La Justicia frenó el cierre de Vialidad Nacional por un amparo del gremio contra el DNU de Javier Milei

La Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo de San Martín resolvió este miércoles hacer lugar a una medida cautelar que suspende el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, una de las medidas incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 480/2025 impulsado por el presidente Javier Milei. La decisión fue tomada por el Juzgado Federal N° 2, a cargo de la jueza Martina Forns, y responde a un recurso de amparo presentado por el Sindicato de Empleados Viales Nacionales (SEVINA).

El fallo frena momentáneamente la aplicación del DNU que, además de disolver Vialidad Nacional, prevé el cierre de otros organismos vinculados al tránsito y la seguridad vial, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Según el decreto, el objetivo del Ejecutivo es “reducir estructuras, centralizar competencias y redefinir responsabilidades” en el marco de su plan de reestructuración estatal.

Argumentos del sindicato SEVINA

La presentación judicial de SEVINA se centró en el posible daño institucional y social que implicaría la disolución del organismo vial. Argumentaron que el decreto avanzaba sobre facultades que son propias del Congreso Nacional, y que no se encontraba justificado bajo los parámetros que habilitan un DNU, como la urgencia o la necesidad impostergable.

Además, el gremio sostuvo que la eliminación de Vialidad Nacional pone en riesgo cientos de puestos de trabajo y compromete el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial del país. También advirtieron sobre una posible transferencia arbitraria de funciones al Ministerio de Economía, sin debate parlamentario ni garantías jurídicas para los trabajadores.

Fabián Catanzaro, secretario general de la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), afirmó en Urbana que “al Gobierno nacional no les interesan las rutas nacionales; no entienden ni conocen a nuestro país, que es el octavo en dimensión territorial del mundo. Tenemos una clara necesidad de que las rutas y vías de comunicación acompañen este desarrollo territorial, económico y social del país. No se puede pensar un pueblo sin caminos que lo unan. La falta de interés por parte del Estado responderá a los intereses privados, siendo las rutas un nicho para todo tipo de negocios. Además, apuntan a romper el federalismo, la conectividad entre los pueblos, y que el país quede aislado en distintas regiones. Es la continuación de esta decisión de frenar al 100% la obra pública, y sin Vialidad Nacional esta cuestión se irá agudizando cada vez más”.

“Sin la existencia de una institución como Vialidad Nacional, no sabemos qué puede pasar en las rutas. Algo similar sucedió en los ’90, cuando quedó como un organismo residual, sin capacidad de llevar adelante un control de calidad de las obras”, dijo Fabián Catanzaro.

A ello, el dirigente agregó que “el Gobierno nacional busca privatizar 10.000 de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales del país. Poniéndolo en términos concretos, hoy de Bahía Blanca a Buenos Aires hay 4 peajes, y pasarían a ser 8 y con valores dolarizados. Además, las empresas no van a estar obligadas a hacer obras nuevas, sino que por contrato solo tendrán que hacer corte de pasto y bacheo, algo que el Estado lo puede hacer con un tercio del costo y sin cobrar peajes. Obras como la ampliación de la Ruta 3 solo podrán finalizarse con fondos del Estado. Sumado a esto, cualquier empresas puede ser adjudicataria solo con tener avales bancarios, sin equipos o personal ni nada que acredite que hay capacidad para gestionar eso”.

En ese sentido, Catanzaro concluyó que “no hay ningún tipo de respuesta para saber qué pasará con los otros 30.000 kilómetros de rutas nacionales. Lo único que sabemos bien es que no son viables para un privado, pero que representan un gasto demasiado grande para los gobiernos provinciales. En algunos lugares, como por ejemplo Mendoza, han colocado peajes para ingresar a la ciudad. La desregulación de la obra publica significa que el privado puede hacer lo que quiera donde quiera, y las rutas quedarán supeditadas al interés económico de un privado y no a una planificación vial centralizada”.

Qué dice el DNU 480/2025

El Decreto de Necesidad y Urgencia 480/2025 fue publicado a fines de junio en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En su articulado, dispone la disolución de tres organismos clave del área de transporte y tránsito vial y la absorción de sus funciones por parte del Ministerio de Economía.

La normativa justifica la medida bajo el argumento de “mejorar la eficiencia del Estado” y reducir el gasto público, en línea con el plan de ajuste que lleva adelante el Gobierno Nacional. Sin embargo, desde distintos sectores sindicales, políticos y judiciales se cuestiona la validez constitucional del decreto, por tratarse de temas que requieren discusión legislativa.

El impacto político y legal del fallo

La resolución del juzgado de San Martín representa un revés judicial significativo para el Ejecutivo, que en los últimos meses ha utilizado los DNU como una herramienta central de su estrategia de reformas. Si bien se trata de una medida cautelar —y por lo tanto, provisoria—, abre la puerta a que otros sectores afectados por reformas similares recurran a la Justicia en busca de amparos.

Además, la decisión refuerza el debate sobre los límites del Poder Ejecutivo para legislar por decreto en áreas sensibles, como el empleo público y la estructura del Estado. La Corte Suprema de Justicia ya ha recibido presentaciones sobre otros DNU polémicos y este fallo podría influir en futuros pronunciamientos.

Qué puede pasar ahora

Tras el fallo, el Gobierno puede apelar la medida y llevar el caso a instancias superiores. Mientras tanto, el decreto queda suspendido en lo que refiere al cierre de Vialidad Nacional, lo que implica que la institución deberá seguir funcionando con normalidad hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

El sindicato SEVINA celebró la decisión y reafirmó su compromiso en la defensa de los trabajadores y de las instituciones del Estado. “Este es un triunfo de la legalidad y del sentido común”, señalaron desde la organización gremial.

Amparo de Barcesat

Cabe recordar que el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines también había presentado un recurso de amparo ante la justicia laboral con una medida cautelar de no innovar contra el Poder Ejecutivo Nacional en general y el Ministerio de Desregulación en particular para evitar el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad.

La presentación busca impugnar el decreto 461/2025 por considerarlo inconstitucional y “violatorio de derechos laborales y humanos fundamentales”. El objetivo central es preservar el organismo que ostenta más de 93 años de historia y tiene presencia con más de 5 mil empleados en toda la Argentina, octavo país del mundo en extensión territorial.

Fue con el patrocinio de los doctores Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia. En el escrito radicado en el Juzgado Nacional del Trabajo Nº23, a cargo de Marta Rey reclamaba “la declaración de inconstitucionalidad, por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta (art. 43, primer y segundo párrafo, C.N.) del Decreto Delegado 461/25”, del que se valió el presidente Javier Milei para “concluir la aniquilación de los organismos estatales, con afectación a la permanencia de la fuente de trabajo, así como la estabilidad de los trabajadores y servidores públicos comprendidos por las áreas de seguridad vial, ciencias y tecnologías aplicadas, y la salud pública”.