contraalmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento, quien también se escudó en la cadena de mando burocrática para desvincularse de la aptitud real del buque.

López Mazzeo alegó que “si dicen que está todo bien, tengo que creer que eso es así” , remarcando que se basaba en los partes diarios emitidos por sus subordinados y afirmando con convicción ante el tribunal que “de acuerdo al SITREP, el submarino ARA San Juan estaba en condiciones para cumplir con la misión asignada“. Sin embargo, para las familias y los peritos que declararon en la causa, la zarpada de la unidad bajo un nivel de riesgo superior al permitido constituyó una violación flagrante al deber de cuidado de los oficiales apostados en tierra, quienes decidieron despachar una unidad con anomalías críticas conocidas con tal de cumplir con las metas operativas de la Armada.

Lo que viene

El juicio de valoración de pruebas concluyó y lo que se viene son los alegatos, es decir, los potenciales pedidos de pena que pueden hacer las partes o los pedidos de absolución de los imputados.

Tal como lo adelantó La Opinión Austral de manera exclusiva la fiscalía expondrá el 22 de junio, las querellas el 23, la defensa del imputado Villamide el 24 y el resto de las defensas a comienzos de julio. Las réplicas están previstas para el 25 de junio, las últimas palabras para el 8 de julio y el veredicto quedará pendiente de definición. Lo cierto es que luego de 29 audiencias y posiblemente después del receso invernal, la Justicia se expida sobre uno de los casos más resonantes que han conmocionado a la opinión pública en la República.

Más allá de eso, cabe recordar las palabras de Lucía Zunda, hermana de una de las víctimas, en el piso de LU12 AM680 tras la última audiencia, donde aseguró no “creer en la justicia” se espera que esta vez, realmente se llegue a la verdad sobre lo que ocurrió.