La Corte Suprema de Justicia requirió al Gobierno nacional que certifique dos informes y eleve uno nuevo sobre las consecuencias naturales que podrían ocasionar el avance de las Represas Hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz.
Por un lado piden al Ejecutivo que informe a la Justicia el estado actual de las obras y los resultados del Estudio de Impacto Ambiental de la Línea Extra Alta Tensión.
También requirieron al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, del CONICET, que se pronuncie sobre el estudio que realizó el ingeniero Asencio Lara para Emprendimiento Energético Binacionales, sobre el “desacople”, es decir la incidencia de la nueva cota del embalse sobre el Lago Argentino y, por ende, a los glaciares.
Por otro lado solicitaron al Instituto Nacional de Prevención Sísmica que verifique la idoneidad de los estudios realizados por la firma EBISA y opine si es necesario realizar un estudio de “sismicidad inducida”
Pr último pidieron a la Administración de Parques Nacional que se expida sobre el Estudio de Impacto Ambiental acerca de los posibles daños a al biodiversidad, “especialmente en relación con la subsistencia y conservación del maca tobiano).
La Corte Suprema de Justicia dio 30 días de plazo para tener todos los resultados. La resolución fue firmada el jueves 22 de octubre por la jueza Elena Highton de Nolasco, y los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, en el marco de un Recurso Extraordinario impulsado por la Fundación Banco de Bosques.
Esta ONG ambientalista pide que se frenen las obras de las represas con la nulidad de los estudios de impacto ambiental.
Las obras de las represas están a cargo de la UTE Represas Patagonia, una unión de empresas confirmada por China Gezhouba Group Limited, Electroingeniería S.A. e Hidrocuyo S.A.
Durante el Gobierno de Mauricio Macri las obras fueron paralizadas luego de un pedido de la viuda del ambientalista Douglas Tompkins al entonces presidente. La Corte Suprema emitió una cautelar pidiendo el Estudio de Impacto Ambiental. Y el Gobierno acordó reducir la potencia de las hidroeléctricas para minimizar el impacto en la naturaleza.
Con los estudios realizados, la UTE Represas Patagonia logró retomar las tareas en los obradores cercanos a El Calafate y Piedra Buena. Sin embargo, las organizaciones ambientalistas insistieron con la necesidad de más estudios para intentar que la obra pública no se realice. Desde la Fundación Banco de Bosques pidieron al nulidad del Estudio de Impacto Ambiental para frenar las obras.
A nivel nacional, la determinación de la Corte sobre dar lugar al pedido de las ambientalistas dejó lugar a especulaciones acerca de la relación que atraviesa parte del Poder Judicial con el Gobierno nacional por los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
A nivel local, el Gobierno de Santa Cruz no atraviesa su mejor momento con las ambientalistas luego de que a Cámara de Diputados aprobara una ley que posterga la posibilidad de que las ONG y las Fundaciones puedan comprar terrenos de estancias para hacer parques protegidos. La normativa establece que antes de avanzar más en ese sentido se deberá realizar un relevamiento de las tierras.
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