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Diputados nacionales de la oposición lograron este miércoles emitir un dictamen de mayoría para declarar la emergencia pública nacional en materia de violencia de género contra mujeres y diversidades. La iniciativa obtuvo 16 firmas y no contó con el acompañamiento del bloque de La Libertad Avanza.
El proyecto fue tratado en la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, presidida por Gabriela Estévez (Unión por la Patria), y propone declarar la emergencia por un plazo de dos años, con posibilidad de prórroga por el mismo período.
La medida busca fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir y reducir los índices de violencia machista en todo el país, en un contexto marcado por el impacto social generado tras el femicidio de Agostina en Córdoba.
Durante el debate, la diputada correntina Nancy Sand (UxP) sostuvo que la discusión responde a una “problemática y una emergencia real” y cuestionó que la sociedad continúe naturalizando los asesinatos de mujeres y diversidades.
“Me resisto a resignarme y naturalizar todos los días, y año tras año, que se siguen perdiendo vidas de mujeres y diversidades”, expresó la legisladora.
Santa Cruz, entre las provincias con mayor tasa de femicidios por habitante
Sand destacó que las estadísticas justifican la declaración de emergencia nacional y señaló que, si bien la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos por volumen poblacional, otras jurisdicciones registraron las tasas más elevadas en relación con su cantidad de habitantes.
Entre ellas mencionó a Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy, que durante 2025 se ubicaron entre las provincias con los índices más altos de violencia femicida por población.
Según los datos expuestos durante la reunión, en 2024 se registraron 147 femicidios en Argentina, mientras que durante 2025 la cifra se ubicó entre 200 y 271 víctimas fatales. En lo que va de 2026, ya se contabilizan entre 95 y 105 femicidios, con una frecuencia estimada de un crimen cada 35 horas.
Críticas al Gobierno nacional por el desfinanciamiento de políticas de género
El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) cuestionó al Poder Ejecutivo por el desmantelamiento de programas destinados a la prevención de la violencia de género y la asistencia a víctimas.
“En las instituciones está arraigada la violencia y la justicia es una de ellas. Hay un incumplimiento total de la Ley Micaela”, afirmó.
Además, señaló que durante 2026 se registraron 125 tentativas de femicidio y que el 46% de los hechos ocurrieron dentro de los hogares.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman anticipó el respaldo al dictamen, aunque planteó diferencias parciales, y remarcó que cualquier política efectiva requiere presupuesto y recursos concretos para proteger a las víctimas.
La Libertad Avanza rechazó acompañar el dictamen
El bloque oficialista decidió no respaldar la iniciativa. La diputada María Gabriela Flores cuestionó que la oposición no haya convocado al oficialismo para discutir previamente el texto.
La legisladora sostuvo que el proyecto tiene un “objetivo efectista y oportunista” y afirmó que el espacio libertario no niega la existencia de la violencia contra las mujeres, aunque cuestiona la efectividad de las políticas implementadas hasta 2023.
“Nosotros no negamos la violencia contra las mujeres, al contrario. Nosotros negamos que las políticas públicas que se estuvieron haciendo hasta 2023 hayan tenido un resultado efectivo en la baja de femicidios”, expresó Flores.
El dictamen continuará ahora su camino legislativo en la Cámara de Diputados, donde la oposición buscará avanzar con la declaración de emergencia nacional en violencia de género.
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