Ley de aborto legal, seguro y gratuito: el balance a un año de la sanción

Se cumple un año de la legalización de la Ley de aborto legal, seguro y gratuito. El 31 de diciembre de 2020, en plana pandemia por Covid-19, se sancionó en el Congreso la Ley 27.610, que regula el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) dentro de las 14 semanas de gestación y que contempla la atención post-aborto. La misma se promulgó el 14 de enero, y el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se publicó en el Boletín Oficial.

El balance a un año de su implementación denota un récord de consultas sobre la práctica, mayor cantidad de centros de salud que garantizan el aborto, un incremento de la distribución de misoprostol, y una marcada desigualdad entre provincias en el acceso al derecho.

Las cifras a un año del aborto legal, seguro y gratuito

Los datos oficiales indican que desde la implementación de la ley al 30 de noviembre de 2021, se realizaron 32.758 interrupciones de embarazos en condiciones seguras en el sistema público. Actualmente, hay 1.243 hospitales y centros de salud de todo el país que garantizan la práctica.

Además, entre enero y noviembre, la línea 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de la Nación de asesoramiento y derivación, recibió 19.000 llamados por consultas sobre interrupción del embarazo. Esta cifra indica un marcado incremento en la demanda, considerando que en los diez años previos  solo se respondieron 17.302 llamados, en total, con respecto a este tema.

Además, la información de la Cartera de Salud indica que se distribuyeron en todo el país 46.283 tratamientos de misoprostol, el medicamento autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar abortos, mientras que en 2020 la cifra total fue de 18.590 unidades.

Sin embargo, aún hay falencias en el sistema que no permiten la correcta implementación de la IVE en todo el país. Según el proyecto “Mirar” del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health, que analizó la aplicación de la norma, se develaron grandes desigualdades entre las provincias.

La comparación de la tasa del aborto, que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la brecha entre jurisdicciones: en CABA es de 5.6 y en Tierra del Fuego es de 4.3, mientras que en Chaco es 0.9 y en Formosa 0.6.

En este sentido, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito exigió “la efectiva implementación de la ley” que hoy es desigual en todo el territorio nacional.

Asimismo, Amnistía Internacional reclamó que el derecho se conozca más en todo el país y solicitó “capacitación y sensibilización en perspectiva de género” para los equipos de salud.

En tanto, los datos suministrados por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva dicen que 904 profesionales de todo el país recibieron capacitación especializada en contenidos técnicos y legales.

Por otro lado, la Campaña también reclamó la libertad “de las más de 1.500 presas por abortos o eventos obstétricos” y el sobreseimiento de la médica Miranda Ruiz “criminalizada en Salta por garantizar un aborto legal” y “el cese de la persecución judicial a las compañeras de Salta que luchan por los derechos de las mujeres y disidencias sexuales. Basta de judicializar a quienes garantizan derechos”.

La ley IVE “es una conquista y un mensaje de esperanza para los feminismos que en todo el mundo luchan por un mundo justo. El aborto legal es vida, es autonomía y es salud integral”, resaltó la Campaña.