Ley de Glaciares: el oficialismo convocó a sesión para tratar la reforma

El oficialismo este lunes elevó el pedido formal para ir al recinto el próximo miércoles 8 de abril a las 15:00 para tratar la reforma de la ley de glaciares. De esta forma, la Libertad Avanza buscará sancionar la reforma de la Ley, tras la media sanción del Senado del 26 de febrero. Será luego de la audiencia pública realizada a fines de marzo, que contó con más de 100 mil inscriptos, aunque menos de 400 pudieron exponer en las jornadas desarrolladas en el Anexo del Congreso.

Según el medio El Parlamentario, la nota presentada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llevas las firmas del jefe de bloque oficialista Gabriel Bornoroni; José Peluc (Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente) y Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales); de la secretaria parlamentaria Silvana Giudici y de Giselle Castelnuovo.

También están las firmas de tres integrantes del interbloque Fuerza del Cambio: Javier Sánchez Wrba del Pro;Pamela Verasay del bloque radical; y José Luis Garrido de Santa Cruz. Y completan el pedido el misionero Alberto Arrúa de Innovación Federal, la sanjuanina Nancy Picón Martínez y la tucumana Gladys Medina de Independencia.

Cabe destacar que el proyecto de ley que modifica el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial fue aprobado por el Senado con 40 votos afirmativos, 31 negativos y 1 abstención.

Con las modificaciones a la ley, el Gobierno busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución nacional”.

Sin embargo, organizaciones ambientales y de la sociedad civil denuncian que la iniciativa es una “regresión ambiental inconstitucional” porque vulnera el Acuerdo de Escazú al cual Argentina adhirió, y advierten que avanzar con esta reforma constituye un grave retroceso en materia de protección del agua.

La ley actual

La ley -sancionada en 2010– define como glaciar a toda masa de hielo, estable o que fluye lentamente, con o sin agua en su interior. Según la norma, en alta montaña, el ambiente periglacial comprende áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico, y en media y baja montaña a las zonas con suelos saturados en hielo que también cumplen funciones de reserva del agua.

En el artículo 6, la ley impide la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de obras o infraestructura que pueda modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas.

Además, con el objetivo de individualizar todas las reservas hídricas existentes, la norma creó el Inventario Nacional de Glaciares, que debe actualizarse cada 5 años como máximo. Esta tarea es del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), un organismo que depende del Conicet.

Los cambios

Según informó en su momento el medio Chequeado, uno de los puntos claves de la reforma es la redefinición del objeto de protección. Mientras que la ley vigente ofrece un resguardo amplio a todos los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas, el nuevo proyecto acota esta tutela a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva” y relevante para la recarga de cuencas hidrográficas.

El proyecto propone que cada provincia determine qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería.

Lo que dicen los expertos es que esto atenta contra el artículo 41 de la Constitución. Este artículo le da al Congreso la potestad de generar leyes de presupuestos mínimos ambientales como es la Ley de Glaciares. Es decir, de fijar una protección mínima y nacional que las provincias no pueden achicar.

Con estos cambios, se revertiría la lógica de los presupuestos mínimos porque el piso lo fijarán las provincias en función de si consideran importante el aporte de agua dulce que hace ese glaciar a su territorio. Esto podría generar conflictos entre jurisdicciones por el acceso al agua.

Como anticipó en su momento La Opinión Austral, es posible que horas después de la sanción de la ley haya decenas de presentaciones en la justicia para intentar evitar que se aplique.