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Este jueves, el Gobierno de Mendoza oficializó la reglamentación de la Ley 9617, que establece un marco para la industria del cáñamo y el cannabis con fines terapéuticos. La medida busca fomentar cadenas productivas bajo criterios de calidad, trazabilidad y supervisión. Se trata de una ampliación de la norma original que reconoció la industria privada de esta planta.
Mediante el decreto Nº 1928, publicado en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo concretó su implementación, ampliando los alcances de la Ley 9298, primera en el país en admitir la participación empresarial en el desarrollo del cannabis medicinal.
La normativa abarca distintas etapas del proceso productivo: desde el cultivo hasta la investigación científica, pasando por la transformación industrial y la venta. Apunta, además, a fortalecer tanto el acceso a tratamientos como la salud pública, y a dinamizar la economía provincial.
Entre sus disposiciones, se crea el Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial. Este organismo centralizará los permisos vinculados a cada fase del circuito productivo y definirá los estándares de buenas prácticas, tanto agrícolas como de elaboración. También garantizará trazabilidad y parámetros de calidad en todo el ciclo.
Adicionalmente, se impulsarán programas de abastecimiento local, instancias de capacitación, y un Banco de Germoplasma, destinado a resguardar el material genético y a robustecer la investigación y la innovación tecnológica.
Con esta reglamentación, la provincia afianza su posición como referente en la temática, reforzando el marco legal establecido por la Ley 9298 —aprobada en 2020—, que ya contemplaba un rol activo del sector privado, ahora respaldado por una estructura regulatoria más completa.
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