Javier Milei oficializó la reforma migratoria: cómo afecta el acceso a la residencia, la salud y la educación

El Gobierno de Javier Milei implementó este jueves cambios significativos en la reforma migratoria. De esta forma, se busca fortalecer el control migratorio y garantizar la seguridad pública, estableciendo criterios más estrictos para la admisión y permanencia de extranjeros en el país.

La medida quedó establecida esta madrugada a través del Decreto 366/2025, que fue publicado en el Boletín Oficial, el cual introdujo cambios en la Ley de Migraciones N° 25.871.

“El Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”, indica en el documento.

En esa línea, en la normativa, se confirmaron cambios en las categorías de residencia y la implementación de criterios más estrictos para la admisión y permanencia de extranjeros en el país. Además, señalaron que se busca evitar el ingreso de personas que puedan representar un riesgo para la seguridad pública y asegurar que los inmigrantes que ingresen lo hagan de manera legal y con intenciones claras y legítimas.

En tanto, se detalló que “el Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.

En este contexto, se destaca que si aún cuando su condición migratoria fuera irregular, deberán “ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario” ya sea de carácter público o privado.

En tanto, en lo que refiere al sistema de salud, se especificó que “no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria” en caso de emergencia.

Asimismo, en la normativa se aclaró que “en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el Estado nacional, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el Ministerio de Salud”.

Entre esos cambios, se confirmó que los extranjeros deberán presentar una declaración jurada al ingresar al país, en la cual deberán manifestar los motivos de su entrada y también no comprometerse a no desvirtuarlos.

En paralelo, se reforzó el control sobre la documentación presentada por los inmigrantes, exigiendo que sea auténtica y veraz, y se endurecieron las sanciones para las personas que ingresen de manera irregular o presenten documentos falsos.

Por su parte, entre las principales reformas vinculadas a educación superior, quedó establecido mediante la normativa que las universidades públicas podrán establecer retribuciones para los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente.

En ese sentido, quienes se encuentre realizando estudios de grado de gestión estatal “serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”. Ante esto, las instituciones educativas “podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para aquellos que no estuvieren incluidos en el párrafo anterior, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la presente ley”.

No obstante, el Ejecutivo especificó que a pesar de que no cuenten con la residencia permanente en el país, aún así confirmaron que podrán acceder y “ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”.

Por último, se anunció la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que tendrá como objetivo fomentar la inversión extranjera en el país a través de la concesión de la ciudadanía a aquellos que realicen inversiones significativas. De este modo, se pretende atraer capitales extranjeros y también generar empleo, contribuyendo al crecimiento económico de Argentina.