Ley de Emergencia en Discapacidad: ¿Cuáles son los cambios en pensiones y pagos a prestadores?

Este jueves el Senado de la Nación ratificó la Ley de Emergencia en Discapacidad, al aprobarse la insistencia de la norma por 63 votos y quedar rechazado el veto total del presidente Javier Milei.

Solamente votaron en contra de la insistencia de la Ley, 6 de los 7 integrantes de La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni; y también la cordobesa Carmen Álvarez Rivero.

Por su parte, la oficialista Vilma Bedia se ausentó al momento de la votación. El proyecto ya venía con el rechazo de la Cámara de Diputados de la Nación y faltaba que haga lo propio la Cámara Alta.

¿Cuáles son los cambios en pensiones y pagos a prestadores?

Entre sus aspectos centrales, la normativa incluye lo siguiente:

• Se establece la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.
• La presente ley es de orden público y rige en todo el territorio nacional.
• Se establece una actualización a las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
• Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.
• Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
• Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no superen los dos salarios mínimos.
• El Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro Nacional una compensación de emergencia a los prestadores.
• La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.
• La diferencia del impacto fiscal se debe al numero de beneficiarios “por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían suceder con la nueva ley, sostuvo la OPC.
• La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoria con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.
• El procedimiento de auditoría deberá: garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación y el acceso claro a la información.
• Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.

Hace exactamente 22 años que ambas cámaras no dejaban sin efecto una decisión de este tipo tomada por el Poder Ejecutivo. El debate se desarrolló, además, en medio de la polémica por las denuncias de presunta corrupción en la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).

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