Luego del acuerdo por la deuda, más recursos para la economía

El esquema de vencimientos de la deuda bajo legislación extranjera que había dejado el macrismo era impagable. La propuesta de canje, que tuvo una aceptación del 93,5 por ciento y permitió gatillar todas las cláusulas colectivas, implicaba reestructurar 21 bonos, de los cuales 17 fueron emitidos por la Alianza Cambiemos en 2016, mientras que los restantes son parte de la reestructuración de la deuda externa del 2005 y 2010. El stock total a reestructurar implicó 66.316 millones de dólares, de los cuales 41.548 millones correspondieron a los bonos lanzados por el último gobierno.

Para el período 2020 y 2030, el horizonte de vencimientos de los bonos heredados era de 72.245 millones de dólares, mientras que, en el corto plazo, hasta 2023, era de 26.536 millones de dólares. Esto implicaba pagar el equivalente al 7,6 por ciento del PBI durante la gestión actual.

Según un trabajo de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), el canje acordado implicó una quita del 61 por ciento sobre los intereses, a diferencia del 64,2 por ciento planteado en la primera oferta, y pagará un 2,3% extra de capital por la emisión de bonos en reconocimiento de los intereses corridos, contrario al recorte del 5,2% planteado inicialmente.

“Aun así, esto representa un recorte total de 34.500 millones de dólares y una mejora para los acreedores privados de 6.983 millones de dólares respecto a la primera oferta presentada”, sostuvo el trabajo de la Undav.

Es decir que la quita total alcanzada representa un 10 por ciento del PBI actual; si se hace la comparación con el cronograma de pagos sin reestructuración, donde el 7 por ciento del PBI debía destinarse al pago de intereses para el período 2020-2030, el peso de dichos servicios caerán a un 6,1 por ciento. En definitiva, este acuerdo implicará un ahorro de 24.448 millones de dólares entre 2020-2023 y de 29.552 millones para el período 2023-2030.

La quita total conseguida por el Gobierno representa 250,9 millones de prestaciones IFE, 148,8 millones de jubilaciones mínimas, 762,1 millones de AUH y 19.307 hospitales modulares de emergencia. Es una base para pensar los lineamientos del Presupuesto 2021, sumado al plan de obras públicas federal por 22.000 millones de pesos anunciados a principio de agosto, de los cuales 2.500 millones llegarán para Santa Cruz en diferentes obras para agua y cloacas.

Durante el anuncio del lunes, Guzmán adelantó que para el próximo año se prevé un déficit fiscal del 4,5 por ciento. Esto quiere decir que el Estado Nacional seguirá volcando pesos en la economía para potenciar su reactivación, sin que eso represente un desmadre de las variables macroeconómicas.

Según la Undav, con el acuerdo alcanzado con los bonistas, el Estado se ahorró más de 34.000 millones de dólares que representarían 10 veces más de recursos para Educación y Cultura, 15 partidas presupuestarias más para Salud, otras 20 para Seguridad, o 135 partidas más para Vivienda y Urbanismo y 269 para Agua Potable y Alcantarillado.

La reestructuración mejoró varios indicadores económicos financieros. El riesgo país, que al 16 de abril se encontraba en los 3987 puntos básicos, quedó en 2027 puntos básicos para el 4 de agosto (una reducción de 1960 puntos básicos). Por otro lado, la suba de los bonos más representativos del país aumentaron un 100,2 por ciento.

Por otro lado, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó que no habría que esperar grandes cambios en la relación deuda/PBI, ya que esta ecuación se realiza sobre el stock de capital y no sobre los intereses. El macrismo llevó la relación deuda PBI del 53 por ciento al 90 por ciento. La relación se mantendrá casi igual.A su vez, el CEPA indicó que las comisiones de los agentes colocadores fueron más bajas que en reestructuraciones previas.

El próximo capítulo es la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que según indicó Guzmán, la renegociación podría durar hasta 6 meses. En este sentido, el presidente Fernández fue enfático en sostener que la propuesta saldrá de la Argentina, una forma de despejar dudas sobre los posibles condicionamientos políticos que el Fondo suele realizar a través de su artículo IV. Guzmán confirmó que una vez hecha la propuesta al Fondo, la misma será sometida al Congreso de la Nación.